El Parlamento de Gasteiz ha aprobado ayer los presupuestos para 2018 que con el apoyo de los dos socios del Gobierno de Vitoria, PNV y PSE, y la abstención del PP, con el voto en contra de los representantes de EH Bildu y Elkarrekin Podemos.
El gobierno de Iñigo Urkullu ha logrado aprobar los presupuestos a través de un acuerdo con el PP, que a cambio de su abstención ha logrado introducir modificaciones presupuestarias por valor de 30 millones de euros (un 0,26% del total del presupuesto) y el compromiso de Lakua de rebajar el tipo del Impuesto de Sociedades que pagan las empresas del 28% al 24%, condición que exigía el PP para facilitar la negociación de los presupuestos del Gobierno de Lakua para 2018.
El Gobierno Vasco miente al asegurar que los Presupuesto son los mayores de la historia, ya que a los presupuestos iniciares se les quita lo que se destina al pago de la deuda (1.346,7 millones) mas el adelanto para las obras del TAV (161,3 millones), los presupuestos se quedan en 9,978 millones, cifra similar al gasto para 2017.
Los Presupuestos deberían de servir como elemento clave para redistribuir renta social paliando los negativos efectos del “capitalismo depredador”. Las clases dominantes han consolidado la precariedad como un nuevo modo de opresión, mediante:
1.- El endurecimiento de las condiciones para acceder a la Renta de Garantía de Ingresos (Se va debatir una nueva Ley a partir de Enero). La RGI se subirá solamente el 1,5% en el 2018 y se mantendrá el recorte del 7% aplicado en el 2011, al que hay que sumar un 8% más, al desvincular la RGI del SMI para las prestaciones gestionadas por Lanbide según la Ley de 2008.
2.- Retraso en el Proyecto de Decreto que regula el derecho subjetivo al acceso de la ocupación de una vivienda y prorrogar en los presupuestos de 2018 la cuantía máxima de la prestación complementaria de vivienda de 250 euros mensuales, sin posibilidad de incremento alguno por ninguna circunstancia. La no movilización de la vivienda vacía, pública y privada, hacia el alquiler social para evitar la especulación, supondrá un aumento de los desahucios por impago de alquiler o por no prórroga del contrato.
3.- El gasto público en sanidad es claramente insuficiente (1,5 % más), no permite cubrir las crecientes necesidades en salud, y está notablemente por debajo del gasto existente en la OCDE, a pesar de tener una población más envejecida que la media de dichos países. Más un 10% del total del gasto de la sanidad pública se va a destinar a contratar servicios sanitarios privados. Disminución del número de camas por habitante y aumento de las listas de espera, por lo que se está disparando la contratación de los seguros privados.
4.- Recorte del 1,4% en el presupuesto para educación con el desvío de fondos de la Enseñanza pública hacia la concertada (80.000 euros por aula, la más generosa con creces del todo el Estado) y la privada (exenciones fiscales), mientras la enseñanza pública se aumenta a 25 del ratio de alumnos, se suben las horas lectivas y la falta de sustituciones los primeros días de la baja del profesorado, configurando un modelo de enseñanza clasista y elitista.
El gobierno Vasco (PNV-PSOE) es un gobierno de sumisión al empresariado vasco que ponen cada vez más recursos en sus manos ( Inversiones como el TAV, Plan industrial, planes para impulsar y salvar el empleo, I+D, subvenciones, subsidios, …) no está demostrado que sirvan para mejorar los niveles de vida de la población. Estos recursos además de reducirlos, se deberían controlar exigiendo: empleo digno y estable, salarios decentes y mejorar las condiciones de seguridad en el trabajo.
