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Protesta frente al Parlamento Vasco por los recortes en prestaciones sociales

Convocada por los sindicatos ELA, LAB, ESK, STEILAS, CGT-LKN, CNT y varios colectivos sociales, hoy ha tenido lugar una concentración de protesta ante la comparecencia de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal en la cámara, para presentar las líneas de su departamento en esta legislatura.

Por la negativa de la Consejera y del Gobierno PNV-PSE a aplicar en los presupuestos el incremento del 8% del SMI a los Incentivos al Empleo, la Renta de Garantía de Ingresos, el Complemento de Prensiones o las ayudas al alquiler y por el mantenimiento durante los últimos 5 años del recorte en un 7% de las cuantías a percibir.

Por la decisión de incrementar la cuantía de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) en función del índice de precios y no del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) adoptada el pasado fin de semana por la Consejera y de no aplicar -lo que por LEY es de obligado cumplimiento- el incremento del 8% del SMI a las prestaciones gestionadas por Lanbide.

Para que se garantice el poder adquisitivo de las personas perceptoras. La subida del IPC no garantiza el “poder adquisitivo” de los casi 64.000 beneficiarios del sistema, ya que la RGI rondaría los 635 por los 625 actuales, mientras en el 2009 la cuantía era de 641 euros. Según el INE, el IPC ha variado desde entonces un 11,8%. En Euskadi se debería abonar 716 euros si quisiese garantizar el poder adquisitivo de los beneficiarios del sistema de acuerdo con los criterios de la ley de 2008.

Para que la RGI no se desvincule del SMI, ya que contrariamente a lo que argumenta la Consejera, la RGI es una prestación de naturaleza laboral ya que desde 2011, la tramitación de estos subsidios pasó de la ventanilla de los servicios sociales a la de Lanbide, con la idea de convirtiese en una continuidad del paro y que estuviese directamente vinculada a la empleabilidad. Tan es así que uno de los requisitos (excepto para jubilados y colectivos de alta exclusión social) es la imposibilidad de rechazar empleos razonables o cursos de formación.

En cuanto al argumento de la  Consejera de que tener “prestaciones sociales más altas supone desincentivar el empleo”, cuanto mas alta es la RGI lo que desincentiva es la oferta del empleo precario, incentiva el trabajo de calidad, lo que es un necesidad social precisamente para que no existan trabajadores pobres, en unos tiempos donde los empresarios están incrementando sus beneficios, se incrementa la desigualdad y está aumentando la pobreza.

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