Convocada por Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria y apoyada por diversos colectivos sociales y sindicales, esta manifestación tiene como objetivo exigir al Gobierno Vasco, el cumplimiento de la Ley de 2008 para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social por la que se vincula la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y otras prestaciones sociales al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), por ser un derecho subjetivo, fruto de la movilización social.
Según estudios del propio Gobierno Vasco en estos años de crisis han aumentado los índices de pobreza, exclusión o dificultades para llegar a fin de mes; tanto entre quienes tienen un empleo como entre aquellas familias que se encuentran desempleadas. Ello se debe, entre otras razones, a esta política de recortes en las prestaciones sociales. Esta es la dramática consecuencia de una decisión política que apuesta por no garantizar a las personas unos ingresos mínimos que puedan facilitar una vida un poco más digna.