Manifestación estatal en Madrid el 10 Junio por el cierre de las centrales nucleares

Convocada por el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) del cual formamos parte muchos de los colectivos que estamos en la lucha contra Garoña. La manifestación es de 18:00 a 20:30 h. tiene como objetivo de reivindicar la no renovación de los permisos nucleares, lo que significa el desmantelamiento de Garoña, el cierre de Almaraz, Vandellós, Cofrents, Ascó y Trillo, y el abandono de los proyectos del cementerio nuclear de Cuenca, la minería de uranio en Salamanca y la ampliación del Cabril.

Un cierre nuclear imprescindible para alcanzar un horizonte 100% renovable. Ya existen soluciones y solamente es necesario ponerlas en marcha, la energía nuclear impide el despliegue renovable, por lo que el próximo 10 de Junio diremos alto y claro.

Se está pensando en poner un autobús desde el norte. La propuesta inicial sería salir de Bilbao, pasar por Gasteiz y Burgos. Todo dependerá del interés de la gente, y de dónde se llene. Para apuntarse ponerse en contacto con: Ekologistak Martxan

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ADMISIÓN A TRÁMITE DENUNCIA JUDICIAL CONTRA LANBIDE

El pasado viernes 19 de mayo se dictó resolución de admisión a trámite desde el “Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Gasteiz”. De la denuncia judicial formulada desde diferentes colectivos sociales de Bizkaia presentada contra Lanbide contra los «Criterios de Lanbide en materia de Renta de Garantía de Ingresos», de 7 de abril de 2017.

 Desde los juzgados de lo contencioso-administrativo se acepta el fundamento jurídico en la demanda planteada contra Lanbide y “se declara válida la comparecencia y se admite a trámite el recurso, que se sustanciará por el procedimiento ordinario previsto en el Capítulo I del Título IV de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa”. Por lo que el juzgado de lo contencioso da un plazo de 20 días a Lanbide para responder a este recurso y remita el conveniente expediente.

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CGT-LKN apoya críticamente el paro convocado el 23 de mayo en la enseñanza pública no universitaria en la CAPV contra la aplicación de la LOMCE y contra los recortes

Vemos indispensable que para cualquier convocatoria de huelga, movilización o en lo referente a definir las reivindicaciones que se llevarán a una supuesta mesa de negociación se ha de contar con la participación directa y activa de todos los trabajadores y trabajadoras -a través de un proceso asambleario-. De hecho, además de los sindicatos, nosotras, como clase trabajadora, asumimos nuestra responsabilidad e incluso, a veces culpa, de parte de lo que está pasando en nuestro sector.

Las convocatorias de movilización han de ser lo más plurales y unificadas posibles (de sindicatos, uniendo a todos los movimientos y asociaciones vinculadas con la educación, tomando en cuenta a padres, madres y alumnado, trabajadores de los Servicios Sociales, así como a la plantilla de la educación privada/concertada), dejando de una vez la eterna pelea política de unos sindicatos y otros. Por un lado, demostraríamos frente a la administración una gran fuerza. además, las movilizaciones parciales y divididas no traen a la clase trabajadora más que cansancio, desesperación, lejanía para con la lucha sindical y, por tanto, lo que más tememos, que es la desmovilización total.

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Las imputadas de Som 27 i més ante la apertura del juicio oral y el embargo de 511.835,05 € para asegurar las responsabilidades civiles

La pasada semana, el grupo de imputadas de Som 27 i més tuvimos constancia de la apertura del juicio oral dentro del caso, confirmando la continuidad de un proceso judicial represivo en el qué 25 estudiantes, 1 miembro del profesorado y 1 del PAS están siendo perseguidos por el hecho de haberse atrevido a reclamar al equipo de gobierno de la UAB que cumpliera con los compromisos aprobados en el claustro y que suponían parar una subida de tasas que aleja todavía más la universidad de las clases populares y de los principios y valores que tendrían que regir las instituciones públicas.

La fase del proceso judicial que ahora se abre añade una nueva carga contra las personas imputadas: la petición de una fianza por la cantidad de 511.835,05 euros, que serán embargados a las acusadas para asegurar que se cubre la responsabilidad civil. Esta cantidad desorbitada de dinero no se sustenta en ninguna justificación, sino que contradice absolutamente las afirmaciones de la UAB, que cifró los posibles daños en poco más de 10.000 euros.

