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NUEVO PACTO DE TOLEDO, OTRA OPORTUNIDAD PERDIDA

por CGT LKN Bizkaia

Los mercados sonríen de nuevo

Debajo de la máscara, así, de buen rollito, ganan los mercados.  Se suavizan las formas, se matizan algunos contenidos, se sofistica el mensaje para que sea más incomprensible para el común de los mortales, pero la intención y el fondo son los mismos: traspasar recursos públicos a la causa privada, hacer negocio con los derechos fundamentales, en este caso, con las pensiones.

Las declaraciones “bien intencionadas” no pueden tapar los verdaderos objetivos que encierran las principales recomendaciones de este apaño, las cuales, por cierto, no son nuevas, se repiten desde el año 1995. Cambian de lugar, se esconden bajo otras recomendaciones  de carácter más técnico, pero el monstruo es demasiado grande como para que pase desapercibido, de hecho es el que más prisa tiene por pasar de ser una mera recomendación a tomar carta de naturaleza en el BOE. Nos referimos a la recomendación estrella, la 16: Sistemas Complementarios. El guiño de la mayoría parlamentaria a los poderes económicos es de doble ojo, no tenemos más, se potencian los  planes de empleo como el gran objetivo,  como la tabla de salvación del sistema, pero llamémosle x o y lo importante se mantiene, quitar recursos al sistema público de pensiones para sumarlos a los fondos y planes privados de pensiones.

Los medios de conformación de masas insisten en lo mismo, con distintas versiones para amenizar el relato y así se vende ahora, como un avance, como el modelo de éxito de la UE, el Inglés, una especie de mochila austriaca más evolucionada, el segundo pilar del sistema que se sustenta en los planes de empresa , el tercer pilar serían los planes  individuales.

El supuesto pedigrí europeo de este segundo pilar no es tal, es una amenaza, una imposición de la Europa de los mercaderes que quiere hacerse con este pastel. Para ello primero utilizan el miedo acudiendo a proclamas  catastrofistas de insostenibilidad del sistema público, luego se busca el enfrentamiento intergeneracional con mensajes donde se acusa al sistema público de comerse los recursos que debían destinarse a las nuevas generaciones, por último se engaña a estas con el falaz argumento de que el futuro de sus pensiones pasa por un modelo “más moderno” que consiste en dejar una parte de su salario en manos “expertas” que harán con el equilibrios y maravillas increíbles en los mercados internacionales.

Diego Valero, de la consultora Novaster, nos lo vende así: Si cuando una persona comienza a trabajar, empieza a destinar parte de su sueldo a un plan de empresa, una pequeña parte, ni se entera”  como en la canción de Potato “se entera o no se entera la clase obrera”. Pellizcar en hueso salarios de miseria solo se le ocurre a quien vive en otro mundo o a quien solo le importa el beneficio por el beneficio a costa de lo que sea y de quien sea.

Los expertos piden copiar el modelo de pensiones británico de forma gradual

Este modelo, de corte muy Inglés, solo existe en países donde el salario medio duplica al  nuestro, pero por esa puerta no se quiere entrar, supondría darle la vuelta en positivo a toda la legislación laboral, nunca es el momento, tampoco para los asalta cielos que siguen colgados de la nube.

Comentamos a continuación algunas de las recomendaciones que consideramos de mayor calado:

 Recomendación 0.

Esta recomendación, a la vista de las siguientes, tiene el valor que la titula: 0. Tras una declaración  en defensa del mantenimiento y mejora del sistema público de pensiones decorada con una posterior enumeración de principios tales como la universalidad, unidad, solidaridad, igualdad y suficiencia, más adelante se llama a la solidaridad intergeneracional e intrageneracional, suficiencia de prestaciones, equidad en el reparto de las cargas y responsabilidad pública en la dirección y gestión del sistema. Todo un repertorio de buenas intenciones que inmediatamente quedan en papel mojado cuando aterrizamos en otras recomendaciones  a las que si se les prepara un mayor recorrido legislativo.

