Confederación General del Trabajo – Lanaren Konfederakunde Nagusia
En este artículo de opinión Rafael Cid reflexiona sobre la libertad de expresión, cuestionada por el actual gobierno progresista, con la coartada de luchar contra los bulos perniciosos, intenta ganar tiempo para conseguir unos nuevos Pactos de la Moncloa, tratando de imponer que toda la información sobre la pandemia sea a través de fuentes oficiales y al hereje, disidente o discrepante, la espiral del silencio como mecanismo de control social.
Un total de 112 colectivos y organizaciones exigen hoy en una carta al Gobierno la regularización de las alrededor de 600 mil personas que se encuentran en situación administrativa irregular en el Estado. El Gobierno dice que no van a dejar a nadie atrás, pero les han dejado fuera de todas las medidas de emergencia social. Denuncian las consecuencias de carecer de documentación en regla, como las identificaciones y amenazas por la policía , además del carácter instrumentalista y mercantilista de “regularización selectiva” que responde la incorporación de mano de obra en el sector agrario.
En este artículo Rafael Cid critica que el gobierno de coalición decidió desde el primer momento que lo mejor para su zona de confort era militarizar la gestión del coronavirus, con la gravedad y solemnidad castrense que utiliza el presidente cuando se pone ante las cámaras de televisión para recitar sus homilías, pero resulta que la declaración del estado de alarma no permite, a su amparo, decretar, como se ha hecho, la suspensión generalizada del derecho de libertad de circulación y residencia de los españoles, medida que solo puede adoptarse en el estado de excepción, como determina el artículo 55.1 de la Constitución.
Los tiburones financieros están saqueando la economía real, hundiendo las bolsas mundiales y comprando con una depreciación total, mientras estamos en confinamiento, y solo nos hablan de COVID-19. Actualmente EEUU ve como se ha ido hundiendo su sistema monetario y económico llevando a la destrucción progresiva de los “viejos petrodólares” y la bajada brusca de la “demanda de dólares”. Un nuevo sistema económico está viendo la luz, ya que el eje económico se ha desplazado.
El listado de actividades esenciales reguladas en el Real Decreto 10/2020 no ha aportado muchas garantías reales. Hay actividad industrial que se niega a colaborar a detener la crisis sanitaria, y que mantienen sus instalaciones abiertas, con los consiguientes posibles riesgos de contagio. Su negligencia (que les aportará beneficios económicos) llenará nuestros centros hospitalarios con infectados día a día. La falta de control del cumplimiento de los Reales Decretos otorga impunidad a las mercantiles que han decidido no cesar la actividad.
Entrevista a Noam Chomsky sobre la pandemia
El Covid-19 ha tomado el mundo por asalto. Hay cientos de miles de personas infectadas (posiblemente muchas más que los casos confirmados), la lista de muertes crece exponencialmente y las economías capitalistas se han estancado, lo que hace prácticamente inevitable una recesión global. Según Noam Chomsky, los científicos llevan años avisando de la aparición de una pandemia, pero para el sistema capitalista la prevención de una catástrofe no produce beneficios.
En este artículo se analiza las consecuencias que puede traer la edición de unos nuevos Pactos de la Moncloa, que supusieron de hecho una constitución económica que nunca fue sometida al refrendo de la ciudadanía, donde se cumplieron más en lo que afectaba a la modernización de la economía de libre mercado que en lo que concernía al ámbito social, con el peligro de detraer recursos a las nuevas generaciones.
Desde la Confederación General del Trabajo alzamos nuestra voz contra los anuncios que está haciendo el Gobierno sobre el uso de la información personal, incluyendo su localización, como estrategia fundamental para la prevención de las infecciones por el coronavirus. Bajo el paraguas de la actual declaración del estado de alerta sanitaria, se están tratando de normalizar determinadas situaciones que, a nuestro parecer, no pueden menoscabar las paupérrimas garantías que tenemos para preservar nuestra intimidad y libertad.
En este artículo de opinión Rafael Cid denuncia que los de siempre se lleven los beneficios mientras nosotros cargamos con las pérdidas, la socialización de la estupidez, el avasallamiento del sentido común, que se vuelve a poner de moda la centrifugación de la responsabilidad, se nos impone la jerarquía, el verticalismo y el autoritarismo piramidal de arriba-abajo cuando vienen mal dadas para el poder, que Interior recomienda a la policía emplear la ley mordaza y de propina nos avisan que todos vamos a estar geolocalizados a través de los móviles.
