En un artículo anterior recordábamos que la principal diferencia entre la tipificación del delito de rebelión en el código penal de la dictadura (arts. 214 a 217) y en el de la democracia (arts. 472 a 484) residía en la constatación de violencia. Con Franco se podía imputar sin que hubiera existido violencia y en la actualidad resulta condición sine qua nom. Craso error.
Habíamos olvidado que al calor de la kale borroca urdida sobre el derecho a decidir en Catalunya, PSOE y PP se concitaron para alargar el brazo de la ley donde faltaba manga. Por eso, en línea con el espíritu de los pactos antiterroristas, en 2015 agravaron el artículo 573 logrando que ciertos desórdenes públicos entraran en esa circunscripción. Y ahora también son reos de terrorismo los acusados de “alterar gravemente la paz pública”. O sea, se recupera la matriz de aquellos siniestros tribunales de orden público del franquismo.
Todo por nuestro bien. O como dijo en su momento el entonces presidente del Gobierno Felipe González para “contextualizar” los asesinatos del GAL: porque “el Estado de derecho también se defiende en las alcantarillas”. Consejo que al parecer no debió caer en saco roto. Habida cuenta de los esfuerzos y fatigas que políticos, jueces y medios de comunicación hacen para recrear una realidad de violencia insoportable alrededor del procés y los actos de protesta y desobediencia civil llevados a cabo por una buena parte de la sociedad catalana y sus legítimos representantes contra el status de excepción del 155.
En ese sentido, las detenciones en el entorno de los CDR buscan a toro pasado sembrar la cizaña que la euroorden no logró. Siguiendo la vieja máxima del amarillismo “no dejes que la realidad te estropee una buena historia”, los cruzados del centralismo borbónico han vuelto a la carga. Cuando la gente sensata en la Unión Europea empieza a temer que España imite la formula despótica de Turquía, Polonia o Hungría, trapisondistas intelectuales, como el profesor Francesc de Carreras o el escritor Javier Cercas, salen a la palestra para clamar que lo de violencia se queda corto, que lo que hubo fue un golpe de Estado, comparándolo con aquel 23-F que se concibió en nombre del Rey. La anatomía de un dislate.
De parecido tenor fueron las críticas que se hicieron cuando el Tribunal de Justicia de la UE avaló la quema de fotos del Rey dentro del ámbito de la libertad de expresión. De ahí que, después de censurar la injerencia de la ministra de Justicia alemana justificando la actuación del tribunal que denegó la rebelión, sean nuestros alarmistas en nómina quienes se metan ahora en el mismo chasco. Pues, si como dicen, se trata de un canal de exclusiva colaboración entre jueces, ¿a qué viene hablar de un consenso entre los fiscales para reconducir la situación en favor de las tesis de Pablo Llanera? (“Fiscales españoles y alemanes se coordinan contra Puigdemont”, decía el jueves El País en portada).
Porque, en España al menos, el ministerio público es la voz de su amo del gobierno. A los efectos, un perfecto entrometido en este asunto. Sería como los pajaritos disparando a las escopetas. Salvo que aceptemos que el poder también puede defenderse en las alcantarillas cuando se siente cuestionado por sus fechorías. Y eso vale para todos los poderes, grandes, pequeños y mediopensionistas. Para justificar el terrorismo de Estado. Para dinamitar la disidencia democrática. O incluso para echar la culpa al mensajero si se prueba que la universidad del Plan Bolonia es una fábrica de títulos, envuelta en un negocio, dentro de un atraco.
Rafael Cid
