En el contexto del anuncio por parte del Gobierno Vasco, de que el miércoles día 31 de Mayo la Consejera de Empleo y Política Sociales Beatriz Artolazabal presentaba su proyecto de reforma integral de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), estos colectivos sociales han presentado una denuncia por vulneración del principio de legalidad, al establecer nuevos requisitos y obligaciones a las personas perceptoras que requerirían una modificación de la “LEY 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social”.
Se recurrirán en instancias judiciales 28 de los 75 criterios que Lanbide tiene publicados por considerar 17 de ellos contrarios a la Ley y el resto porque necesitan ser regulados mediante Decreto publicado en el BOPV y no mediante una circular interna.