Autor: Colaboraciones

Los cronistas ya han dado buena cuenta del gazpacho verbenero. La pasada Semana Santa fue un auténtico aquelarre lúdico-religioso. Procesiones hasta en la sopa, teles vomitando el habitual cutrerío de películas del género “historia sagrada”, ministros coreando impasible el ademán “soy el novio de la muerte”, banderas a media asta en centros militares, niños vestidos de legionarios en prime time y el sempiterno fervor lacrimógeno de la muchedumbre ante los pasos. El nacionacatolicismo que nos habita con todo su furor.

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Con el salto a los CDR, el proceso soberanista catalán vuelve a superarse a sí mismo, y a las formas políticas actuales del resto de estados similares.

En una inesperada recuperación del espíritu libertario catalán, que culmina magistralmente con la construcción épica de la silenciada Revolución Social Catalana de 1936, o la Revuelta Remença, en 1480, el proceso pasó de la sociedad civil (referéndums de Arenys & co, primeras grandes diadas indepes con millones en las calles), a la esfera política y parlamentaria, y a la movilización coordinada desde dos grandes organizaciones civiles, Omnium y ANC, lo que ya en sí es una gran innovación en relación al entorno geopolítico. Pero hoy encuentra buena parte de su impulso y fuerza renovada en los barrios y en la ciudadanía completamente auto organizada con los CDR, donde no hay jerarquías, presidentas, ni organizaciones centralizadas.

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Con abuso de esquematismo solemos hablar de violencia solo y exclusivamente cuando se producen hechos y actos que causan daños a personas o bienes por parte de personas físicas. Pero se trata de un concepto reduccionista. Ciertamente, existe una utilización legítima de la fuerza como derecho de defensa. Y luego hay un uso ilegítimo cuando se emplea la violencia contra gente pacífica, venga de donde viniera la agresión.

Aunque normalmente esa licencia forma parte de las prerrogativas de los Estados, el paradigma de la abstracta personalidad jurídica. Ocurre así desde el momento en que las atribuciones que sustentan su soberanía pierden su base democrática, convirtiéndose en simple Estado de Leyes. La dictadura franquista abrazaba ese modelo porque, llegado el caso, usaba el poder del Estado contra sus propios ciudadanos (que el paternalismo del régimen eximia de ser a la vez contribuyentes directos). Operaba, pues, como una amenaza permanente sobre sus administrados.

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Hace unos días me contaba un colega muy bien informado -una de esas fuentes que nunca falla- que dirigentes del PNV habían trasladado al Partido Popular que para llegar a acuerdos entre ambas formaciones sería deseable que los populares no azuzaran en público con el caso De Miguel, uno de los mayores casos de corrupción que afecta a los nacionalistas. Una trama -que se juzga desde hace semanas en Vitoria- por la que están sentados en el banquillo exdirigentes del PNV y cargos del Gobierno de Ibarretxe, acusados de cobrar comisiones ilegales y adjudicar contratos irregulares.

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