  1. Consolidación de la separación de fuentes y restablecimiento del equilibrio financiero.

Se puede compartir que las cotizaciones se dediquen exclusivamente a pagar pensiones y no a lo que se denomina gastos impropios. También que cuando las cotizaciones no sean suficientes sea el Estado, como garante del sistema, quien asuma ese desfase. En principio nos podría resultar indiferente que las pensiones se paguen vía cotizaciones o vía impuestos, cuando abogamos porque sean las cotizaciones, en estos momentos, las que se encarguen de pagar las pensiones, lo hacemos pensando en las personas que ahora trabajan, nuestra intención es que estas cotizaciones sean suficientes porque los salarios también lo sean, hablamos desde una concepción de clase, clase trabajadora que trabaja, clase trabajadora que trabajó, la misma clase, en todo caso y en todo momento, jubilarse no significa renegar de ella.

Lo que no se puede colar de rondón, en esta recomendación, es aprovechar para sacar del sistema público de pensiones contributivo los incrementos en la base reguladora de la pensión que perciben las personas viudas con menos recursos o mayores de 65 años que no entraron en el mundo laboral y que carecen de rentas, argumentando que estamos ante pensiones asistenciales de carácter no contributivo.

Es un evidente agravio hacía las mujeres que se han encargado, a tiempo completo, de los cuidados y es degradar a estos a una categoría inferior que no les corresponde.

Sin embargo, más adelante, en la recomendación 13ª  Prestaciones de viudedad y orfandad, se mantiene el carácter contributivo de estas: “Esta Comisión defiende el mantenimiento del carácter contributivo de estas prestaciones, y entiende que esta naturaleza básica no puede ser modificada por la adopción de medidas que introduzcan criterios basados en condiciones específicas para el acceso a ellas (edad, renta, hijos, compatibilidades…).”  Luego sugiere que las pensiones de viudedad de beneficiarias mayores de 65 años deben equipararse a la renta disponible anterior al fallecimiento del cónyuge conviviente, lo indica así: “La Comisión considera que la acción protectora debe concentrarse en las personas beneficiarias de la pensión de viudedad con 65 o más años, cuya pensión constituye su principal fuente de ingresos, al objeto de garantizar una situación de renta equiparable a la existente antes del fallecimiento del cónyuge o conviviente. A tal efecto, el mecanismo más adecuado es, en línea con actuaciones previas, la elevación del porcentaje de la base reguladora de la pensión”.

Estas contradicciones parecen motivadas por un intento de conciliar lo irreconciliable, la sensibilidad social y el mercado, o poner una vela a dios y otra al diablo, una equidistancia que a la vista de lo que más adelante expondremos, no es tal.

Con la obsesión por el equilibrio financiero que se recoge en la recomendación primera, causa cierta extrañeza que en la segunda: Mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las pensiones, se pase un tanto de puntillas por el denominado factor de sostenibilidad, o factor de equidad intergeneracional. Quizás la siguiente generalidad aluda a este factor: “… su preservación mediante la adopción de medidas encaminadas a asegurar el equilibrio social y financiero del sistema de pensiones en el futuro”, claro que también se puede referir a que ahora se aceptan subidas con arreglo al IPC y, cuando convenga, se busquen otros factores cuyo fin será recortar el importe de las pensiones del futuro para salvaguardar ese sacrosanto equilibrio financiero.

El factor de sostenibilidad debería haber entrado en vigor a partir del 2019, luego se pospuso hasta el 2023 tras las movilizaciones de los y las pensionistas, y consistía en que cada 5 años se aplicaría a las pensiones que se generen una reducción ligada a la esperanza de vida de los y las pensionistas mayores de 67 años en el quinquenio anterior. Gráficamente el Roto lo clava:

Entendemos que se pasa de puntillas sobre este factor precisamente por su naturaleza. Está ligado a la esperanza de vida y esta, desde los años 40 del siglo anterior no ha dejado de aumentar, pero ahora, por efecto de la pandemia y sus posteriores consecuencias, las propias secuelas del coronavirus más los  efectos negativos del colapso sanitario en el tratamiento de otras patologías, está suponiendo que, según algunos estudios adelantados, la esperanza de vida en el 2020 sufra la mayor caída desde el año 1.937 y nos retrotraiga a las cifras de esperanza de vida de hace 10 años.  Las estimaciones de pérdidas de esperanza de vida entre 2019 y el período anual desde julio de 2019 a julio 2020 sugieren para España una reducción de entre 1,6 y 1,7 años. Ya veremos si esta caída se acentúa en el 2021 fruto de la irrupción de una tercera ola, o bien, se inicia una leve recuperación. En cualquier caso, sería imposible aplicar el factor de sostenibilidad en muchos años si no se descubre el elixir de la eterna juventud con efectos retroactivos.

