Confederación General del Trabajo – Lanaren Konfederakunde Nagusia
Cientos de personas se han manifestado por barrio de San Francisco, contra el desahucio de Judith, del Sindicato de Vivienda AZET, una mujer de 24 años que está embarazada de 8 meses y medio, que durante el confinamiento, se quedó sin trabajo ni ingresos, por lo que no pudo pagar el alquiler y acabó quedándose en la calle. En esa desesperada situación, entró en una casa vacía, propiedad de Viviendas Municipales de Bilbao, en la que vive desde hace unos meses.
Las Plataformas de STOP DESAHUCIOS EUSKADI valoramos positivamente la reciente STC en relación con laLey de Vivienda Vasca. A pesar de que prohíbe la expropiación de uso de viviendas afectadas por procedimientos de desahucio, por ejecución hipotecaria o arrendamiento, con la excusa de ser competencia estatal, reconoce que lasVIVIENDAS DEBEN ESTAR HABITADAS PARA CUMPLIR SU FUNCION SOCIAL, y que las leyes pueden concretar este deber y establecer consecuencias cuando se incumple, incluida la expropiación.
Los lanzamientos (desahucios) del segundo trimestre de este año se han situado en 16.859, según los datos hechos públicos por el Consejo General del Poder Judicial.
Los lanzamientos (desahucios) del segundo trimestre de este año se han situado en 16.859, lo que supone un descenso del 8,4% respecto al mismo trimestre de 2016, según los datos hechos públicos por el Consejo General del Poder Judicial. El grueso de ellos ha sido por el impago de los recibos del alquiler de la vivienda.
Concretamente, el 58,6% de esos lanzamientos, 9.886, fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU); mientras que el 36,8%, otros 6.197, se derivó de ejecuciones hipotecarias, y los 776 restantes obedecieron a otras causas.
Miren, despedida de Faurecia, había recibido una carta de Caja Laboral denegando la reestructuración de su deuda, murió este fin de semana en Antsoin, no se le dio una segunda oportunidad, lo que suponía la ejecución inminente del desahucio de su vivienda.
Las plataformas de afectados por las hipotecas, vienen denunciando la inoperancia del mal llamado Código de Buenas Prácticas Bancarias o Decreto Guindos, aprobado en 2012 y ahora actualizado mediante el nuevo Decreto de Segunda Oportunidad. Estas leyes no han servido para parar las subastas ni los miles de desahucios de deudores de buena fe víctimas de la estafa financiera, ni para reestructurar deudas ni conceder quitas, o daciones en pago con alquiler social, por sus draconianos e inasequibles requisitos.
Se trata de un fondo buitre radicado en Irlanda (IDR Finance Irelan II Limited), que ya ha actuado enviando cartas amenazadoras a las personas afectadas, según denuncia Stop Desahucios Gipuzkoa que se ha concentrado en San Sebastián, ante la reclamación de este fondo a una madre del pago de 27.000 euros, por avalar a su hija en un préstamo y amenaza con el desahucio de su vivienda.
Stop Desahucios exige a Kutxabank que “devuelvan los préstamos vendidos a este fondo de inversión a los clientes que confiaron en una Caja que tenía que ser cercana y al servicio de la ciudadanía”, denunciado la “falta de responsabilidad” de Kutxabank, quien “ha abandonado a sus clientes”, ya que ahora tienen que negociar sus deudas con un “fondo buitre.
Este viernes a las 09:15 horas, agentes judiciales tenían previsto el desahucio de 3 familias de Bilbao, residentes en el número 3 de la calle Mena. Por este motivo se había convocado una concentración ruidosa a partir de las 8,30 de la mañana en la entrada al portal, ubicado a 50 metros de la estación de Cercanías de Renfe en Zabalburu.
Desde primeras horas de la mañana , la Ertzaintza ya tenía cortado los accesos a todo el inmueble con un fuerte dispositivo policial, con policías antidisturbios incluidos. Las familias afectadas por este desahucio no tenían adonde ir y no son las responsables de esta situación: estas familias han estado como arrendatarias de estas viviendas desde 2011 con un contrato de 5 años, pagando la renta sin retrasos y han cumplido sus obligaciones en el mantenimiento de la vivienda.
Las medidas que se han aprobado este lunes, sirve para encauzar una problemática que cada vez afecta a más personas en alquiler social, ya que se pone límite a los desahucios que practica Alokabide, por imposibilidad objetiva de hacer frente a la deuda. Se establece un marco para hacer frente a la deudas y hacerlas asumibles. Las familias no destinarán más del 30% de la renta al alquiler público, y se incluye en ese porcentaje las tasas y gastos fijos de la comunidad.
Otro de los puntos fundamentales es que la renta a destinar por los y las inquilinas se revisará anualmente al alza o a la baja, en función de los ingresos de la unidad convivencial.
El Parlamento ha aprobado los siguientes puntos:
1. Adaptar la orden del 3 de noviembre de 2010 y sus respectivos reglamentos a fin de que el precio por metro cuadrado de las viviendas de alquiler se adecúe realmente a la bajada sufrida en el precio de mercado.
Se denuncia que el G.V. no tiene ningún control sobre los gestores de las viviendas públicas y que el consejero Aburto mintió en comisión parlamentaria de 17 de Diciembre al afirmar, que Alokabide no desahucia a nadie por motivos económicos, cuando ya se han producido 2 desahucios en Bizkaia.
Se denuncia el incumplimiento de los compromisos adquiridos por el consejero Aburto en comisión parlamentaria, se denuncia que Alokabide incumple los acuerdos pactados con las personas en alquiler, con dificultades aconómicas.
Se denuncia además, la complicidad del Sr. Aburto con la consejera de Interior, por la utilización de la Ertzaintza para llevar a cabo los desalojos, así como la hostilidad y brutalidad de ésta. La retirada forzada de muebles de las personas desahuciadas, obligando al pago de este servicio, para la recuperación de los mismos.
Mediante una concentración realizada hoy a las puertas del palacio de Justicia de Bilbao, la P.A.H. Kaleratzerik Ez denuncia la política de alquileres del Gobierno Vasco y la nefasta gestión de ALOKABIDE al imponer una legislación obsoleta , injusta y sin que se pueda tener lugar el diálogo y la negociación.
Se denuncia el desahucio de Javier ejecutado duramente mediante porrazos por la Ertzaintza , el lunes día 17 de Marzo en Barakaldo, a pesar del intento de impedirlo por parte de varias personas de la P.A.H.. Se denuncia la falta de diálogo de este organismo pagado por la ciudadanía, que ante la propuesta de negociar una forma de pagar la deuda, sigue el mismo comportamiento que la banca privada.
Se pide un cambio en la normativa que de soluciones a las familias con problemas para efectuar los pagos, con propuestas concretas y urgentes, cuando la situación lo requiera, antes del desahucio. Que no se utilice a la Ertzaintza en contra de la ciudadanía. Se denuncia que las VPO son una malversación del dinero público, que deben de ser viviendas en alquiler social, con una legislación justa y no un negocio para las distintas sociedades Públicas del G.V..
con su escrito relativo al desahucio de Anastasia y sus hijos en el barrio de Zabalgana hemos de decirle lo siguiente