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PP, PSOE, Ciudadanos, PNV y PDeCAT se oponen en el Congreso a que el Constitucional estudie si el CETA es adecuado a la Constitucional

Tras este rechazo se pone en marcha el proceso en las Cortes para que España ratifique el CETA. La Mesa del Congreso, con el apoyo de PP, PNV, PSOE y Ciudadanos, rechazó primero siquiera cursar la iniciativa de Unidos Podemos, incluso contra el criterio de los letrados de la Cámara. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, rectificó su propia decisión y permitió que la propuesta se calificara.

La fórmula utilizada por Unidos Podemos de enmienda a la totalidad, se ha debatido y rechazado el Pleno esta mañana y ha recabado 81 votos a favor, 262 en contra y una abstención.

Por otro lado Unidos Podemos  ha presentado una moción para que se elevara al Constitucional el articulado referido a los arbitrajes entre empresas y estados cuando haya una discrepancia. Algo que, según ha denunciado el hoy portavoz de Unidos Podemos, Pablo Bustinduy, deja fuera a los tribunales de justicia ordinarios. El recurso previo ha cosechado 86 votos a favor y 258 en contra.

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Más de 2.000 personas se han manifestado esta tarde en Gasteiz para denunciar el ataque contra Errekaleor

En un comunicado leído tras la manifestación de esta tarde se ha denunciado «la actitud violenta» de la Ertzaintza. «Ha respondido con violencia a nuestra resistencia pacífica, y ha dejado varias personas heridas por el camino», han destacado antes de subrayar que existe una responsabilidad política de esta actuación. «Mientras Gorka Urtaran hace un falso llamado al diálogo y a la negociación, manda a su policía a golpearnos. Exigimos que acepte su responsabilidad y que dé la cara, porque casos de violencia policial como el de hoy no pueden quedarse sin consecuencias».

Además: «El día de hoy ha sido una demostración de fuerza, y hemos mostrado el apoyo que tiene Errekaleor. Gracias a vosotras, aunque nos hayan cortado la luz, el día de hoy ha sido una victoria», han destacado en el comunicado, en el que se hace un llamamiento a: «Urtaran, no juegues sucio, tenemos claro que no nos quieres en el barrio y, como la situación judicial no te ayuda, habéis repetido la misma jugada de la luz», han añadido.

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Dos personas detenidas en el cerco de la Ertzaintza al barrio ocupado de Errekaleor de Vitoria

A las 10,00 h. varias dotaciones de la Ertzaintza han cercado este jueves el barrio ocupado de Errekaleor (Vitoria-Gasteiz) junto con operarios de Iberdrola que deben realizar «trabajos de tipo eléctrico», mientras personas de este proyecto autogestionado se han encadenadoy concentrado a las puertas de unos de los edificios para evitarlo mediante una acción de «resistencia pacífica».

 La Ertzaintza ha comenzado a desalojar a los jóvenes, dos de los cuales han sido detenidos acusados de atentado y resistencia a la autoridad. Además, se abrirán diligencias contra otras dos personas en calidad de investigados. Varias personas han sido igualmente identificadas.

Asimismo, se ha establecido un cordón policial a la entrada del barrio, y no se permite el acceso al mismo. Los edificios del barrio Errekaleor son de titularidad municipal desde marzo de 2016, y el gobierno que dirige Gorka Urtaran del PNV tiene abierto un procedimiento para su desalojo.

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PNV,PP, PSOE y Ciudadanos tienen previsto aprobar hoy el CETA: Concentración hoy en Bilbao, 19:00 h. en la plaza del Arriaga

La apisonadora parlamentaria de los principales partidos prorégimen y prosistema servirá para aprobar un tratado entre Canadá y la Unión Europea que favorece los intereses de las grandes multinacionales, reduce el poder de los Estados frente a ellas y somete a los ciudadanos y la clase trabajadora a una nueva ola neoliberal de pérdida de derechos.

El pleno del Congreso de los Diputados vivirá este jueves un proceso de votación particular. Primero decidirá si aprueba o no el Acuerdo Económico y Comercial Global entre Canadá y la Unión Europea (CETA) y después votará si lo envía o no al Tribunal Constitucional para que determine si el tratado cumple o no la constitucionalidad.

Un proceso extraño para muchos de los detractores del acuerdo, que consideran que el orden de votación debería ser contrario al que se va a llevar a cabo. “Primero debería ser la Justicia quien determinara si el CETA cumple o no con la legalidad, y días después el Congreso quien votara su aprobación o rechazo”, aseguran varias organizaciones como No al TTIP.

Sin embargo, la Mesa del Congreso ya ha determinado el orden y será, precisamente, lo primero que se vote mañana en el hemiciclo. A las nueve de la mañana, los partidos políticos están llamados a posicionarse sobre un controvertido acuerdo que probablemente no hayan leído muchos diputados. Son más de 1.700 páginas de información técnica.

