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La reforma universitaria de Wert favorecerá el negocio de los másters y dificultará el acceso a las familias trabajadoras por su elevado coste

3+2El alto grado de seguimiento de la huelga de estudiantes del jueves 26 supone un rechazo contra la reforma universitaria aprobada el pasado 30 de enero, por el Consejo de Ministros, consiste en la implantación del sistema conocido por 3 + 2. Es decir, que los grados (las licenciaturas actuales) pasan de 4 a 3 años y los másters (el tramo de especialización de la carrera) pasan de 1 a 2 años.

Los estudiantes se verán forzados a cursar los másters para poder tener acceso al mundo del trabajo, y esto encarecerá aún más la universidad pública. Masters a 5.000, 10.000 y hasta 20.000 euros. Un entramado de fundaciones y empresas adscritas, controladas por la élite del profesorado, se benefician de un sistema desregulado.

El nuevo modelo es de aplicación voluntaria y serán las universidades las que decidan o no aplicar el esquema 3 + 2. Esta voluntariedad de implantación del 3 + 2 puede provocar competencia entre las universidades y que escojan el nuevo modelo para poder ofrecer grados más baratos y atraer más estudiantes.

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) aprobó por amplia mayoría una moratoria en una asamblea extraordinaria y no ofrecerán los grados de 3 años hasta el curso 2017/2018.

Los másters propios, los coordinan o dirigen principalmente profesores titulares del mismo centro donde se imparten. Estos funcionarios mantienen íntegro su sueldo, pero aparte pueden disfrutar de unos ingresos extras gracias a estos cursos. Además, en algunas universidades, han aprobado una normativa que permite que un profesor pueda reducir la docencia en la oferta pública (al grado o los másters oficiales) gracias a que da clases en másters propios, pero a la vez mantener íntegro el 100% de salario público.

La sección sindical de la CGT en la UAB ha denunciado en varias ocasiones que en esta universidad hay al menos 25 profesores con sobresueldos superiores a 100.000 euros al año.

Los beneficios que puede generar un máster se han convertido en un atractivo también para personas que no forman parte de las universidades públicas. Como no hay normativas que establezcan quién puede dirigir uno de estos cursos, hay marters que al frente de los mismos, tienen personas que no son profesores de la universidad.

Este sistema es más parecido al de los Estados Unidos, donde las familias deben ahorrar para llevar el hijo o la hija en la universidad, que no hacia un modelo centroeuropeo, donde se entiende que la universidad forma parte del Estado del bienestar y, por tanto, tiene un coste muy pequeño para que todos puedan acceder al mismo.

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