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  • El Gobierno choca con la resistencia a su política económica con eje en los pensionistas

    Este fin de semana el movimiento de rechazo a la política del Gobierno del Partido Popular en materia de pensiones ha dado un salto cualitativo. Las movilizaciones de los pensionistas se han convertido en los hechos en un movimiento de resistencia contra la política económica del Gobierno que no sólo cuestiona las decisiones sobre pensiones sino en general un plan económico basado en la precariedad laboral.

    Hace falta estar ciego para no percibir que el creciente malestar en la sociedad es lo que estalla por cualquier incidente, como lo ha puesto de relieve la muerte de un inmigrante en el barrio de Lavapiés en Madrid en condición de irregular a pesar de doce años de estancia en el país. La magnitud de las manifestaciones ha tenido la entidad de los grandes movimientos de masas de los últimos 20 años en España.

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  • Millones de pensionistas hemos salido a la calle periódicamente en protesta por la subida del 0,25%, reclamando la subida automática del IPC y demandando una pensión mínima por encima de los 1.000 euros. Pero lo que realmente está en peligro no son las pensiones, que están garantizadas según el Artículo 50 de la Constitución, sino el sistema público de Seguridad social, garantía del derecho a una pensión de jubilación digna.

    Las distintas leyes de reforma del sistema de Seguridad Social en lo relativo a Pensiones, más allá de garantizar la consolidación de nuestro sistema público, universal y solidario, están  suponiendo el desmantelamiento del mismo.

    La Ley 27/2011 de Zapatero, pactada entre casi todas las fuerzas políticas y los sindicatos del régimen, con una aplicación sostenida en el tiempo hasta el año 2027, además de la jubilación a los 67 años, supondrá una rebaja media en torno al 20%. La Ley 23/2013 del PP con la aplicación anual del Índice de Revalorización  (0,25%) está mermando alarmantemente el poder adquisitivo de las pensiones actuales y con la aplicación para 2019 del factor de sostenibilidad, supondrá una pérdida adicional de otro 20%.

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  • El sindicalismo de concertación es cada vez más irrelevante, con un modelo que no puede ofrecer de ninguna forma satisfacciones para la clase trabajadora. Ni aunque quisieran podrían, teniendo en cuenta el desequilibrio de fuerzas en las mesas de negociaciones, hecho al que suman una renuncia de hacer algo para reducirlo.

    Lo que podríamos denominar modelo sindical de concertación está en una profunda crisis de proyecto desde hace tiempo. Una crisis que tiene muchos factores, con elementos comunes con la decadencia de la socialdemocracia clásica a nivel europeo, a pesar de que no tiene por qué significar un descalabro inminente de afiliación en estos sindicatos.

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