Confederación General del Trabajo – Lanaren Konfederakunde Nagusia
La Vicepresidencia de Derechos Sociales y el Ministerio de Transportes cierran el acuerdo para prohibir todos los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional durante el estado de alarma. Las compensaciones a grandes tenedores de vivienda solo se abonarán en el supuesto de que el arrendador pueda demostrar perjuicio económico.
La definición del «contexto eutanásico» que justifica jurídicamente la eutanasia, distingue nítidamente ésta del auxilio al suicidio. Este auxilio se le puede prestar a alguien que se encuentre en perfecto estado de salud. Esa no es una situación de eutanasia. Para que concurra ésta el sujeto debe encontrarse en una situación vital de precariedad que la Proposición de Ley define de manera bastante amplia en su artículo 3, que incluye no sólo situaciones de padecimiento físico sino también aquellas otras que suponen un grave sufrimiento psíquico.
El gobierno galo eliminó el proyecto de ley que pretendía castigar el derecho a grabar a los policías en acción y represión, afirmó el jefe del partido del presidente Emmanuel Macron este lunes 30 de noviembre.
El pasado 19 de noviembre fue aprobada por la mínima en el Congreso la LOMLOE, la “nueva ley educativa” conocida ya como Ley Celaá. Ahora tendrá que pasar por el Senado y volver al Congreso para ser ratificada definitivamente y promulgada.
En rigor, no estamos ante una nueva ley que plantee una revisión integral del sistema educativo, sino, como bien se explica en la exposición de motivos, ante una modificación de la Ley Orgánica de Educación de 2006 (LOE), que, en lo esencial, vuelve a estar vigente con algunos retoques y actualizaciones tras el paréntesis de la LOMCE
Lo que llaman libertad es que todos paguemos sus privilegios y que sus hijos no se mezclen con los hijos de la plebe. Son liberales a costa del Estado y clasistas a costa de las demás clases.
El problema de las críticas de la derecha a la nueva ley de Educación es que son falsas. Dicen cosas de la ley que la ley no dice. Ni desaparece la Educación Especial ni queda desprotegido el español ni se coartan las libertades de nadie. ¡Libertad, libertad!, gritaban aporreando el escaño en el Congreso la semana pasada y el cláxon en la mani sobre ruedas del fin de semana.
El 18 de noviembre de 2011, un Real Decreto aprobado por el gobierno de Zapatero (RD 1698/2011) abría la esperanza para que la situación del sector de trabajadoras y trabajadores que desempeñan puestos de trabajo con un alto índice de penosidad, toxicidad, peligrosidad, morbilidad y mortalidad, fuera reconocida, y que mediante ese RD, se aplicaran Coeficientes Reductores en su edad de jubilación.
Salvo el artículo que hablaba de las grabaciones «no autorizadas» a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los magistrados dan luz verde a casi toda la norma, incluidas las devoluciones en caliente de inmigrantes y las sanciones por disturbios en las concentraciones, así como los cacheos que implican el desnudo integral.
La campaña de la derecha está en los medios, en las redes, en la calle, y también en Congreso de los Diputados, con el pataleo del PP, Vox y Ciudadanos gritando «libertad», libertad para acabar con la educación pública, libertad para extender la enseñanza concertada con fondos públicos, libertad para imponer la religión católica en las aulas públicas, libertad para segregar por razón de clase o de género, libertad para marginar las lenguas cooficiales del país.
Grupos parlamentarios como EH Bildu piden al Ejecutivo compromisos en este sentido en el marco de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2021, un proyecto que la semana pasada superó el debate de totalidad y que ahora enfila la fase de enmiendas. Fuentes conocedoras del contenido de las negociaciones entre el Gobierno y las formaciones que no plantearon enmiendas de devolución del texto admiten que el tema de la reforma laboral estuvo sobre la mesa en estas conversaciones, pero que no hay nada cerrado.
Ha pasado prácticamente desapercibida fuera de los medios valencianos, pero la sentencia 3138/2020 del Tribunal Supremo no tiene una afectación exclusiva en esta autonomía. Ni mucho menos. En su fallo, que genera jurisprudencia en toda España, el alto tribunal desestima dos recursos de la Generalitat a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) del 2018 que obliga a mantener el concierto a las unidades de bachillerato de dos colegios privados –el muy elitista El Pilar, de València, y La Salle, de Paterna-, a pesar de no ser estos tramos de educación obligatoria.
La manifestante, Montserrat Laguna Guzmán, fue una de las personas que acudieron a la convocatoria por la Asociación Parad@s en Movimiento de Valladolid para protestar contra los recortes presupuestarios en el contexto de la crisis económica. Una vez concluida la movilización, que había sido comunicada previamente, un grupo de entre 50 y 60 continuó de forma espontánea con la marcha hasta detenerse frente a un restaurante donde había unos políticos comiendo y desplegaron una pancarta en la que podía leerse Stop a la criminalización de la protesta social.
En una sentencia notificada el 2 de octubre de 2020, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional da la razón a la CGT y destapa el vergonzoso comportamiento de las secciones sindicales de CCOO, UGT y a USO, que participación en una negociación secreta y oscura durante el mes de abril de 2020, coordinándose con Teleperformance, sin exigir el cumplimiento de la libertad sindical que obligaba a la participación de la CGT y suscribiendo un acuerdo nefasto para la plantilla que la Audiencia Nacional anula y deja sin efecto.
El 15MpaRato, la iniciativa ciudadana que llevó a los tribunales la salida a bolsa de Bankia, ha dirigido una petición al Gobierno y a los grupos políticos para que “ocho años de lucha de la sociedad civil no hayan sido en balde” después de que hoy la Audiencia Nacional haya absuelto a los 34 acusados en el juicio, incluyendo al expresidente Rodrigo Rato. La plataforma pide que se cambien las leyes “para proteger la población española de la gestión financiera y sistémica irresponsable para con el interés general”.
