Mutatis mutandis, el paralelismo entre esos dos artículos 135, apartado 2 añadido, no deja de ser elocuente del oportunismo de las respectivas percepciones políticas, según quién tenga el poder.
El PP va a llevar otra vez al Tribunal Constitucional (TC) una norma legal salida del Parlament, ahora prevaliéndose de sus competencias como gobierno de la nación. Será la segunda vez que utilice al máximo garante de los derechos y libertades (el “legislador negativo”, que decía Kelsen) como pírrico defensor del régimen, argumentando razón de Estado. Y lo hace para impugnar una disposición que precisamente trae causa de aquella otra embestida del T.C. que dejó hecho unos zorros al Estatut refrendado en referéndum por los catalanes. Ahora se trata de la reforma del artículo 135, apartado 2, del Reglamento de la Cámara para permitir promulgar las leyes de desconexión por el procedimiento de urgencia, deprisa y corriendo, y en una única lectura, sin necesidad de que lo soliciten todos los grupos representados.
