Miren, despedida de Faurecia, había recibido una carta de Caja Laboral denegando la reestructuración de su deuda, murió este fin de semana en Antsoin, no se le dio una segunda oportunidad, lo que suponía la ejecución inminente del desahucio de su vivienda.

Las plataformas de afectados por las hipotecas, vienen denunciando la inoperancia del mal llamado Código de Buenas Prácticas Bancarias o Decreto Guindos, aprobado en 2012 y ahora actualizado mediante el nuevo Decreto de Segunda Oportunidad. Estas leyes no han servido para parar las subastas ni los miles de desahucios de deudores de buena fe víctimas de la estafa financiera, ni para reestructurar deudas ni conceder quitas, o daciones en pago con alquiler social, por sus draconianos e inasequibles requisitos.

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Este viernes a  las 09:15 horas, agentes judiciales tenían previsto el desahucio de 3 familias de Bilbao, residentes en el número 3 de la calle Mena. Por este motivo se había convocado una concentración ruidosa a partir de las 8,30 de la mañana en la entrada al portal, ubicado a 50 metros de la estación de Cercanías de Renfe en Zabalburu.

Desde primeras horas de la mañana , la Ertzaintza ya tenía cortado los accesos a todo el inmueble  con un fuerte dispositivo policial, con policías antidisturbios incluidos. Las familias afectadas por este desahucio no tenían adonde ir y no son las responsables de esta situación: estas familias han estado como arrendatarias de estas viviendas desde 2011 con un contrato de 5 años, pagando la renta sin retrasos y han cumplido sus obligaciones en el mantenimiento de la vivienda.

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Se denuncia que el G.V. no tiene ningún control sobre los gestores de las viviendas públicas y que el consejero Aburto mintió en comisión parlamentaria de 17 de Diciembre al afirmar, que Alokabide no desahucia a nadie por motivos económicos, cuando ya se han producido 2 desahucios en Bizkaia.

Se denuncia el incumplimiento de los compromisos adquiridos por el consejero Aburto en comisión parlamentaria, se denuncia que Alokabide incumple los acuerdos pactados con las personas  en alquiler, con dificultades aconómicas.

Se denuncia además, la complicidad del Sr. Aburto con la consejera de Interior,  por la utilización de la Ertzaintza para llevar a cabo los desalojos, así como la hostilidad y brutalidad de ésta. La retirada forzada de muebles de las personas desahuciadas, obligando al pago de este servicio, para la recuperación de los mismos.

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