Confederación General del Trabajo – Lanaren Konfederakunde Nagusia
La medida posibilita que hagan propuestas para “motivar” altas médicas, aunque la decisión última la tomará siempre un médico.Total un nuevo avance de los sectores del capital sobre los derechos de trabajadoras y trabajadores.Las mutuas controlarán bajas de trabajadores y trabajadoras desde el primer día |
| Descargar guía defensa Mutuas |
| VER VIDEO |
El gobierno prepara una reforma laboral encubierta del sector público.
Si se aprueba, nos dejará a los trabajadores precarios del sector público sin prácticamente derechos y con la posibilidad de ser despedidos a precio de saldo.
La propuesta de reforma ha entrado directamente en el Senado y podría ser aprobada en menos de un mes.
El despido se configura como una causa de extinción del contrato de trabajo que produce efectos directos e inmediatossobre la relación de trabajo, con la lógica consecuencia del cese de las obligaciones recíprocas derivadas del contrato de trabajo.
En el “sistema legal”, el despido se rige por el principio de causalidad, lo cual quiere decir que el empresario sólo puede decidir el despido si cuenta para ello con una causa justa o justificada, esto es, una causa prevista y tipificada a tales efectos por el ET, ello no quiere decir que la realidad que conocemos sea otra, por cuanto tod@s sabemos que actualmente el despido es libre y la causa normalmente casi siempre falsa. Es más con el actual sistema, aun demostrando la inexistencia de la causa, lo más que se logrará es la calificación de un despido improcedente, siendo la opción del empresario la readmisión o no del trabajador
Reproducimos el texto introductorio al informe elaborado por Amnistía Internacional que expone sus motivos de preocupación en torno a las restricciones impuestas al derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica en el contexto de las manifestaciones celebradas en los últimos años.
Los proyectos de reforma legislativa pueden suponer además un duro golpe a la protesta pacífica. No podemos consentirlo.
No podemos consentir que muchos manifestantes pacíficos estén pagando un alto precio por ejercer sus derechos humanos.
La Coordinadora 25S había convocado una concentración en la Plaza de Neptuno para hoy miércoles 11 a las 12:30h, bajo el lema “Monarquía ¡¡ABOLICIÓN!! El pueblo decide”, con carácter pacífico, para dar expresión a un sector muy importante de la sociedad que quiere ser consultado sobre la forma de Estado, pero también sobre otras cuestiones claves que afectan a nuestra vida, tal como son el modelo económico, el modelo territorial o de relaciones internacionales.
La convocatoria era perfectamente conocida por la Delegación del Gobierno, porque tuvo una difusión significativa en los medios de comunicación. No pueden por tanto alegar que no estaba comunicada.
Desde dos horas antes del momento previsto para el inicio de la concentración en Neptuno, todas las bocas de metro y las calles adyacentes a la referida plaza, estaban tomadas por las fuerzas de las Unidades de Intervención Policial, con un despliegue de 50 furgonetas con sus correspondientes dotaciones así como al menos una docena de patrullas a caballo y un helicóptero. El objetivo de este desproporcionado y costosísimo, desde el punto de vista económico, despliegue policial, era impedir que una concentración pacífica y democrática de ciudadanos y ciudadanas se llevara adelante.
El TTIP afectaría a la seguridad alimentaria, los derechos de privacidad y protección de datos, las normas sociales y laborales y leyes de protección ambiental. La coalición europea opina que el tratado está siendo negociado únicamente en nombre de los intereses de las grandes corporaciones, mercados financieros e industrias, a expensas de la ciudadanía.
¿Hasta cuándo sin derechos?Es la presidenta y principal accionista de la empresa Seguriber, encargada de la vigilancia del Madrid Arena la noche que fallecieron cinco jóvenes que asistían a una fiesta de Halloween, y consejera de Indra. De tendencia muy neoliberal, de lo que hace orgullosa gala. Ha pedido así al Gobierno una “segunda vuelta” de la reforma laboral que tendría que ir acompañada, en su opinión, de una mayor reducción de empleos en la Administración Pública y de una rebaja de cotizaciones para las empresas, en el marco de la reforma fiscal.
A principios de año, los trabajadores de Seguriber se movilizaron para protestar por la constante “degradación” de sus condiciones laborales. Algo que no puede sorprender a la vista sus ideas.
Seguriber es una empresa cuya actividad principal es la seguridad, actualmente emplea a 6.000 personas, con una facturación de 150 millones de euros. Sus clientes son fundamentalmente la administración y las grandes empresas. Suministran sistemas de localización de dispositivos móviles y televigilancia. Entre sus clientes está la multinacional Indra.
Las medidas que se han aprobado este lunes, sirve para encauzar una problemática que cada vez afecta a más personas en alquiler social, ya que se pone límite a los desahucios que practica Alokabide, por imposibilidad objetiva de hacer frente a la deuda. Se establece un marco para hacer frente a la deudas y hacerlas asumibles. Las familias no destinarán más del 30% de la renta al alquiler público, y se incluye en ese porcentaje las tasas y gastos fijos de la comunidad.
