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La plataforma contra la criminalización social se opone a la sentencia del Tribunal Supremo que condena a los indignados absueltos por el «Rodea al Parlamento» de 2011
Esta semana hemos conocido la sentencia del Tribunal Supremo que condena a 8 personas, que anteriormente habían sido absueltas por un Tribunal ya de por sí de excepción, como es la Audiencia Nacional, a penas de 3 años de prisión por participar, el 15 de junio de 2011, en la protesta “Aturem el Parlament”, en Barcelona.
La sentencia da por probado que uno de los condenados “fue una de las personas que rodeaban a otro parlamentario coreando lemas”, y que otros tres “recriminaron las políticas de recortes de gasto y dijeron a un parlamentario que nos los representaba”.
Por lo tanto, de esta sentencia del Tribunal Supremo, y con independencia de posibles puntualizaciones jurídicas, irregularidades de procedimiento o incumplimientos de normativas internacionales, la conclusión que podemos extraer es que, en el Estado español, ejercer el derecho a la libertad de expresión delante del diputado de un parlamento es susceptible de llegar a ser penado con 3 años de prisión.








El próximo viernes 13 de marzo, a las 17:30 h., celebraremos una charla abierta en la Plaza del Arriaga de Bilbao para hablar de las llamadas leyes mordaza que está tramitando el gobierno español (Ley de Seguridad Ciudadana y modificaciones del Código Penal), cuyo objetivo principal es criminalizar el activismo social y acabar con el derecho a la protesta como instrumento de cambio.