 

Esperanza de vida y COVID-19

 

Si acudimos a las estadísticas de la seguridad social vemos que las bajas de pensionistas de los meses de abril y mayo han supuesto un aumento de 55.368 con respecto a los mismos meses del año anterior. En junio, julio y agosto el aumento es menor pero vuelve a repuntar a partir de setiembre. Si vemos la diferencia de bajas de pensiones en el periodo de enero a noviembre del 2019 en relación con el mismo período del año 2020 comprobamos que el aumento asciende a 69.944 bajas más en el año 2.020. Falta computar diciembre y los previsibles efectos, en los primeros meses del 2021, de la tercera ola de la pandemia que, por desgracia, llegará.

Bajas de pensiones 2019/2020

Mes                2019              2020      Diferencia

Enero 42.015 35.186 +  6.829
Febrero 56.328 57.225 –      897
Marzo 39.565 43.370 –  3.805
Abril 37.167 69.857 -32.690
Mayo 36.378 49.056 -12.678
Junio 33.679 33.086 +     593
Julio 36.215 38.889 –   2.674
Agosto 32.723 36.578 –   3.855
Setiembre 34.397 41.283 –   6.886
Octubre 37.750 43.078 –   5.328
Noviembre 31.273 39.826 –  8.553

 

Pensiones y pandemia.

Ni los políticos responsables de la firma de los acuerdos del Pacto de Toledo, ni los poderes económicos, ni los mediáticos  hablan de que por primera vez el aumento en el número de pensionistas se ha detenido. En diciembre del año 2019 el número de pensionistas era de 9.801.016, en el mismo mes del 2020 es de 9.809.019, ocho mil pensionistas más cuando la media de aumento en el número de pensionistas de  la última década solía superar los 110.000 pensionistas al año.

Culpabilización de la víctima.

Solo  quien tiene detrás al poder económico puede argumentar, como hace esta comisión en su recomendación 5ª,  que a la hora de hablar sobre la  mejora de las pensiones mínimas se mantenga ” … una estructura y cuantías que no supongan un desincentivo a la cotización”. Por si esto no había quedado claro, en la recomendación 11ª se insiste: “… permitiendo una mejora de las pensiones más bajas que no desincentive el deber de cotizar” y ya, por último, en la recomendación 15ª que habla sobre solidaridad y garantía de suficiencia, se engarza el broche final: La Comisión reitera su apoyo al mantenimiento de las cuantías mínimas para las diferentes modalidades de pensión de nuestro sistema, con objeto de asegurar un umbral mínimo de rentas a todos los pensionistas que no dispongan de rentas alternativas. No obstante, la cuantía de tales complementos no debe ser superior a la cuantía de las pensiones no contributivas vigentes en cada momento para no desincentivar la cotización” . Muestran el ademan de abrir un pelín la mano para subir un poco las pensiones mínimas pero sin pasarse. Se asumen aquí, al menos, dos postulados que demuestran a quien apoya el Pacto de Toledo y sus recomendadores. Primero asumen como algo natural que seis millones de pensionistas, de los que casi cuatro millones son mujeres, perciban pensiones inferiores a los 950 €, a la par se responsabiliza a la persona trabajadora de no haber cotizado más y así disponer de una pensión mayor. La empresa cumple, la clase trabajadora no. No cotizar las horas extras realizadas y no percibidas, sufrir contratos a tiempo parcial para luego realizar jornadas extenuantes, padecer salarios de miseria y cotizaciones de similar naturaleza es culpa de quien trabaja no de quien contrata, así piensa y escribe quien apoya estos vergonzosos pactos.

