La muerte por el coronavirus se está cebando en las personas mayores que viven a veces hacinados, sin condiciones higiénicas y sin protección en las residencias para dependientes, siendo actualmente más de 15.000 las personas muertas en de todo el estado español desde que comenzó la pandemia, que está cuestionando la preservación de la dignidad de estas personas mayores, sobre todo en el negocio de las residencias privadas, que no para de crecer debido a la saturación del sistema público.
El personal que trabaja en residencias para personas mayores dependientes debe ocuparse de una población cada vez más anciana y más dependiente sobre todo en la concertada y privada. Se está dando un lamentable tratamiento tanto de las personas residentes como al personal asalariado que se ocupa de ellas. Por falta de protección adecuada ( Mascarillas, batas, test, desinfección etc.) y por falta de un personal que cobra bajos salarios, donde normalmente se enfrenta al cansancio, por las manipulaciones a personas dependientes, estrés, horarios laborales extenuantes por la alternancia irregular entre días y noches.
Para los más de 8 millones de personas mayores de 65 años que viven en España, el número de plazas en residencias es 381.000 plazas de las cuales corresponden 208.000 lo son en centros públicos o concertados. Este número de plazas es tal que sólo hay 4,3 camas disponibles por cada 100 personas mayores de 65 años. Una tasa que está muy por debajo del ratio de 5 recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el déficit a finales de 2018 era de 100.000 camas. En el País Vasco de 100 plazas 70 son públicas y 30 privadas y en Navarra 51 publicas y 49 privadas.
Las restantes 173.000 plazas son de la oferta privada, en centros privados y sin financiación pública (el 45% del total), una cifra que también continúa creciendo sin parar, debido al aumento de la inversión en un sector muy lucrativo, donde están operando fondos de inversión y fondos de pensiones donde las principales empresas son: la multinacional francesa DomusVi, Adavir, Ballesol, Sanitas , Orpea y Vitalia.
Las plazas en centros privados, y no concertadas, tienen a día de hoy un coste medio de mercado para el usuario por encima de los 1.400 euros. Una cifra que supone nada menos que el 70% de la pensión máxima actual en España y que, por tanto, excluye a la inmensa mayoría de la población femenina potencialmente demandante de este servicio. Pues de 4.900.000 mujeres pensionistas apenas 300.000 (el 6%) cobran una pensión superior a los mil quinientos euros.
El precio promedio de una plaza en una residencia pública ronda los 16.000 euros de los que el usuario aporta unos 6.800 (algo menos del 43%), el usuario medio en la red pública se situaría en 567 euros al mes, lo que supone el 80% de su pensión. Es obvio que si el usuario tuviese que soportar el coste íntegro de una plaza (unos 1.300 euros) quedarían excluidos de este servicio social la mayor parte de los pensionistas. El precio de las residencias varian desde los 8.800 euros de Extremadura (donde el usuario aporta 3.700 anuales) hasta los 24.000 de Baleares (donde el usuario aporta 12.400 en un año).
Todo un saqueo a las personas mayores que sin ingresos suficientes se convierte en un suculento negocio para las empresas que saben que tal demanda social existe y, también, que la cobertura pública actual es más que insuficiente. Lo que provoca una exclusión social que no es ajena a que con cierta frecuencia aparezcan, cada vez más, personas mayores solitarias fallecidas en sus domicilios.