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Colectivos sociales de Bizkaia denuncian judicialmente a Lanbide por los criterios para el acceso a la RGI

En el contexto del anuncio por parte del Gobierno Vasco, de que el miércoles día 31 de Mayo la Consejera de Empleo y Política Sociales Beatriz Artolazabal presentaba su proyecto de reforma integral de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), estos colectivos sociales han presentado una denuncia por  vulneración del principio de legalidad, al establecer nuevos requisitos y obligaciones a las personas perceptoras que requerirían una modificación de la “LEY 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social”.

Se recurrirán en instancias judiciales 28 de los 75 criterios que Lanbide tiene publicados por considerar 17 de ellos contrarios a la Ley y el resto porque necesitan ser regulados mediante Decreto publicado en el BOPV y no mediante una circular interna.

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Los sindicatos CGT, LAB y ELA de Volkswagen Navarra consideran el Acuerdo de Empleo como » corrupto», «oscuro» y de «mercadeo»

Firmado por representantes de la dirección de Volkswagen Navarra y los sindicatos UGT, CC.OO. y CGC es un acuerdo para los procesos de selección y contratación de personal (hasta 500) en la planta de Landaben ante futuras necesidades para la fabricación del nuevo Polo y del segundo modelo; prevé la formación de una bolsa de empleo y detalla los procesos de contrataciones eventuales e indefinidas.

LAB, CGT y ELA han quedado fuera de este acuerdo, que vincula las futuras contrataciones a las necesidades derivadas del programa productivo y concreta la creación de una Comisión de Empleo (con representantes de la dirección y de los trabajadores), a la que se informará de la evolución de la nueva bolsa de empleo, la contratación de personal eventual y la contratación indefinida.

En rueda de prensa ELA, LAB y CGT han denunciado que tanto las Secciones Sindicales de UGT, CCOO como de CGC han incumplido lo pactado en el Comité el 29 de Septiembre de 2016 por unanimidad ya que el acuerdo debería ser: público, verificable, transparente, con pleno conocimiento de la plantilla, basado en las Directivas Europeas, así como Normativas y Legislación laboral vigente, siendo todo el proceso supervisado y controlado por el Comité de empresa.

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El 27 de mayo, ven a la manifestación de Madrid de Las Marchas de la Dignidad con el Bloque Combativo de Clase

El 27 de Mayo volvemos a  las calles junto a los miles de compañeros y compañeras que desde todo el estado español vendrán ese día a manifestarse. Volvemos a la calle porque no hay cambio sin lucha obrera.

Salimos a la calle  para exigir:

  • La DEROGACIÓN DE LAS REFORMAS LABORALES, porque queremos salarios dignos, empleo estable y renta básica.
  • La DEFENSA DE LAS PENSIONES PÚBLICAS, porque son un derecho y no un negocio, y deben estar a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, como lo estaban hasta los nefastos Pactos de Toledo.
  • PARA DEFENDER LO PUBLICO, lo común, porque nos toca a todos y todas. Remunicipalización de los Servicios públicos.
  • Porque queremos que los recursos se dediquen a crear empleo, a la sanidad y la educación pública, a la ayuda a la dependencia… y NO A PAGAR LA DEUDA de los banqueros, especuladores y corruptos. Fuera de aquí la Unión Europea y el FMI.
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ESCUELA LIBERTARIA DE CGT EN RUESTA : Del 29 de Junio al 2 de julio del 2017

Un año más la CGT abre su Escuela Libertaria de Verano un espacio de encuentro y discusión, de aprendizaje y esparcimiento, en el que todas podamos aportar nuestras experiencias y saberes para enriquecernos mutuamente. Este año bajo el lema: Servicios Públicos, Transnacionales, Paro y Precariedad.

En los últimos años, estamos asistiendo a la aceleración del ataque de la globalización capitalista que, a través de las Transnacionales, realiza sobre los servicios públicos susceptibles de general beneficios. El saqueo de los bienes comunes, provoca exclusión, paro y precariedad, condenando al 90% de la población a la pobreza.

Ante esta situación este año la Escuela Libertaria de CGT, a través de cuatro talleres, vamos a reflexionar y  debatir cuales deben ser las respuestas de CGT, las alternativas y estrategias de lucha a esta problemática.

¿Cómo nos organizamos?

