Confederación General del Trabajo – Lanaren Konfederakunde Nagusia
La presencia de la clase trabajadora en las calles, ya era necesaria antes de la pandemia de Covid-19 por la situación de injusticia social existente, pero tras estas semanas de confinamiento, y ante la crisis socioeconómica que se ha generado, es urgente volver a tomar el pulso a la calle para continuar reivindicando derechos y libertades.
Tras la declaración del Estado de Alarma y la consiguiente eliminación de las prestaciones de Servicios a Bordo en los trenes AVE y Larga Distancia, la empresa Ferrovial estableció un ERTE para la plantilla que prestaba estos servicios. Una vez que se ha anunciado el Plan de Desescalada, y más concretamente en los aspectos que regulan el transporte ferroviario, la vuelta a la normalidad parece que no va a pasar por el restablecimiento de los servicios a bordo ni la parte de logística que complementa esta prestación.
Para el presidente de Inditex, Pablo Isla; «la economía española lo que necesita es ser más flexible y competitiva, no introducir rigideces que sean negativas para la creación de empleo». La patronal pretende que no se deroguen las reformas de Zapatero y Rajoy. Pero lo que resulta es que lo que está funcionando a la patronal es: la «flexibilidad» es decir; la precariedad del empleo, el miedo al despido, el despido barato, los bajos salarios, los ERTEs y los EREs a medida, sin control, los convenios sin renovar, la posibilidad del descuelgue de los convenios, las bonificaciones a la seguridad social, etc.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha fallado declarando fija a una funcionaria interina que llevaba 12 años trabajando de manera temporal en el Ayuntamiento de Alicante. La sentencia remarca aspectos que desde la sección sindical de CGT en el Ayuntamiento se llevan demandando desde hace tiempo, junto a la Plataforma de temporales de larga duración, por el déficit estructural de plantilla, que arrastra el Ayuntamiento, con el consiguiente abuso del empleo temporal y la consecuencia lógica de no cumplir con la obligación de ejecutar la oferta de empleo público en el plazo máximo de 3 años.
De nada sirve que ELA y LAB se manifiesten por toda Euskal Herria contra el capitalismo, con consignas muy sociales y proclamando anteponer a las personas por encima de todo, si luego sus secciones sindicales (que son las que realmente tienen el poder de llevar a cabo los cambios que reivindican en público) se doblegan en los despachos y firman acuerdos tan humillantes y perjudiciales para los trabajadores como el de ZF-TRW.
Si un contrato temporal afectado durante estos meses por un ERTE, es denunciado y declarado en fraude de ley, además de pagar mayor indemnización por el despido, la empresa deberá devolver las cotizaciones “perdonadas”. Nueve de cada diez nuevas contrataciones son temporales, y casi todas están hechas en fraude de ley.
Si la dirección de Nissan mantiene su decisión de marcharse después de los 170 millones de ayudas públicas de los últimos años, es porque ha sido incapaz de gestionar decentemente una empresa de esta magnitud. Por contra, si todos los sindicatos defendemos firmemente y con movilizaciones contundentes la retirada del cierre, estaremos más cerca de conseguir mantener la planta. Y si tampoco rectifica Nissan, tendremos que presionar a los Gobiernos para que se nacionalice la fábrica, o incluso se socialice para que los trabajadores y trabajadoras demostremos que podemos autogestionar la producción de vehículos con una tecnología sostenible. Lo que sea, pero no podemos aceptar que 23.000 familias se queden sin futuro de un plumazo.
El sindicalista de CGT Antonio O’Connor se ha convertido en uno de los protagonistas involuntarios de la investigación abierta por prevaricación en un juzgado de Madrid contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por permitir la manifestación del 8M. La manipulación de su declaración en el informe de la Guardia Civil enviado a la jueza que instruye la causa es un ejemplo más de las imprecisiones de ese documento, que defiende la tesis de que el Gobierno autorizó la marcha del 8M y trató de desconvocar otras por la puerta de atrás con criterios arbitrarios consciente del riesgo que corría la población pero sin avisar de él.
La Confederación General del Trabajo (CGT) ha emitido un comunicado en el que desmiente todas las aseveraciones realizadas por medios e instituciones del Estado español en relación a las causas por las que, el pasado 10 de marzo, la organización llevó a cabo la desconvocatoria de una concentración en el marco de la semana de lucha por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
La Guardia Civil manipuló la declaración de un testigo en el marco de la investigación judicial contra el Gobierno por autorizar la celebración de la manifestación del Día Internacional de la Mujer. El informe elaborado por el instituto armado en calidad de policía judicial y que ha resultado clave para la imputación del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, atribuye a la COVID-19 la causa de la desconvocatoria que llevó a cabo el sindicato CGT de una concentración en Collado Villalba (Madrid) dos días antes del 8M, pese a que no es cierto.
Con la coartada de Reforzar los ingresos de los trabajadores en ERTE (93.000 en Bizkaia, 65.000 en Gipuzkoa y 41.000 en Araba), la patronal CC.OO. y UGT de Euskadi, están negociando un complemento general, a cargo de Lanbide, es decir de fondos públicos, para hacer que todos los trabajadores en ERTE alcancen un umbral mínimo de ingresos, 22.000 euros anuales según fuentes de UGT y CC.OO.. Además en estas negociaciones, se están pactado otra serie una serie de medidas, donde el complemento para los ERTE iría dentro del paquete de incentivos para hacer frente a la crisis a corto plazo (Más incentivos para las empresas, algunas con enormes beneficios)
Desde la Secretaría de Formación del Comité Confederal de CGT, seguimos impulsando los distintos cursos formativos descentralizados gracias al enorme interés mostrado por nuestras afiliadas y afiliados. Si bien el carácter presencial de los cursos descentralizados fomentaba la proximidad y cercanía entre las personas afiliadas y sindicatos a través de la formación, lo cierto es que este nuevo escenario nos obliga a seguir con los cursos online, perdiendo así algunos de sus rasgos esenciales y tan importantes en la labor sindical, pero que recuperamos tan pronto como sea posible.
Porque NUESTRA SALUD NO TIENE PRECIO y desde siempre hemos estado luchando para que los beneficios de las empresas no estén por encima de nuestra salud y de nuestras vidas. Este lema se reafirma aun más en esta crisis. Al principio, nuestra exigencia por la realización de test a las plantillas era prioritaria. Pero no podíamos permitir que se realizaran test masivos en empresas no esenciales, cuando en el sistema sanitario no se estaban realizando a todo el personal.