 

Pensiones contributivas

En este contexto, reivindicar una pensión mínima de 1.084 euros aparece como un dispendio que pone en peligro de muerte al sistema público de pensiones. La justificación no puede ser más perversa y miserable: cómo vamos a permitir pensiones de 1.084 euros cuando existen multitud de salarios que no alcanzan los 800 €, argumentan.  Un mínimo de sentido y sensibilidad social lo tiene claro: también hay que subir los salarios y con ellos las cotizaciones, pero el poder político, portavoz del económico, habla con lengua de serpiente, que diría el añorado Javier Krahe, y califican lo obvio como populismo, chavismo, comunismo y todos los ismos habidos y por haber.

En la recomendación 5ª y en la 12ª  toma carta de naturaleza la reforma del 2011 del PSOE ( Zapatero) CC.OO. y UGT , peor aún, considera que se ha quedado corta, que pasar, a la hora de calcular la base reguladora de la pensión, de 15 a 25 años ya no es suficiente, lo dice así: ” se evaluará la progresiva ampliación del periodo cotizado necesario para alcanzar el cien por cien de la base reguladora, prevista en la Ley”. El ministro del ramo, Jose Luís Escrivá, ya va lanzando globos sonda pidiendo subir el número de años de 25 a 35, quizás para que dejarlo en 30 se asuma como el mejor de los males posibles. Para suavizar el sablazo se habla antes de la posibilidad de elegir los años con cotizaciones más favorables para determinar la base reguladora de la pensión.

¿En qué mundo viven? el problema es que, gracias a la generalizada precariedad laboral, en pocos años, será una hazaña encontrar vidas laborales que lleguen o superen esos 25 años. Añadimos a esto el otro agravio de la reforma del 2011, este es, retrasar, en un país que encabeza las cifras de desempleo juvenil, la edad de jubilación hasta los 67 años, para “expertos economistas” los 70 años ya se quedan cortos. La lógica, por mucho que los economistas adictos al dogma neoliberal miren para otro lado, no puede ser más contundente: los empleos son limitados, los nuevos yacimientos de empleo crean otro tipo de empleo a causa de la implantación de la robótica y las nuevas tecnologías, pero a costa de suprimir muchos más, luego permanecer más tiempo trabajando solo puede suponer limitar la entrada al mundo laboral a la población más joven.

 

El paro juvenil en España crece al 43,9% y encabeza el ranking de los países desarrollados

 

En cuanto a la gestión del sistema que se recoge en la recomendación 8ª se vuelve a insistir en la creación de una Agencia de Seguridad Social, de la cual lleva hablándose cerca de veinte años sin que hasta la fecha haya sido una realidad, las diferencia consistía en que con el PP se la denominaba Agencia Nacional y con el PSOE Agencia Estatal. Tampoco estamos ante una medida que nazca del clamor popular, sí en que se refuercen las menguadas y envejecidas plantillas ahora existentes, ponemos un ejemplo:

PLANTILLA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE SALAMANCA

Hace 5 años la plantilla era de 241, en  2019  de 199. Ha bajado en 5 años un 17,43%.

Lo desglosamos en el siguiente cuadro:

EDAD LABORALES % UPI % IGSS % INSS % TGSS % TOTAL %
+60 5 33,33 1 14,28 3 17,65 20 26,31 29 34,52 58 29,15
55-59 7 46,46 3 42,86 5 29,41 26 34,21 28 33,33 69 34,63
50-54 3 20,00 3 42,86 2 11,76 23 30,26 20 23,81 51 25,63
45-49 0 0 4 23,53 3 3,94 2 2,38 9 4,52
40-44 0 0 1 5,88 2 2,63 4 4,76 7 3,52
35-39 0 0 2 11,76 2 2,63 1 1,19 5 2,51
15 7 17 76 84 199

 

UPI: Unidad Provincial de Informática; IGSS: Intervención General de la Seguridad Social

INSS: Instituto Nacional de la Seguridad Social; TGSS: Tesorería General de la Seguridad Social.