Este puede ser un primer esquema organizativo del día:

 09 a 10h: Desayuno (incluye organizar el cuarto, ducha,…)

 10 a 14h: Talleres

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CGT-LKN apoya críticamente los paros convocados para los días 16 y 23 de mayo en la enseñanza pública no universitaria en la CAPV contra la aplicación de la LOMCE y contra los recortes

Por la derogación de la LOMCE, por el incremento presupuestario destinado a la educación pública, por conseguir la recuperación de las plantillas docentes, el freno a la privatización del sistema educativo, la bajada de ratios de alumnado por aula, recuperar todas las medidas de inclusión y atención a la diversidad y un acuerdo social por un pacto educativo donde la comunidad educativa sea su protagonista principal.

Por la estabilidad del profesorado interino: No al límite de 3 años ( según el proyecto de presupuestos del Estado para 2017), garantías de estabilidad laboral indefinida, evitar la precariedad, no a la rotación, igualdad de oportunidades para la conciliación de la vida personal y laboral que los funcionarios de carrera.

Criticamos el sectarismo de la convocatoria ya que vemos que es imprescindible que todas las centrales sindicales convoquen una huelga de mínimos, sobre todo si se quiere que dichas convocatorias tengan éxito. Es necesario dar una imagen de unidad frente a las imposiciones de los gobiernos español y vasco; de lo contrario no es posible hacerles frente de una manera efectiva. Criticamos la falta de información y de un proceso asambleario donde se decidan las reivindicaciones y movilizaciones por la comunidad escolar.

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Un libro con motivo del VI Aniversario del 15M: «Somos el 99%, una historia, una crisis, un movimiento», del antropólogo y anarquista estadounidense David Graeber

El presente libro, por tanto, no versa solo sobre Occupy Wall Street sino sobre la posibilidad de la democracia en Estados Unidos y, lo que es más, sobre la apertura de la imaginación radical que hizo posible Occupy.

La visión global se basa en una suerte de fe en que la democracia directa es contagiosa, sin líderes, donde las personas se escuchan de verdad unas a otras y llegan a una decisión inteligente de forma colectiva sin ninguna clase de coacción o imposición.

Toda la comunidad activista terminó coincidiendo con la idea de la política prefigurativa, en la que la forma organizativa adoptado por un grupo de activistas ha de encarnar el tipo de sociedad que se desea crear. El sueño del contaminacionismo, del contagio democrático sorprendentemente empezó a funcionar.

¿Porqué una protesta de jóvenes educados aunque endeudados tocó la fibra sensible de la clase trabajadora de EE.UU. de un modo que había sido impensable antes?

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El laudo de la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) obliga a España a compensar a dos multinacionales con 128 millones de euros más intereses.

Este es un mínimo ejemplo de lo que puede suponer la aprobación del CETA donde las grandes empresas se beneficien de unos tribunales privados diseñados para defender sus intereses económicos por encima de los derechos humanos, engrasando la máquina que traspasa dinero público a manos privadas.

La Ciadi considera que España ha violado el artículo 10 de la Carta de la Energía, privando de un trato justo y equitativo a la multinacional británica al transformar el marco regulatorio que ha recortado los ingresos de las energías renovables y no admite recurso. No obstante, el tribunal ha estimado parcialmente las reclamaciones de los demandantes, que solicitaban a España más de 300 millones de euros.

La denuncia es posible debido a la firma de un tratado de energía que contempla el polémico mecanismo de arbitraje de diferencias entre inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés). De esta manera, los inversores extranjeros pueden denunciar a un Estado ante un tribunal de arbitraje privado para reclamar una compensación cuando sientan que sus derechos han sido vulnerados. Una situación que suele ocurrir, precisamente, cuando un Gobierno aplica o modifica una legislación que afecta directamente a los beneficios de las empresas multinacionales.

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PP, PSOE, PNV y C’s imponen la tramitación del CETA en el Congreso el próximo jueves día 18

Según el periódico Público, esta semana, la Junta de Portavoces acordó que el tratado comercial entre la Unión Europea y Canadá  (CETA) se vote en el Pleno del próximo jueves 18, para después ser trasladado al Senado, donde la mayoría absoluta del Partido Popular garantiza que también logrará luz verde.

La ratificación del acuerdo, se votará el mismo día en que se considera la cuestión previa de constitucionalidad, planteada por el grupo parlamentario de Unidos Podemos, iniciativa que permitiría pedir al Tribunal Constitucional que analice si el CETA vulnera las disposiciones de la Carta Magna, como denuncian Unidos Podemos y cientos de organizaciones sociales, sindicales y civiles.

Estas organizaciones insisten en que a todas luces el acuerdo supone una pérdida de soberanía evidente, entre otros motivos por el recurso a los polémicos tribunales de arbitraje, a los que sólo pueden acceder las empresas inversoras, obviando los canales judiciales nacionales.

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