Una trabajadora recurrió a los tribunales alemanes para reclamar una compensación de 1.296 euros por la diferencia entre el salario que percibió al trabajar para un comercio minorista cedido por una ETT.

Confederación General del Trabajo – Lanaren Konfederakunde Nagusia
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), de acuerdo con la información publicada en el porta Xataka, se ha visto obligada a ajustar sus directrices en consonancia con la normativa europea, lo que implica que cualquier empresa que continúe utilizando sistemas biométricos para el registro de jornada, como el escaneo de huella dactilar, podría enfrentarse a sanciones, independientemente de la legalidad en su instalación.
La Ley contra la discriminación incluye elementos para dará a las personas trabajadoras unas garantías básicas contra la discriminación en el ámbito laboral. La acción sindical puede utilizar esta Ley para fomentar la protección real y efectiva de las víctimas. Ya que los desafíos de la igualdad cambian con la sociedad también deberá hacerlo la respuesta sindical.
La Ley contra la discriminación incluye elementos para dará a las personas trabajadoras unas garantías básicas contra la discriminación en el ámbito labora. La acción sindical puede utilizar esta Ley para fomentar la protección real y efectiva de las víctimas. Ya que los desafíos de la igualdad cambian con la sociedad también deberá hacerlo la respuesta sindical.
Pretende ser una herramienta para lograr una igualdad real y efectiva. La presente Guía se complementa con una serie de documentos elaborados por la CGT a través de los Anexos. Estos se configuran como herramientas que se pueden utilizar en la práctica de cara a facilitar el desarrollo de las diferentes fases del proceso negociador del Plan de Igualdad
Dos sentencias favorables en primera instancia que determinan que es el convenio de Hostelería de Bizkaia el que corresponde aplicar a dos auxiliares de tienda de Telepizza. Ambas han sido recurridas por QSR (Telepizza), y en una de ellas ya nos ha dado la razón el Tribunal Superior de Justicia de Bizkaia.
La posición de la justicia en relación con el uso de cámaras de videovigilancia sin previo aviso para controlar conductas sospechosas de los trabajadores es cada vez más flexible. La casuística es amplia, pero siguen aflorando nuevas variantes: ¿qué pasa si quien instala la cámara es una empresa de detectives privados contratada por la empresa empleadora? Esa es la cuestión que resuelve una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Mujeres, muchas de ellas de origen extranjero, las que han ocupado esos huecos de manera formal y en muchos casos informal, como ya lo hicieron las autóctonas en otros tiempos. La falta de servicios sociales que atiendan determinadas situaciones como la dependencia, el cambio de las estructuras de los hogares, el aumento de familias reestructuradas, monoparentales, la ausencia de redes de apoyo familiares, la reducción en tamaño de las familias, la dispersión geográfica de las mismas, la falta de políticas de corresponsabilidad que permitan la conciliación de la vida laboral y personal, los modelos productivos, etc., hacen que el trabajo en el hogar, tanto las tareas domésticas como las de cuidado, tengan que ser cubiertos con personas que desempeñan un trabajo que merece tener los mismos derechos que el resto, dejan‐ do de ser una relación especial para ser una relación laboral común.
No es incompatible la baja y el trabajo como autónoma: La actividad descrita por la compañía para justificar el despido disciplinario operado no es incompatible con la baja por IT de la trabajadora, ni ha quedado probado que la pluriactividad desarrollada fuera susceptible de interferir en su curación.
La CLASE TRABAJADORA como principal sustento de la HACIENDA PÚBLICA
Ante una crisis como la actual, cuando nuestros servicios y bienes públicos se ven amenazados parece que los argumentos cuestionando el gasto público vuelven a resurgir, despertando así la posibilidad de nuevas políticas de recortes y austeridad.