La media de edad supera los 57 años, algo similar ocurre en el resto del estado. Para paliar esta evidente falta de personal se está acudiendo a la privatización de servicios y a la imposición casi dictatorial de la Administración Electrónica como única forma de acceso de la ciudadanía a la Administración. Se llega al extremo de vincular una parte de un concepto retributivo, la productividad por cumplimiento de objetivos, a premiar a aquellos servicios que menos atención presencial presten. Se asumió esa máxima neoliberal según la cual lo que funciona en la empresa privada tiene que funcionar también en el sector público, de ahí la importancia que van adquiriendo los complementos de productividad, ligados, esa es su naturaleza, a criterios de ahorro y la consecuente expulsión de la ciudadanía de las dependencias de la administración pública. La ciudadanía, para los gestores de esta “nueva y moderna” Administración, ha dejado de ser tal para reconvertirse en mera clientela, así figura en los manuales de formación que se imparte al personal de la administración. Se habla de clientes consumidores de servicios, no ciudadanía que acude a poner en práctica los derechos de ciudadanía que les corresponden. El matiz no es inocuo, es de hondo calado. Aquí algunos ejemplos:

Informe estadistico llevadas acavo por Instituto Nacional de la Seguridad Social

Se mantiene, en la recomendación 9ª la supuesta colaboración de las Mutuas con la Seguridad Social. Haber cambiado el nombre de Mutuas Patronales por el de  Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social no les ha hecho perder su naturaleza de entidades que, cada vez con más poder, influyen en la  privatización real del control de la Incapacidad Temporal que antes correspondía al INSS. Primero fue el control de las contingencias profesionales, (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales), ahora también de las contingencias comunes.

La recomendación 14ª ha sido suprimida y su texto se ha integrado, entre paréntesis, en la siguiente recomendación. El contenido tiene relevancia por sí mismo, así que enterrarlo en la siguiente recomendación parece una cesión más hacía quienes se inventan que nuestras pensiones son muy generosas. Esto dice la recomendación suprimida titulada, “Garantía de suficiencia: para lo que pide establecer como posible referencia la tasa de sustitución que relaciona la pensión media del sistema con el salario medio de los trabajadores ocupados y un ámbito territorial de medición comparada que podrían ser los países más avanzados de la Unión Europea”.

Un análisis más pormenorizado requiere la recomendación 16ª, la titulada Sistemas Complementarios. Algo ya esbozamos al inicio de esta exposición. Acudiendo al abrigo-justificación de eso que se llama nuestro entorno Europeo, se ponen las bases para que parte del salario se destine a fondos  de empresa que acabaran, con el beneplácito y complicidad de un sindicalismo institucional domesticado, en manos de las entidades financieras. Se asume ya un cambio del sistema de reparto a un sistema mixto de reparto y capitalización. La existencia de este último solo es posible a costa de reducir el peso del primero.

Mientras en Chile, cuna del sistema de capitalización, se manifiestan para retornar a un sistema de reparto, aquí quieren que poco a poco nos vayamos acercando a aquél.

Cuatro apuntes sobre la realidad del sistema chileno de capitalización: 

Casi el 80% de sus pensiones está por debajo del salario mínimo y el 44%, no supera el umbral de la pobreza. Por contra, en cinco años, entre el 2010 y el 2015, los bancos y aseguradoras duplicaron sus beneficios.

Las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) ingresan mensualmente cerca de 680 millones de euros en cotizaciones, pero solo destinan a pagar pensiones 269 millones.

En el Chile privatizado la tasa de sustitución, esto es, la diferencia entre el último salario y la primera pensión, es del 34%, en el sistema público español, por ahora, ronda el 80%.

En Chile, solo dos colectivos mantienen un sistema público propio,  la gendarmería y el ejército,  los cuales perciben unas pensiones que quintuplican el valor de las pensiones privadas que sufren la inmensa mayoría de la población.

Las pensiones privadas, un fracaso anunciado

 

Las razones por las que fracasa el sistema de pensiones modelo de los liberales

 

Un ejemplo más cercano, el plan de pensiones de la AGE (Administración General de Estado)

Con cerca de 600.000 partícipes es  uno de planes de pensiones de empleo más importantes.

En la comisión promotora del plan participa la propia Administración y los sindicatos UGT, CC.OO. y CSIF.

El 12 de julio de 2004, el BOE publica la adjudicación de los contratistas: Gestión de Previsión y Pensiones S.A. que es una mercantil participada en un 70% por el BBVA y el 30% de las acciones restantes son titularidad de los sindicatos CC.OO. y UGT a partes iguales. Esto es, la Mesa que ha seleccionado a un contratista y ha efectuado la propuesta de adjudicación, estaba integrada por representantes de dos organizaciones que tenían un interés directo en el proceso de selección.

