Confederación General del Trabajo – Lanaren Konfederakunde Nagusia
CGT ha dejado muy claro que la única hoja de ruta que contempla como organización es la movilización sin límite contra la decisión de Nissan. En este sentido, CGT ha recalcado que se tomarán las decisiones que sean necesarias para evitar los despidos, desde la ocupación de la fábrica, la paralización del polígono en la zona franca o las presiones a los Gobiernos de turno para que la nacionalicen o la socialicen sin ningún tipo de miedo a las consecuencias de estas acciones.
Si la dirección de Nissan mantiene su decisión de marcharse después de los 170 millones de ayudas públicas de los últimos años, es porque ha sido incapaz de gestionar decentemente una empresa de esta magnitud. Por contra, si todos los sindicatos defendemos firmemente y con movilizaciones contundentes la retirada del cierre, estaremos más cerca de conseguir mantener la planta. Y si tampoco rectifica Nissan, tendremos que presionar a los Gobiernos para que se nacionalice la fábrica, o incluso se socialice para que los trabajadores y trabajadoras demostremos que podemos autogestionar la producción de vehículos con una tecnología sostenible. Lo que sea, pero no podemos aceptar que 23.000 familias se queden sin futuro de un plumazo.
El sindicalista de CGT Antonio O’Connor se ha convertido en uno de los protagonistas involuntarios de la investigación abierta por prevaricación en un juzgado de Madrid contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por permitir la manifestación del 8M. La manipulación de su declaración en el informe de la Guardia Civil enviado a la jueza que instruye la causa es un ejemplo más de las imprecisiones de ese documento, que defiende la tesis de que el Gobierno autorizó la marcha del 8M y trató de desconvocar otras por la puerta de atrás con criterios arbitrarios consciente del riesgo que corría la población pero sin avisar de él.
El Secretariado Permanente de CGT califica este acto como un nuevo caso de terrorismo patronal. Nuevamente, una multinacional prioriza su voluntad de incrementar beneficios y condena a 25.000 familias en paro ya la pobreza. Lo hace, además, de forma premeditada y calculada, después de años de chupar dinero de toda la ciudadanía en forma de ayudas y subvenciones directas e indirectas. Unas ayudas que los últimos 25 años han supuesto cientos de millones de euros pagados entre todos y todas nosotros.
La multinacional japonesa Nissan ha comunicado hoy, 28 de mayo, que cierra la planta de Barcelona donde actualmente trabajan 3.000 personas en el centro de Zona Franca, el más numeroso de España y 20.000 puestos indirectos, en su mayoría de empresas proveedoras, dependen de la actividad de Nissan.
Por su parte, lxs trabajadorxs al conocerse la noticia, se han concentrado en los alrededores de las tres plantas que tiene la empresa en Barcelona: Zona Franca, Montcada i Reixac y Sant Andreu, con cortes de carreteras y autopistas próximas.
Estamos acostumbrados a que el capitalismo aproveche cualquier situación, por muy crítica y grave que sea, para intentar presionar tanto a los gobiernos como a las plantillas para que unos con subvenciones y otros con la aceptación de recortes, engorden aún más sus multimillonarios beneficios.
El verdadero problema es que ahora son los mal llamados representantes de los trabajadores, los que están creando esa alarma.
En el RD 18/2020 de 12 de mayo, se han producido importantes modificaciones sobre los ERTE, esencialmente en cuanto a su duración y garantía del empleo. Por eso desde CGT elaboramos esta guía rápida que permita entender cómo funciona esta medida del gobierno y como puede afectar a las personas trabajadoras.
Con la coartada de Reforzar los ingresos de los trabajadores en ERTE (93.000 en Bizkaia, 65.000 en Gipuzkoa y 41.000 en Araba), la patronal CC.OO. y UGT de Euskadi, están negociando un complemento general, a cargo de Lanbide, es decir de fondos públicos, para hacer que todos los trabajadores en ERTE alcancen un umbral mínimo de ingresos, 22.000 euros anuales según fuentes de UGT y CC.OO.. Además en estas negociaciones, se están pactado otra serie una serie de medidas, donde el complemento para los ERTE iría dentro del paquete de incentivos para hacer frente a la crisis a corto plazo (Más incentivos para las empresas, algunas con enormes beneficios)
Los sucesos del último 20 de mayo, tanto en el plano sanitario como en el político-social, representan un auténtico asalto a la razón. Algo que una sociedad adulta no debería tolerar sin poner bajo sospecha su propia existencia como comunidad y la de sus miembros. Salvo que aspiren a verse
Si el acuerdo establecía que:» habrá derogación íntegra y que se hará antes de que finalicen las medidas excepcionales adoptadas por el gobierno a raíz de la crisis del coronavirus», tres horas más tarde el pacto alcanzado para derogar la reforma laboral, adoptaba otra terminología: se elimina la urgencia y se adapta el mismo lenguaje que el empleado en el acuerdo de Gobierno firmado en diciembre.
El pasado 13 de mayo ha entrado en vigor el RD 18/2020 que eleva a la categoría de ley el acuerdo alcanzado por el Gobierno, las organizaciones patronales CEOE y CEPYME y los sindicatos CCOO y UGT, que bajo el título «de medidas sociales en defensa del empleo», esconde más precariedad y sufrimiento para la clase trabajadora.
CGT defiende que la Clase Trabajadora no puede ser quien asuma los costes de esta nueva crisis del capital provocada por el Covid19. CGT ha venido denunciando que no era una crisis sino una estafa, y que no la habíamos provocado la clase trabajadora. CGT apuesta y propone a las organizaciones amigas, crear un espacio que nos permita actuar con más fuerza que nunca, movilizarnos y tomar las calles hasta conseguir nuestras reivindicaciones.
Las grandes multinacionales, sin saber aún qué repercusiones económicas puede tener el confinamiento mundial al que nos ha obligado esta pandemia, están estudiando y decidiendo medidas de cierre, reconversión y repatriación de producciones.
Cinco plantas de Nissan en Catalunya, Cantabria y Castilla León, están siendo amenazadas con el cierre, por medio de esa política de terror que las multinacionales practican con noticias en los medios de comunicación. Más de 5.000 puestos directos y 25.000 indirectos, así como sus familias, dependen hoy de unas decisiones que se tomarían a 10.600 km.
Se trata de un Decreto, el Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo, cuya vigencia comienza el mismo día de su publicación, esto es, el 13 de mayo de 2020. Regula cómo serán los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) desde hoy hasta, al menos, el 30 de junio.
El Real Decreto Ley 18/2020 publicado en el BOE de este martes, dictado por el autoproclamado ‘gobierno más progresista de la historia» ha diseñado unos cambios normativos que son los de siempre: socialización de pérdidas y una desescalada a medida de las empresas . Y lo hacen añadiendo una pizca de golpes de efecto de poco recorrido y todo aquello con la rubrica de los sospechosos habituales: CEOE, CEPYME, CCOO y UGT, que conformarán una vez más, las tristemente famosas comisiones mixtas de paz social.
