Autor: Colaboraciones

La tribuna de los más desfavorecidos, los jóvenes pillados en la burbuja del ladrillo (“casas sin gente, gente sin casas”), los activistas de la Plataforma de Afectados por las Hipoteca (PAH) o los damnificados de las preferentes por la codicia de las entidades financieras. A todo eso y aledaños los dirigentes podemitas acaban de decirles “no os representamos”.

Hay una postverdad oficial y recurrente. La de los de arriba, la de los propagandistas. Grandes corporaciones o Estados que fabrican opinión a su favor o en contra de sus adversarios sin importar que sean meros bulos bien diseñados. Contra eso estamos más o menos vacunados. De toda la vida los poderosos han apañado la desinformación y la publicidad para engañar a la gente. Se trata de que consumamos, votemos y paguemos los impuestos sin rechistas.

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No es un error político, es una aberración democrática. Investir presidente de la Generalitat a un forofo del sectarismo parece muy poco honorable. Porque, aunque el aludido haya pedido disculpas, no se trata de pecadillos de juventud. Es el currículum vitae de un militante del maximalismo identitario.

Con el agravante de su promoción cultural desde las tribunas donde ha ejercido de intelectual orgánico de la doctrina. Buscar excusas a la promoción de Joaquín Torra al podio de la Catalunya en base a los múltiples desmanes y atropellos del macizo de la raza del nacionalismo español no hace sino agravar el problema. Supone abrazar similares artes a las que emplean sus adversarios del 155 y el zoquete pelotón del “a por ellos”. La jesuítica justificación de usar un medio malo para lograr un supuesto buen fin ha sido históricamente el quicio por dónde se han colado ilustres pirados y malhechores ansiosos de notoriedad pública.

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En un artículo anterior recordábamos que la principal diferencia entre la tipificación del delito de rebelión en el código penal de la dictadura (arts. 214 a 217) y en el de la democracia (arts. 472 a 484) residía en la constatación de violencia. Con Franco se podía imputar sin que hubiera existido violencia y en la actualidad resulta condición sine qua nom. Craso error.

Habíamos olvidado que al calor de la kale borroca urdida sobre el derecho a decidir en Catalunya, PSOE y PP se concitaron para alargar el brazo de la ley donde faltaba manga. Por eso, en línea con el espíritu de los pactos antiterroristas, en 2015 agravaron el artículo 573 logrando que ciertos desórdenes públicos entraran en esa circunscripción. Y ahora también son reos de terrorismo los acusados de “alterar gravemente la paz pública”. O sea, se recupera la matriz de aquellos siniestros tribunales de orden público del franquismo.

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La Marca España, nuestro ogro filantrópico pret a porter, porfía para repetir el duopolio dinástico hegemónico de antaño. Por eso está conspirando con todas sus fuerzas para que 2019 recree un ensayo general para regresar a la estabilidad del poder binario.

Los protagonistas son la nueva derecha de Ciudadanos, en racha de aciertos demoscópicos, y el incierto partido socialista que aún controla Pedro Sánchez. Los desechos de tienta, el Partido Popular de Mariano Rajoy, abismado en la corrupción del “y de lo mío qué”, y el Podemos de Pablo Iglesias, en segundas nupcias ya sin las gananciales de Izquierda Unida. Se trata, pues, de una operación zigzagueante. Una diagonal ideológica.

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El manido salvoconducto “uno de los nuestros”, que en la reciente convención del Partido Popular celebrada en Sevilla ha recreado con marcial cinismo la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, al afirmar “lo que tenemos que hacer es no permitir que nos avasallen y defender a los nuestros”.

La coyuntura ha querido que estos días confluyan en conflicto dos exigencias del Estado de Derecho que tienen como protagonista a la clase política. De un lado, la aplicación de la presunción de culpabilidad a Carles Puigdemont según se deduce del revés dado por la Audiencia de Schleswig-Holstein al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

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