Aprobará el 13 de enero un decreto con un protocolo de actuación para resolver las reclamaciones de los consumidores. Será voluntario para las entidades financieras y no pagarán ni costas ni intereses si se someten a él.
El borrador de decreto ley que maneja el Ministerio de Economía prevé un protocolo de actuación para resolver las reclamaciones de los consumidores. Será voluntario para las entidades financieras y no pagarán ni costas ni intereses si se someten a él.
El Gobierno tiene previsto aprobar este borrador en forma de decreto ley el próximo Consejo de Ministros, que se celebraría el 13 de enero. El primer borrador fue tumbado por el PSOE, ya que preveía un código de buenas prácticas para la banca que se sumaría de manera voluntaria.
Los propios bancos lo rechazaron porque, de aceptar, suponía que casi todas sus hipotecas con cláusulas suelo eran nulas: este borrador asume la doctrina del Tribunal Supremo según la cual las entidades financieras debieron ofrecer al consumidor antes de firmar el contrato información suficiente, incluso con simulaciones de escenarios relacionados con el comportamiento previsible del tipo de interés. Nada de esto habían hecho.
El segundo borrador da un paso adelante, pero no suficiente según los juristas consultados: el “avance” es que prevé un protocolo de actuación obligatorio para las entidades, a no ser que en el plazo de un mes rechacen formar parte de dicho Protocolo, según ha sabido Público de fuente jurídicas. Este proyecto es negociado por el Gobierno con el PSOE, Ciudadanos y Coalición Canaria.
El decreto ley en ciernes recoge que tanto el banco como el consumidor no pagarían costas, en la práctica, sin embargo será el banco el que no pague el coste del abogado de la parte contraria. Tampoco hace referencia al pago de los intereses devengados por la devolución del dinero cobrado de manera fraudulenta. Por ello, deja la puerta abierta a que el banco no pague este dinero.
Los bancos se resisten a devolver el dinero de las cláusulas suelo cobradas de manera indebida y que el Banco de España cifra en 4.200 millones de euros. Las entidades saben que tienen perdidos los casos que se presenten contra ellas, pero temen las consecuencias de estas pérdidas en sus balances. Su objetivo es dilatar los casos en el tiempo porque aspiran a superar las cuentas de 2017.
Fuentes jurídicas consultadas sostienen que la solución tendría que pasar por la devolución del dinero a los afectados en condiciones de igualdad. Pero los bancos también se resisten a este desembolso universal, conscientes de que habrá muchos consumidores que no demandarán por cuantías pequeñas. Las devoluciones se realizarían en metálico o amortizando la cuantía en la hipoteca.
http://www.publico.es/economia/gobierno-planea-salvar-banca-clausulas.html
