Confederación General del Trabajo – Lanaren Konfederakunde Nagusia
Llevarse el trabajo a casa era visto como una patología de quienes reducían su horizonte vital más allá de lo humanamente conveniente para hacer méritos en la empresa. Fuera de esa adicción tóxica, el teletrabajo era cuestión de profesionales que realizaban su misión de manera autónoma e independiente, y normalmente afectaba a personas sin una relación contractual estable.
CGT ha anunciado una huelga general en Madrid para fines de octubre. Llama a colectivos sociales y sindicales alternativos a sumarse, pero no está definido el programa, ni la fecha ni las fuerzas con las que se busca impulsar la huelga. Motivos no faltan, pero sí programa y organización. Aquí planteamos 10 medidas que en la CRT consideramos elementales para darle contenido a la convocatoria.
En una sentencia notificada el 2 de octubre de 2020, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional da la razón a la CGT y destapa el vergonzoso comportamiento de las secciones sindicales de CCOO, UGT y a USO, que participación en una negociación secreta y oscura durante el mes de abril de 2020, coordinándose con Teleperformance, sin exigir el cumplimiento de la libertad sindical que obligaba a la participación de la CGT y suscribiendo un acuerdo nefasto para la plantilla que la Audiencia Nacional anula y deja sin efecto.
Con los ERTEs las patronales se ahorran los costes salariales, mientras hacen que estos recaigan íntegramente sobre el Estado. Es decir, las patronales se ahorran millones de euros en base al endeudamiento masivo del Estado, mientras aumenta el desempleo y la precariedad. Una medida que ha evitado despidos generalizados a corto plazo, pero que no garantiza que se produzcan en unos meses.
Plantilla insuficiente, más cargas de trabajo y la práctica desaparición de la atención presencial ponen en peligro el servicio público.
Desde CGT ya denunciamos la situación y las consecuencias que, tanto para la plantilla como para la ciudadanía, va a representar la gestión del servicio antes y durante la pandemia que padecemos. Como era de prever, y así lo manifestamos desde CGT a la plantilla a la Dirección y a la opinión pública, las consecuencias del semicierre del INSS durante el periodo de confinamiento se han hecho notar ya.
El conflicto laboral, económico y social generado por el anuncio por parte parte de Nissan del cierre de sus plantas en Barcelona, no ha concluido con el acuerdo alcanzado entre los representantes de la plantilla y la dirección de la multinacional japonesa que, entre otras cosas, prevé evitar los “despidos traumáticos” hasta diciembre de 2021. Junta a las 2500 personas empleadas por la propia Nissan, conviven 14000 trabajadores y trabajadoras pertenecientes a diferentes contratas y subcontratas bajo amenaza de perder sus empleos sin acceso a las beneficiosas condiciones acordadas en Nissan ni posibilidades de participar en los prometidos procesos de reindustrialización.
Ha tardado meses en resolverse, pero la sentencia del Tribunal Supremo ha llegado y falla a favor del rider de Glovo. Según el comunicado del Supremo, la relación existente entre un repartidor y la empresa Glovo tiene naturaleza laboral. El Tribunal sostiene que la empresa de reparto no puede ser considerada una mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercios y repartidores.
La dirección de Acciona, principal subcontrata que daba servicio dentro de las factorías de Nissan, anunciaba de manera unilateral la rotura por su parte, del Contrato Mercantil que tenían con Nissan, dejando de esta manera de prestar los servicios que llevaba realizando durante los últimos años, presentando un ERE para poner en la calle a un total de 556 trabajadores y trabajadoras.
CGT manifiesta que estos hechos son muy preocupantes porque se trata de decisiones que afectan directamente a la seguridad, integridad y buen funcionamiento de Salvamento Marítimo. CGT continúa exigiendo más medios humanos en Salvamento Marítimo y aboga por el fin de los cargos de libre designación que solo responden a compromisos políticos
Ante la sede de GARA/NAIZ de Bilbao, de Gran Vía 2, hoy ha tenido lugar una nueva concentración de apoyo al periodista Juanjo Basterra y otros despedidos de GARA/NAI. Juanjo Basterra, periodista desde 1988 de EGIN y de GARA/Naiz durante 20 años, ha apoyado todo tipo de luchas del movimiento obrero, como vecino de Laudio, desde la Reconversión Industrial impuesta por la UE , hasta nuestros días, implicado también en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, contra las secuelas del amianto, hasta la lucha feminista y pensionista.
El Juzgado Central de Instrucción nº6 de Madrid ha comunicado a la Confederación General del Trabajo (CGT) que admitirá la querella formulada por dos de sus sindicalistas, trabajadores de Iberdrola, frente a José Manuel Villarejo, Iberdrola Renovables, Iberdrola S.A., e Iberdrola Nuclear S.A.U., “por un presunto de descubrimiento y revelación de secretos, un delito de coacciones, un delito discriminación de índole laboral y un delito contra la libertad sindical”.
Por Joseba Santesteban secretario de acción sindical de CGT-LKN nafarroa en el diario de Noticias de Navarra (10/9/2020)
El estado de alarma derivado de la alerta sanitaria por la covid 19, ha propiciado un hito sin precedentes en el tejido económico mundial, que ha venido a evidenciar lo que de manera perseverante se viene manifestando desde CGT, en particular, y el anarcosindicalismo en general: la necesidad de establecer un modelo socioeconómico en el que, de manera objetiva, la riqueza obtenida mediante la explotación y expoliación de los recursos, sea redistribuida de forma equitativa.
Es evidente que solo el anuncio del estudio de la fusión por ambas entidades va a acelerar operaciones similares entre el resto de los bancos que operan en el Estado español, lo que nos va a llevar a la tan deseada por algunos, concentración bancaria. Una concentración que de facto va a suponer la creación de un oligopolio bancario que va a controlar, en perjuicio claro de la ciudadanía, las condiciones y servicios financieros de todo el País. Servicios precarizados y recortados bastante ya para amplias capas de la población, bien por la incipiente digitalización, bien por la desbancarización de lo que denominamos “España vaciada”.
