Con la coartada de Reforzar los ingresos de los trabajadores en ERTE (93.000 en Bizkaia, 65.000 en Gipuzkoa y 41.000 en Araba), la patronal CC.OO. y UGT de Euskadi, están negociando un complemento general, a cargo de Lanbide, es decir de fondos públicos, para hacer que todos los trabajadores en ERTE alcancen un umbral mínimo de ingresos, 22.000 euros anuales según fuentes de UGT y CC.OO..
Según informan varios diarios de noticias, sería el Gobierno Vasco quien deja en manos de estos “agentes sociales” el llegar a un acuerdo, para estudiar esta propuesta y buscar una viabilidad presupuestaria. Cuando miles de solicitudes de ERTE llevadas a cabo en los últimos meses ha hecho que el SEPE se haya colapsado y son muchas las familias que no cuentan con el reconocimiento de la prestación, por lo que hasta el día de hoy no han podido cobrar la ayuda, tras más de dos meses desde que se decretase el estado de alarma.
Según UGT y CC.OO. , en estas negociaciones, además se están pactado otra serie una serie de medidas, donde el complemento para los ERTE iría dentro del paquete de incentivos para hacer frente a la crisis a corto plazo (Más incentivos para las empresas, algunas con enormes beneficios), incluyendo aquí también nuevas medidas de apoyo para quienes han perdido su empleo a causa de la pandemia, reforzando el acceso, bien al seguro del paro o, en su caso, a la RGI. Todo ello sin tener en cuenta al resto de los sindicatos, ya que ELA y LAB ni siquiera participan en estas negociaciones.
Además se están negociando nuevas medidas a medio plazo, de vuelta a la normalidad económica, de apoyo a los sectores más castigados por la crisis (Sin negociar con la pequeña y mediana empresa y los autónomos). El Gobierno Vasco de nuevo va a utilizar fondos públicos y renta ciudadana (sin cuantificar) para subsidiar a las empresas algunas con excesivos beneficios en detrimento de los servicios públicos, por ejemplo sanidad y la dependencia.
La ciudadanía debe conocer qué cantidades y a que empresas se destinan los fondos públicos, además se debe incluir como condición para recibir este tipo de ayudas, clausulas sociales como el trabajo fijo y de calidad, compromiso de mantenimiento del empleo, que no contaminen, etc, para impedir que inversores privados puedan montar y desmontar fábricas y destruir empleo con total impunidad sin la devolución de las subvenciones. El gobierno Vasco y las diputaciones controladas por el PNV con el inestimable apoyo del PSOE, están demostrando que son gobiernos de sumisión al empresariado vasco.
