El 15 de septiembre de 2016 en el barrio de Zabalgana de Gasteiz, una inquilina de un piso de Alokabide, madre de tres hijos, fue desalojada de su vivienda tras constatar una deuda de 9.000 euros, generada durante 22 meses, con la sociedad pública del Gobierno Vasco, que gestiona el parque de viviendas de alquiler de protección oficial.
Durante el desahucio seis activistas que protestaban pacíficamente de cerca de un centenar de personas, fueron identificados por la Ertzaintza, a pesar de que la protesta fue debidamente comunicada como una violación grave” del pacto internacional de Derechos Humanos que exige que no haya “ningún desalojo sin alternativa habitacional”. Finalmente el Consistorio ofreció un apartamento de acogida como hogar para la madre y sus hijos desalojados.
A finales del pasado mes de agosto estas personas recibieron la comunicación de un expediente que contiene una propuesta de sanción por valor de 602 euros en concepto de aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida ley mordaza. Desde el departamento de Seguridad del Gobierno Vasco se les acusa de “obstrucción a la autoridad” durante el desalojo de la vivienda.