Este plan de pensiones, como todos   busca su rentabilidad en bonos y obligaciones de distintos estados, pero también en empresas de distinto pelaje: Repsol, Iberdrola, Telefónica, Bayer, Inditex, Enagas y muchos bancos, aparte de los nacionales tenemos a J.P. Morgan y a Goldman S.US. banco que está detrás del fraude de las hipotecas subprime y que ocultó la deuda griega factor primordial de su posterior crisis. También encontramos activos como el fondo Morgan Stanley, European Currency, Fidelity Euro High Yield, Invesco Euro Corporate Bond, Robecco High Yield Bonds, Amundi Funds Bond Euro Hifh Yield o Schroeder Japan Select Equities. Todos denominados en euro y todos registrados en sus respectivas sicavs luxemburguesas, todo un paradisiaco lujo fiscal.

El fondo de pensiones de los funcionarios españoles, con 630 millones de euros, también invierte en sicavs

Todos los planes de pensiones, este también, tienen sus correspondientes comisiones de la entidad gestora, comisiones de la entidad depositaria y otros gastos de funcionamiento que alimentan el bolsillo tanto de la entidad, en este caso el BBVA, como de los sindicatos que participan en su gestora.

Similares planes existen en alguna Comunidad Autónoma, Ayuntamientos, grandes empresas y entidades financieras.

Mirándolos desde un punto de vista meramente de rentabilidad, estos planes ya eran una  ruina antes de la pandemia, ahora la ruina es mayor. Su rentabilidad se ha desplomado.

La rentabilidad de los planes de pensiones se desploma por la crisis del coronavirus

Antes de la pandemia:

Pero siempre, antes y ahora quien gana es la Entidad Gestora:

Sean previsores: no se fíen de los planes de pensiones

Para que estos planes gocen de una mayor rentabilidad su inversión ha de acudir también a productos de riesgo, diversificar la inversión y relajar, más bien olvidar, valores éticos o morales a la hora de buscar una inversión más productiva. Acudiendo a esta lógica inhumana, insolidaria y criminal concluiremos que los planes de pensiones alcanzarán un mayor beneficio a costa de degradar  las condiciones laborales, sociales o medioambientales de personas y lugares que se encuentran a miles de kilómetros, que no se vea, que no salpique. Estos productos son también expertos en eludir obligaciones fiscales, son enemigos del bien común y fieles amantes de atesorar cada vez más recursos en menos manos. Planes de pensiones, sea cual sea su naturaleza, y reparto de la riqueza son conceptos antagónicos. A esto nos conduce, a la postre, alejarnos del sistema público de pensiones que es finalista, las cotización pagan pensiones sin intermediarios interesados, sin acudir al casino  especulativo, al juego bursátil, al negocio a costa de lo que sea.

La tutela del Estado, a que alude esta recomendación, tampoco es una garantía, menos aún cuando la propia recomendación nos dice que estos planes habrán de ser prioritariamente, sin ánimo de lucro. Nos cuentan, de nuevo, el cuento del escorpión y la rana y nada muestra que el escorpión haya perdido su aguijón y su veneno. Ahora falta demostrar que no vamos a representar, de nuevo, el papel de la rana confiada.

No creen en lo público, ni siquiera en su democracia liberal. Se quiere alejar del ámbito político el tema de las pensiones públicas como si se tratara de algo meramente técnico, de una herramienta de un solo uso, y para ello se muestra un consenso parlamentario, el cual, con una gran dosis de cara dura, se quiere imponer a la sociedad. Esto ya no hace falta votarlo, las pensiones son así y no pueden ser de otra manera.

Si creyeran en el sistema público de pensiones el camino solo puede pasar por conseguir sumar más recursos  al mismo. Ya existe, si se quiere, la posibilidad de suscribir convenios especiales con la seguridad social, pero tampoco esto es necesario, es preferible mantener la unidad del sistema y dentro de lo público, dividirlo en múltiples pilares y planes de empleo es, para quienes creemos en el bien común, un error estratégico, una diversificación reivindicativa que tiene muchas posibilidades de conducir al fracaso. La unidad de la lucha siempre tiene más oportunidades de éxito.

Santiago Herranz Castro.

 

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