La consejera Tapia ha presentado su “Plan de Industria” y destina 5.225 millones en subvenciones a las empresas. En esta legislatura irán destinados a la política industrial, 4.000 millones en el cuatrienio para distintos sistemas de financiación y 1.225 en planes específicos para la reducción del paro, hasta el 2020. El Gobierno Vasco de nuevo va a utilizar fondos públicos y renta ciudadana para subsidiar a las empresas en detrimento de los servicios públicos con la coartada de “Políticas activas de empleo”, “Innovación y desarrollo”, etc.
No hay ninguna evidencia que demuestre que los subsidios a las empresas fomenten el crecimiento o los niveles generales de vida. El Gobierno Vasco subsidia anualmente con cientos de millones (La ciudadanía desconoce qué cantidades y a que empresas se destinan).Tenemos los ejemplos de la Catalana CNA, fuertemente subvencionada por fondos tanto de la Diputación como del Gobierno Vasco, que iba a reflotar la ‘nueva Fagor” o el caso del cierre de General Electric que hace año y medio recibió subsidios para la nueva planta de Ortuella.
Los subsidios y las subvenciones permiten a lxs politicxs hacer discursos grandiculentes y salir cada dos por tres en la televisión, alabando lo bien que va tal o cual empresa. Y cuando los empresarios cogen el dinero y dejan tiradas a sus trabajadorxs, lo único que hacen es lamentarse. Así la consejera vasca de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantza Tapia, ha considerado “intolerable” la falta de información oficial del grupo catalán CNA sobre la situación de la empresa Edesa Industrial, y ha subrayado que “se le ha acabado el crédito con el Gobierno Vasco”.
Los subsidios son parte de la política de competición global. Los gobiernos están usando los subsidios para tratar de hacer más competitivo su país o su región y para para atraer empresas de otras comunidades o extranjeras. Para medir el impacto regresivo de los subsidios, debería tenerse en cuenta no solo la transferencia financiera a las empresas implicadas sino también en los efectos en recortes de gasto público, fundamentalmente en la enseñanza y la sanidad.
Este sistema es un cómodo arreglo para transferir renta de lxs trabajadorxs y ciudadanía a las empresas y los receptores de rentas del capital. Además los distintos gobiernos están compitiendo a la baja en cuanto tipos impositivos de las empresas y así resulta que el capital paga mucho menos impuestos que el trabajo.