No hay que ser anarquista para percibir que, aquí y ahora, el Estado español es una entelequia. Desde que lo formulara Thomas Hobbes en su Leviatán, la institución Estado, concebida como autolimitación de la soberanía de los individuos en favor de un ente suprapersonal que garantizara la seguridad colectiva, el contrato social ha sido la legitimidad con que se han gestionado nuestras comunidades. Un reloj bien engrasado a la hora de proteger los intereses de los poderosos
CGT se ha dirigido los diputados y diputadas del Congreso reclamando la modificación del artículo 10 de la Ley de Memoria Histórica promulgada en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, de «medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura», porque divide arbitrariamente en dos categorías según la fecha en que se produjo su muerte: antes o después de 1968.
El sistema económico en el que vivimos explota tanto a los seres humanos como no humanos y
sus ecosistemas, para extraerles sus riquezas naturales. La confusión, la mentira, la manipulación, el mantener ocupada a las personas en “batallas artificiales de las propias élites del poder”, así como sus “respuestas políticas” desde los institucional, oculta una realidad social y ecológica muy preocupante, que cada vez es más evidente e impide identificar que el capitalismo y la mafia, es lo que explica que el sistema continúe “creciendo” en barbarie.
En este comunicado explico mi decisión de no participar en el circo de esta supuesta democracia desobedeciendo a la junta electoral, declarandome insumisa. Agradecería la máxima difusión. Soy Desirée C. F., el 8 de abril recibí una carta en la que se me indicaba que el día 28 de abril debería
Ayer 13 de marzo entró en vigor, el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social, por el cual podrán acceder al subsidio las personas trabajadoras mayores de cincuenta y dos años, aun cuando no tengan responsabilidades familiares, hayan cotizado al menos durante seis años a lo largo de su vida laboral, estén en paro, sin prestaciones por desempleo y permanezcan inscritos ininterrumpidamente como demandantes de empleo en los servicios públicos de empleo.
La persona que lo solicite deberá cumplir el requisito de carencia de rentas de cualquier naturaleza superiores, en cómputo mensual, al 75 por ciento del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias y deberá presentar ante la entidad gestora una declaración de sus rentas, acompañada de la documentación acreditativa que corresponda.
Hace 10 meses, en la tramitación de los presupuestos de 2018, el PSOE rechazó una enmienda registrada por el PP para modificar la Ley General de la Seguridad Social 8/2015, de 30 de octubre, que pretendía desvincular el mínimo de estas prestaciones del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Hace 2 meses el actual Gobierno en funciones, promulgó el Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, y en la Disposición Final segunda Seis, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo decretaba que : «La cuantía de la pensión de incapacidad permanente total derivada de enfermedad común no podrá resultar inferior al importe mínimo fijado anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para la pensión de incapacidad permanente total derivada de enfermedad común de titulares menores de sesenta años con cónyuge no a cargo.»
Cuando el pasado octubre el Senado aprobó la aplicación del 155 a Catalunya, lo hizo hasta que hubiera un nuevo gobierno “legal” de la Generalitat. Pues va a ser que no. Cuando finalmente ya ha tomado posesión un nuevo presidente del gobierno catalán, que puede gustar o no, pero que ha sido elegido conforme a la legalidad estatutaria, y este designa a sus consellers, se veta su publicación en el BOE porque el PP, Ciudadanos y PSOE califican la lista de “provocación” al incluir a personas encarceladas preventivamente (sin tener condena alguna) o exiliadas (ellos dicen “huídas”, pero para el caso es lo mismo).
Así que “sigue sin haber gobierno de la Generalitat y continúa el 155”. La realidad es que el gobierno sí ha sido nombrado porque quien legalmente puede hacerlo, pero quien tiene la maquinita del BOE para publicarlo se niega a realizar este trámite burocrático. Todo atrancado, pues. ¿Y ahora qué? Hemos pasado de la judicialización de la política a la “boeización” de la política: un paso más en la degradación de las instituciones y en la profundización del esperpento.
