Convocada por los sindicatos ELA, LAB, ESK, STEILAS, CGT-LKN, CNT y varios colectivos sociales, hoy ha tenido lugar una concentración de protesta ante la comparecencia de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal en la cámara, para presentar las líneas de su departamento en esta legislatura.
Por la negativa de la Consejera y del Gobierno PNV-PSE a aplicar en los presupuestos el incremento del 8% del SMI a los Incentivos al Empleo, la Renta de Garantía de Ingresos, el Complemento de Prensiones o las ayudas al alquiler y por el mantenimiento durante los últimos 5 años del recorte en un 7% de las cuantías a percibir.
Por la decisión de incrementar la cuantía de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) en función del índice de precios y no del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) adoptada el pasado fin de semana por la Consejera y de no aplicar -lo que por LEY es de obligado cumplimiento- el incremento del 8% del SMI a las prestaciones gestionadas por Lanbide.
Al grito de “Euskal presoak, etxera”coreado por miles de gargantas, sobre las 17,40 h. se inicia la marcha encabezada por 3 hileras de furgonetas con letreros de las ciudades donde se encuentran ubicadas las cárceles, así como la distancia desde Euskal Herria a las mismas. Unas furgonetas que todos los fines de semana llevan a las familias a visitar a presos y presas a lo largo y ancho de la península ibérica.
Aprobará el 13 de enero un decreto con un protocolo de actuación para resolver las reclamaciones de los consumidores. Será voluntario para las entidades financieras y no pagarán ni costas ni intereses si se someten a él.
El pasado viernes se realizaron diversas concentraciones de los trabajadores de Movistar en contra de la precariedad laboral. César Alierta irrumpió en la de Zaragoza exigiendo a los trabajadores que se marcharan de la sede de Telefónica aludiendo que no eran trabajadores de plantilla, justo por lo que ellos vienen peleando.
Convocada por la Coordinadora Estatal en Defensa del sistema público de pensiones, en varias ciudades del estado se han celebrado manifestaciones y concentraciones en denuncia del recorte de las pensiones. En un día donde el gobierno ha rechazado subir las pensiones en el 2017 en más del 0,25%, lo que mermará el poder adquisitivo de los jubilados en este año el 0,45% y si la inflación sigue al alza en el entorno al 2%, “en los próximos diez años se perderá un poder adquisitivo que ronda del 14% al 28%”.
Defender el “Sistema Público de Pensiones” es incompatible con una práctica sindical que abandera y presenta como un logro la extensión y promoción de “fondos de pensión privados” tanto de empresa como individuales. Si en el sector privado este proceder sindical de los sindicatos mayoritarios, es muy discutible, en el sector público es directamente inaceptable.
Porque no solo están afectados las personas pensionistas sino que el recorte de las pensiones amenaza a las futuras generaciones de pensionistas.
La privatización de las pensiones se ha convertido en uno de los objetivos más importantes de la política neoliberal de las instituciones internacionales (Banco Mundial, FMI, OCDE) y ha sido ampliamente asumida por los gobiernos de la mayoría de los países ricos, independientemente de su color político.