El Gobierno de Rajoy ha presentado el día 4 de Octubre en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social. Este proyecto plantea en el Capítulo I, el Factor de Sostenibilidad de la pensión de jubilación que entrará en vigor el 1 de Enero de 1919 y en el Capítulo II el Índice de Revalorización de las pensiones, que entrará en vigor con la publicación en el BOE.
Mediante el factor de sostenibilidad se determinará el importe inicial de las nuevas pensiones de jubilación. Es una fórmula matemática para ligar automáticamente las cuantías de las pensiones a las tablas de mortalidad de la población pensionista, tomando la edad de 67 años como edad de referencia.
El Índice de Revalorización de las pensiones también es una fórmula matemática, en función de los ingresos, gastos y la pensión media, donde se garantiza una subida anual del 0,25%. Es decir un sistema para el recorte drástico de las pensiones actuales, ya que la revalorización no se realiza en función del IPC, como hasta ahora.
Desde la clase política y empresarial y sobre todo desde las entidades financieras, vienen propagando desde hace muchos años la mentira de que las pensiones públicas son insostenibles. Lo que está por detrás es la liquidación diferida de las pensiones públicas y abrir el gran negocio de las pensiones privadas para la banca y las compañías de seguros.
Las pensiones son sostenibles si se distribuye bien la riqueza. Nuestro nivel de riqueza es cercano al promedio de la Unión Europea de los 15 y sin embargo, el gasto social per cápita es solo el 77% del promedio de la UE-15. Si nos gastásemos el porcentaje de gasto social que nos corresponde por nuestro nivel de riqueza, deberíamos gastarnos 55.000 millones más de euros de los que nos gastamos.
También en el gasto en pensiones nos encontramos a la cola de la UE-15. La media de la UE- 15, en inversión social, es del 30.3 de porcentaje sobre el PIB; España se queda en el 25. Un 77% de los pensionistas no llegan a mileuristas. La pensión media asciende a la cantidad de 981 €/mes. Lo que explica que el porcentaje de pobres entre la gente mayor sea del 23% y del 14% entre la población en general.
Desde los años 80, la privatización de las pensiones se ha convertido en uno de los objetivos más importantes de la política neoliberal de instituciones internacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, OCDE,…) y ha sido ampliamente asumida por los gobiernos de la mayoría de países ricos, independientemente de su color político.
Al mismo tiempo se impulsaron “sistemas de pensiones privados” que permitirían completar la pensión pública porque se cuestionaba su sostenibilidad. En estos tiempos de crisis sistémica y recesión, las pensiones públicas se vuelven vulnerables, porque al hecho de hacerlas depender en exclusiva de las cotizaciones sociales se une el aumento del desempleo (menos cotizantes), la devaluación salarial (menos cotizaciones).
Los gobiernos y parlamentos, cuando reforman los sistemas públicos de pensiones, lo hacen para “debilitarlos” y endurecer las condiciones de acceso a los mismo. Además de recortar las prestaciones, al mismo tiempo ponen a disposición de las entidades financieras (gestoras) toda su capacidad legislativa (desgravaciones fiscales) para promocionar las pensiones privadas; en un principio, para completar la “pública” y, al final, para “suplantarla”. ”. Se calcula que el Estado ha dejado de ingresar desde 1996 alrededor de 20.000 millones de euros por los incentivos fiscales a estos planes.
En un sistema mixto nos encontraríamos con que la pensión privada que cobraría el ciudadano por su contribución al fondo de pensiones (parte privada) dependería únicamente de su aportación; por lo tanto, a sueldos bajos corresponderían pensiones bajas. Este sistema mixto contribuiría a incrementar la desigualdad entre rentas altas y medias-bajas.
Defender el “Sistema Público de Pensiones” es incompatible con una práctica sindical que abanderada por los sindicatos mayoritarios a nivel estatal y ELA en el País Vasco, pues se presenta como un logro la extensión y promoción de “fondos de pensión privados” tanto de empresa como individuales. Si en el sector privado este proceder sindical es muy discutible, en el sector público es directamente inaceptable. En el País Vasco los fondos de pensiones Itzarri y Elkarkidetza que afectan a más 100.000 personas, deben desaparecer. Nos dicen que “lo público es de todos/as”, pero se oculta que: “no es para todos/as”.
Las pensiones no son un problema. Llevamos décadas padeciendo el continuo desprestigio de lo público y fomentando un individualismo insolidario y a la larga insostenible. La existencia de la pensión propia depende en gran medida de la existencia de un sistema público potente y saneado que la garantice.
Las pensiones son parte de nuestro salario, son salario diferido, indirecto, como lo es la mal llamada cuota patronal. La cuota del empresario sale de nuestro esfuerzo, por eso no nos podemos dejar engañar cuando se muestra como un avance lo que es un retroceso, esto es, la bajada de las cuotas sociales con la excusa de “crear empleo”.
Alternativas que proponemos:
Un mayor índice de empleo: El camino es el reparto del trabajo mediante la reducción de la jornada y la supresión de las horas extras.
Un nivel salarial suficiente.
Terminar con las subvenciones a las cotizaciones empresariales.
Una mayor calidad de ese empleo.
Una mayor tasa de empleo femenino.
Acabar con la economía sumergida.
Destopar la base máxima de cotización que ahora está en 3.425 €/mes y aumentar la mínima que es de 753 €. 2 Millones de personas superan los topes y no cotizan y por tanto se dedica a otros fines, entre ellos a los planes privados de pensiones.
Sacar a la luz los recursos escondidos en los paraísos fiscales y acabar con el fraude fiscal.
Sumar al gasto social lo que ahora se dedica a defensa, infraestructuras innecesarias, faraonismos varios…y demás recursos que se destinan a asuntos que nada aportan al bien común.
