Categoría: Legislación Laboral

Este proyecto de ley se encuentra ya en las Cortes Generales. Los grupos mayoritarios del Parlamento Vasco, acordaron una enmienda transaccional suscrita entre socialistas, PNV y EH Bildu, donde se solicitaba la retirada por parte del Gobierno de España del Anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración local y le instaba a abrir un proceso de negociación.

Ahora el PNV  ha decidido retirar la enmienda a la totalidad, porque dicen han conseguido  que no se aplique en Euskadi el proyecto de Ley de reforma de la administración local, por la aplicación de la carta foral (Una buena forma de celebrar el 76 aniversario del “Pacto de Santoña”). Dicen que creen  haber conseguido «un colchón» y han considerado que su acuerdo favorece a los ayuntamientos vascos.

La Reforma Local supone un «atentado muy serio contra los derechos de las personas” y el desmantelamiento del actual sistema administrativo de pueblos y ciudades. Los Ayuntamientos dejarán de ser instituciones autónomas de gobierno local para ser meros gestores.

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Con en apoyo del PNV y CIU el PP hace unos días ha sacado adelante la Ley de Trasparencia en el Congreso y está pendiente del trámite del Senado. El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental reconocido el pasado 25 de junio por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por lo que estos partidos (nacionalistas y de derechas) están en contra del control de los poderes por los ciudadanos.

El Gobierno ha dejado clara su intención de no reconocer el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental. Se sostiene para ello en valoraciones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo anteriores a 2003 que no tratan en profundidad el asunto de si la Constitución incluye, en el ámbito de la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información. Así ha sido reconocido en muchos países de nuestro entorno y en entidades internacionales de Derechos Humanos.

De hecho, esta postura nos sitúa por debajo de los estándares internacionalmente reconocidos que rigen la transparencia y el derecho a la información y de ser aprobada la ley como está acabaría ocupando la posición 72 de 96 en la lista de países con leyes de acceso a la información.

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Con la última Reforma Laboral, si un convenio acaba su vigencia, ya no se prorrogará hasta que se firme uno nuevo. Desde el 1 de Enero, el plazo para llegar a un acuerdo es de un año. Transcurrido un año desde la denuncia del convenio colectivo sin que se haya acordado uno nuevo o dictado un laudo arbitral, aquél perderá, salvo pacto en contrario, vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior que fuera de aplicación o bien se quedará sin convenio.

El fin de la ultraactividad es un duro golpe, a la negociación colectiva y coloca a los/as trabajadores/as, en una situación de inferioridad con respecto al empresario, que solamente deberá esperar a finalizar el año, para liquidar todas los derechos laborales conseguidos en la empresa.

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Una orden de Hacienda autoriza sobresueldos por objetivos siempre que los ingresos totales “no lleguen al doble” de la retribución fija.

Los presidentes de AENA, Renfe, Loterías o Correos tienen un sueldo base de 105.000 euros año que puede llegar a 209.999 con los complementos.

Dentro de su programa de «austeridad y reformas», el 17 de febrero de 2012, el Consejo de Ministros aprobó con gran publicidad una rebaja de entre un 25% y un 30% en «la parte fija de los salarios» de los altos directivos de las empresas y entidades públicas. Tan solo dos meses después, el 12 de abril, y utilizando un procedimiento administrativo sigiloso, casi clandestino, la «orden ministerial comunicada» que solo se remite a los departamentos afectados, el Ministerio de Hacienda aprobó el «régimen retributivo de los máximos responsables y directivos del sector público empresarial y otras entidades».

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