Categoría: Servicios Públicos

Oscar Murciano, secretario de acción social de la CGT de Catalunya, nos revela un panorama político que bajo el paraguas de la movilización independentista, jaleado y denostado por unos u otros medios de comunicación, se esconde una realidad donde la Agenda Catalana Neoliberal avanza, aumentando la riqueza para unos pocos y la desigualdad, la pobreza, y precariedad para la clase trabajadora.

Es en este contexto, y sobre todo a partir de las movilizaciones del 15M donde se desarrolla todo una estrategia represiva de hostigamiento y criminalización para contener los movimientos de protesta, bajo el término genérico de antisistema, se agrupa a personas significativas del movimiento obrero, estudiantil, social y okupa, se crea una Web de delación ciudadana, auspiciada por Felip Puig consejero de interior de la Generalitat hasta el año 2014, se realizan espectaculares desalojos (Can Vies) y espectaculares detenciones (operación pandoraI, pandora II,piñata, etc.), se realizan operaciones de infiltración, captación de confidentes, chantajes, persecución, malas tratos, torturas, etc.

Se trata de acciones ofensivas policiales para demostrar quién manda, en una carrera de los mossos d’esquadra y las fuerzas de seguridad del estado. Una competición de cuerpos represivos para demostrar quién reprime más, bajo el mando de comisarios políticos del PP o de Junts pe Si.

Acoso y hostigamiento social para la conquista del espacio público y acabar con todo aquello que no entra en la Barcelona de postal, como la persecución del sindicato de manteros de Barcelona por la misma persona que desde el ayuntamiento de Barcelona saca a relucir una pancarta de saludo a los refugiados, cuando éstos son también refugiados por la pobreza. Para acabar con aquello que altera la normalidad, para acabar con sectores anticapitalistas, independentistas, del sindicalismo combativo, que están contra el pacto social y por el uso del conflicto pacífico para conseguir objetivos, para acabar en definitiva con las ideas peligrosas para la estabilidad del sistema capitalista.

Ermengol Gassiot, secretario general de la CGT de Catalunya, revela que las peticiones de la fiscalía en el caso #Som27imes, donde 25 estudiantes, un trabajador de la UAB y él mismo, afrontan una petición de　penas de prisión de entre 11 años y 14 años, equivalentes a delitos de homicidio según el Código Penal, ocurre en el Estado Español, a la altura de Turkia y responde a una serie de movilizaciones realizadas en el campus de la universidad, de forma pacífica, en ausencia de violencia, por estudiantes, trabajadores y profesores en su mayoría precarios de la universidad.

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