El estado de alarma derivado de la alerta sanitaria por la Covid 19, ha propiciado un hito sin precedentes en el tejido económico mundial, que ha venido a evidenciar lo que de manera perseverante se viene manifestando desde CGT, en particular, y el anarcosindicalismo en general: la necesidad de establecer un modelo socioeconómico en el que, de manera objetiva, la riqueza obtenida mediante la explotación y espoliación de los recursos, sea redistribuida de forma equitativa.
La evolución tecnológica se impone, con vertiginoso ritmo, avanzando hacia la reconversión en la industria 4.0, cuya consecuencia directa se traduce en un permanente goteo de cierres de empresas, deslocalizaciones industriales, la pauperización del trabajo asalariado y niveles inasumibles de desempleo estructural. La redistribución del tiempo de trabajo se alza como la única respuesta posible como forma de contención del sangrado social.
En el actual contexto pandémico, la contención del empleo se ha ejercido, a través del proteccionismo del estado, mediante los ERTEs. Una medida extraordinaria de aplicación ceñida al contexto sanitario, de fuerza mayor, que no se prorrogará de manera infinita y que no evitará la vuelta de tuerca en lo que, técnicamente, el capitalismo denomina como “ajustes del sistema”. Es decir: aumento del desempleo e incremento de la precarización del trabajo. La estrategia especulativa del capitalismo es una aberración que aboca a las familias al desabastecimiento de lo más básico, a la precarización de la sociedad teniendo como consecuencia final la esclavitud extrema. El empleo precario como forma de manutención, sin derecho a nada.
El capitalismo especulativo, de tinte neoliberal, pretende, utilizando el miedo, sumergirnos de nuevo en un tiempo de incertidumbre. Nos dice que los derechos laborales son privilegio, que constituyen el principal factor del colapso porque impiden el crecimiento económico. Hace uso de la coyuntura sanitaria para amedrentar a la ciudadanía con el fantasma de la destrucción de empleo; paralelamente, comienza a lanzar globos sonda en torno a la necesidad de adaptar la jornada de trabajo. Reconocen que no hay otra salida que utilizar adecuadamente el binomio tiempo de trabajo y beneficios. Pero persistiendo en el error, tratan de adaptar el concepto de reparto con un objetivo distinto al que, históricamente, hemos planteado. Es una realidad, la disminución de la jornada se atisba en el horizonte.
Los gurús económicos liberales prevén la inmediatez del apocalipsis y punto de no retorno. La CEOE estima un crecimiento del desempleo hasta el 20%, es decir, por encima de los cuatro millos de personas. Aunque, evidentemente, son cifras coyunturales, lo cierto es que la tasa de desempleo estructural, generada por la crisis financiera de 2007, se había situado en tres millones. La tasa de crecimiento económico para el segmento de los países con economías más avanzadas prevista por el Banco Mundial para 2020, se situaba, antes de la llegada de la COVID-19, en el 1.4% y el 2.5% mundial, con un crecimiento al 4.1% de las economías emergentes.
Estos datos son suficientes para certificar la debilidad de un sistema, que ya venía mostrando signos de estrés y que no da más de sí. Pensamos que, frente al colapso, no existe alternativa fuera de la acción solidaria, hacer efectiva nuestra fuerza y ser proactivos en la consecución de la redistribución de la riqueza, comenzando por el reparto del trabajo que genera.
Hace ya 100 años que se instauró la jornada laboral de 8 horas/día, 40 horas semanales. La situación laboral ha cambiado mucho desde entonces. Todas las mejoras técnicas que se han introducido en este tiempo en las empresas, la mayoría de ellas subvencionadas desde el erario público, únicamente han servido para aumentar sus beneficios. En ningún caso se han utilizado para buscar una mejoría en las condiciones laborales y mucho menos del empleo.
La crisis del sistema, con un alcance desigual entre las capas de clase, tiene una afección transversal que no se puede negar. Por ello la salida de este escenario de constante presión económica, de total incertidumbre, pasa por una contribución sustancial de los beneficios, reinvertidos en el principal capital de las empresas: las personas. Hasta ahora se han dedicado a buscar amparo en la implicación de los gobiernos, que no dudan en incentivar directa e indirectamente, con la justificación del retorno vía impuestos. Es decir, lo comido por lo servido. El reparto del empleo se ha de ver como una fórmula diferente en esa implicación institucional, incentivando la apuesta redistributiva del trabajo, como contribución social efectiva.
La reivindicación histórica de las 30 horas semanales es el camino a seguir. Aplicando las fórmulas oportunas, la reducción de la jornada tiene como consecuencia directa una drástica reducción del absentismo; conlleva igualmente una mejora de la rátio productiva. Esta combinación generaría, en términos generales, un 25% más de empleo sin poner en riesgo la viabilidad de las empresas, y una contribución directa al mantenimiento de los salarios. La generación de empleo que supone esta medida, tiene un beneficio directo en las arcas públicas mediante el ahorro en las aportaciones para el mantenimiento del empleo al mismo tiempo que se reducen las prestaciones por desempleo, entre otros beneficios.
Por todo esto, desde C.G.T., insistimos en la necesidad de avanzar en la adopción de medidas que fomenten el reparto, al tiempo que hacemos un llamamiento, a los agentes sociales y la clase trabajadora, para hacer común este objetivo netamente social.
Secretaría de Acción sindical de CGT-LKN Bizkaia