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Un total de 112 colectivos y organizaciones exigen hoy en una carta al Gobierno la regularización de las alrededor de 600 mil personas que, se calcula, se encuentran en situación administrativa irregular en el Estado español y que han quedado fuera de los paquetes de medidas aprobadas para mitigar el impacto económico y social lo que agrava, aún más, sus condiciones de vida.
Desde esta red antirracista, denuncian que la crisis sanitaria, económica, social y de cuidados por el Coronavirus ha puesto en evidencia, por una parte, los efectos de las políticas de ajuste de los últimos años en los ámbitos sanitarios, sociales, laborales, económicos etc. y por otra, el agravamiento de las condiciones de vida de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, dentro de ellas la población migrante sin papeles.
La crisis por el Covid-19 les ha dejado en una situación extremadamente difícil por la falta de recursos y la exclusión social. Desde el Gobierno, dicen que no van a dejar a nadie atrás pero les han dejado fuera de todas las medidas de emergencia social.
Además denuncian que varias mujeres que estaban trabajando como costureras han sido identificadas y amenazadas por la policía a la salida de la fábrica de batas, gorros de médico para hospitales y mascarillas para colectivos y personas en situación de vulnerabilidad en la que han transformado su tienda de ropa.
Los colectivos que participa de esta red, señalan las consecuencias de carecer de documentación en regla. Así el colectivo de trabajadoras sexuales se encuentra, hoy más que nunca con la crisis sanitaria, en los márgenes de los márgenes porque no está reconocido como trabajo dejándonos fuera del sistema, además -incide- sufrimos violencia social e institucional que se agudiza más con una situación administrativa irregular viviendo con angustia a ser deportadas, sin acceso a vivienda, sanidad y sin derechos.
Desde el inicio del estado de alarma las propuestas del Gobierno no les han tenido en cuenta y las que se han ido tomando como el Real Decreto Ley 13/2020 responden a un carácter instrumentalista y mercantilista de “regularización selectiva” ya que responde a incorporar mano de obra en el sector agrario para evitar el posible desabastecimiento de alimentos durante esta crisis.
Las asociaciones de trabajadoras del hogar demandan el fin del trabajo esclavo y la regularización inmediata de las personas migrantes que reduciría su situación de vulnerabilidad. Muchos de los empleadores no quieren hacerse cargo de los derechos que actualmente tiene reconocido el sector, por lo tanto, prefieren contratar a alguien que esté todavía sin documentación para poderse ahorrar una parte.
Es por lo que demandan al Gobierno la regularización urgente, amplia y extraordinaria de todas las personas migrantes que viven en el territorio español, independientemente de los requisitos administrativos de las distintas figuras que impone la Ley de Extranjería, la liberación inmediata de todas las personas internas en CIEs y CETIs de Ceuta y Melilla y el cierre definitivo y permanente de estos centros.
