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CCOO, UGT y CSIF firman un acuerdo de empleo público a espaldas de los trabajadores que sólo reducirá la temporalidad

Lo cierto es que no se creará nuevo empleo público, puesto que éste ya existe, y por lo tanto no se recuperará el empleo recortado en los últimos años. Y, lo que es más grave, los trabajadores públicos volverán a perder por enésima vez poder adquisitivo puesto que el mismo Montoro ya ha anunciado que los presupuesto sólo contemplarán un incremento del 1% en 2017, cuando el IPC fue del 3% el año anterior.

Los sindicatos del régimen (CCOO y UGT) al que en este caso hay que sumar al reaccionario y corporativista CSIF acaban de firmar con el gobierno a través del ministro Montoro el aval a su política de empleo: ¿Qué necesidad había de firmar un pacto cuando el gobierno pretende incluir la medida de reducción de la inaceptable temporalidad en sus presupuestos? Es el juego habitual a que nos tienen acostumbrados: intentar justificar su papel engañando a lxs trabajadorxs con supuestas migajas conseguidas con su buena gestión.

Lo cierto es que no se creará nuevo empleo público, puesto que éste ya existe, y por lo tanto no se recuperará el empleo recortado en los últimos años. Y, lo que es más grave, los trabajadores públicos volverán a perder por enésima vez poder  adquisitivo puesto que el mismo Montoro ya ha anunciado que los presupuesto sólo contemplarán un incremento del 1% en 2017, cuando el IPC fue del 3% el año anterior.

Parece evidente que lo que conviene a los trabajadores son otras medidas: creación de nuevo empleo público estable que mejore las condiciones laborales de los trabajadores, mejore la calidad de los servicios públicos y reduzca el paro (y no sólo disminuir la abusiva temporalidad actual como contempla el acuerdo firmado), y la recuperación del poder adquisitivo perdido con el establecimiento de una cláusula de revisión salarial automática que actualice los salarios con el IPC real. Para lograrlo es evidente que sólo hay un camino: la movilización sostenida y contundente del conjunto del sector público, apoyada en la participación activa de los trabajadores en la toma de decisiones. Un planteamiento que choca frontalmente, como muestra la evidencia, con la política de los sindicatos burocráticos y de gestión firmantes del acuerdo.

Fuente: Kaos. Laboral y Economía

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