La multinacional japonesa Nissan ha comunicado hoy, 28 de mayo, que cierra la planta de Barcelona donde actualmente trabajan 3.000 personas en el centro de Zona Franca, el más numeroso de España y 20.000 puestos indirectos, en su mayoría de empresas proveedoras, dependen de la actividad de Nissan.
Por su parte, lxs trabajadorxs, que arrancaron el pasado 4 de mayo una huelga indefinida, han planteado movilizaciones contra el cierre, que comenzaron ayer con concentraciones en el consulado de Japón y la sede de la UE. Al conocerse la noticia, miles de trabajadores se han concentrado en los alrededores de las tres plantas que tiene la empresa en Barcelona: Zona Franca, Montcada i Reixac y Sant Andreu, con cortes de carreteras y autopistas próximas.
La empresa, ha informado que no le resulta rentable la compañía y que prefiere no hacer las inversiones necesarias para reactivar la totalidad de la capacidad industrial de sus plantas catalanas. La alianza Nissan-Renault decide cerrar las tres plantas de Barcelona para centrar su producción en otros países.
Mientras se destinan miles de millones de euros en paquetes de ayudas a las empresas que acumulan extraordinarios beneficios, el gobierno se niega a avanzar en una medida fundamental para rescatar la fuente de empleo para miles de trabajadores, para sus familias y futuras generaciones en Barcelona.
La consejera de Empresa y conocimiento de la Generalitat, Àngels Chacón, solo ha estado capaz de recordar a la empresa que su gobierno ha aportado 25 millones estos últimos dos años y que el cierre efectivo de las plantas tendrá un coste superior a los mil millones. Pero sobre el futuro de los trabajadores no ha dicho nada.
El 14 de mayo, el diario japonés Nikkei filtró que la compañía, dentro de su plan de reestructuración por la crisis del coronavirus, iba a cerrar la planta de Barcelona para trasladar la producción a las fábricas de Renault.
En 2008, en el comienzo de la crisis económica, Nissan planteó una política de despidos que provocó la respuesta de los trabajadores. Entonces, la empresa presentó un ERE para despedir a 1.680 trabajadores de los 4.400 que formaban la plantilla. El despido colectivo se produjo solo un año después de que los trabajadores se comprometieran a reducir un 12% los costes laborales en tres años.