Otro de los puntos fundamentales es que la renta a destinar por los y las inquilinas se revisará anualmente al alza o a la baja, en función de los ingresos de la unidad convivencial.
El Parlamento ha aprobado los siguientes puntos:
1. Adaptar la orden del 3 de noviembre de 2010 y sus respectivos reglamentos a fin de que el precio por metro cuadrado de las viviendas de alquiler se adecúe realmente a la bajada sufrida en el precio de mercado.
El BOE de 1 de marzo 2014, alumbra un nuevo RDL, el 3/2014, que garantiza a los empresarios, a todos, grandes, medianos y pequeños, que nos pueden aún sobreexplotar más y a menor coste.
Este “decretazo”, sobrepasa cualquier límite de lo que es la indecencia política, para adentrarse en los métodos mafiosos y en la acepción más literal del término. Con la fuerza de las “armas legales” (BOE) que da el poder, nos roban de lo público unos 7.000 Millones de euros en los próximos 24 meses, a partir del 1 de marzo 2014 hasta el 1 de marzo de 2016.
La propaganda mediática, vendida en los circos del parlamentarismo, en el pasado “debate de la nación”, utiliza la mentira al presentar a la sociedad una “recuperación económica”, cuando ésta, no sólo es incierta (si de toda la economía habláramos), sino que a la recuperación que se refieren es a la de las grandes empresas1 (transnacionales la mayor parte) y a los poderosos que dominan realmente la economía global. Nada que ver con la condición social de las personas y sus economías de empleo, rentas salariales, pensiones, y de sus condiciones de vida, sanidad, educación, libertad, justicia…
El Consejo del Poder Judicial considera de dudosa constitucional muchos de los artículos más controvertidos del anteproyecto de Ley para la Protección de la Seguridad Ciudadana y propone su supresión o una nueva redacción. El informe elaborado por dos vocales y que dentro de un mes votará el pleno del Consejo, plantea que el texto elaborado por el Ministerio del Interior, que dirige Jorge Fernández Díaz, establece criterios “excesivamente amplios” para justificar la intervención policial y rechaza que la mera sospecha sobre la posibilidad de que se produzcan perturbaciones justifique la denuncia de una autoridad o empleado público.
Los redactores del informe sostienen que la regulación de la identificación de personas, es de “dudosa constitucionalidad” así como la posibilidad de practicar detenciones por “faltas penales o infracciones administrativas”. Los vocales cuestionan que se pueda realizar un cacheo “para sancionar una infracción”, además de considerar “incompleta e imprecisa” esta práctica, al no excluir “los desnudos, siquiera parciales”. También rechaza que empresas y empleados de seguridad privada colaboren en disolver reuniones y manifestaciones. Y para los menores de edad se recomiendan sanciones reeducadoras, no económicas. Y ve excesivo penalizar los llamados escraches.
Cientos de personas han salido a la calle convocadas por 32 colectivos sociales, políticos y sindicales en protesta por los «recortes» de los derechos civiles y las libertades, que contempla el anteproyecto de ley de Seguridad ciudadana, conocido como «ley mordaza», que supone una vuelta atrás hacia un neofranquismo, que nos recuerda aquel intento de golpe de estado del 23 de Febrero de 1981.
La manifestación partió de la plaza Moyúa hacia la gran Vía, ayuntamiento, casco viejo, para finalizar en la plaza del Arriga, donde se entonó el Agurre Zaharra (L’estaca) de Lluís Llach, versión de Gorka Knörr. Los colectivos convocantes han denunciado con esta manifestación un nuevo intento del PP. para imponer un estado de excepción permanente.
El PP no se contenta con el recorte de derechos sociales y laborales, no tienen bastante con controlar la vida de las personas con la nueva ley del aborto que quieren imponer, o la ya recientemente aprobada ley de educación(LOMCE). Tratan de imponer una dictadura de nuevo cuño con el recorte de los derechos fundamentales de manifestación, opinión, reunión y huelga.
Hoy ha tenido lugar en la Bolsa de Bilbao, la presentación de la convocatoria de la manifestación del Domingo día 23 de Febrero, contra la denominada «Ley Mordaza», convocada por 32 colectivos sociales, políticos y sindicales, que saldrá a las 12:00 h. de la plaza Moyua de Bilbao harta la plaza del Arriaga.
El Objetivo de esta manifestación es denunciar los próximos cambios legislativos de la Ley de Seguridad Ciudadana y el Código Penal que pretende aplicar el gobierno español. Denunciamos que mediante estos cambios el Gobierno español pretende limitar y criminalizar el derecho a la manifestación y la protesta, de ahí el lema elegido para la manifestación «NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA».
Los ponentes de esta rueda de prensa han sido las siguientes personas: Pedro Ibarra: Catedrático jubilado de Ciencias políticas. Nekane García: Abogada de SOS racismo y Begoña Barrutia: Abogada de la P.A.H Kaleraterik Ez.
