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  • El pasado viernes 19 de mayo se dictó resolución de admisión a trámite desde el “Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Gasteiz”. De la denuncia judicial formulada desde diferentes colectivos sociales de Bizkaia presentada contra Lanbide contra los «Criterios de Lanbide en materia de Renta de Garantía de Ingresos», de 7 de abril de 2017.

     Desde los juzgados de lo contencioso-administrativo se acepta el fundamento jurídico en la demanda planteada contra Lanbide y “se declara válida la comparecencia y se admite a trámite el recurso, que se sustanciará por el procedimiento ordinario previsto en el Capítulo I del Título IV de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa”. Por lo que el juzgado de lo contencioso da un plazo de 20 días a Lanbide para responder a este recurso y remita el conveniente expediente.

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  • En el contexto del anuncio por parte del Gobierno Vasco, de que el miércoles día 31 de Mayo la Consejera de Empleo y Política Sociales Beatriz Artolazabal presentaba su proyecto de reforma integral de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), estos colectivos sociales han presentado una denuncia por  vulneración del principio de legalidad, al establecer nuevos requisitos y obligaciones a las personas perceptoras que requerirían una modificación de la “LEY 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social”.

    Se recurrirán en instancias judiciales 28 de los 75 criterios que Lanbide tiene publicados por considerar 17 de ellos contrarios a la Ley y el resto porque necesitan ser regulados mediante Decreto publicado en el BOPV y no mediante una circular interna.

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  • Por la derogación de la LOMCE, por el incremento presupuestario destinado a la educación pública, por conseguir la recuperación de las plantillas docentes, el freno a la privatización del sistema educativo, la bajada de ratios de alumnado por aula, recuperar todas las medidas de inclusión y atención a la diversidad y un acuerdo social por un pacto educativo donde la comunidad educativa sea su protagonista principal.

    Por la estabilidad del profesorado interino: No al límite de 3 años ( según el proyecto de presupuestos del Estado para 2017), garantías de estabilidad laboral indefinida, evitar la precariedad, no a la rotación, igualdad de oportunidades para la conciliación de la vida personal y laboral que los funcionarios de carrera.

    Criticamos el sectarismo de la convocatoria ya que vemos que es imprescindible que todas las centrales sindicales convoquen una huelga de mínimos, sobre todo si se quiere que dichas convocatorias tengan éxito. Es necesario dar una imagen de unidad frente a las imposiciones de los gobiernos español y vasco; de lo contrario no es posible hacerles frente de una manera efectiva. Criticamos la falta de información y de un proceso asambleario donde se decidan las reivindicaciones y movilizaciones por la comunidad escolar.

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  • Convocada por Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria y apoyada por diversos colectivos sociales y sindicales, esta manifestación tiene como objetivo exigir al Gobierno Vasco, el cumplimiento de la Ley de 2008 para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social por la que se vincula la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y otras prestaciones sociales al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), por ser un derecho subjetivo, fruto de la movilización social.

    Según estudios del propio Gobierno Vasco en estos años de crisis han aumentado los índices de pobreza, exclusión o dificultades para llegar a fin de mes; tanto entre quienes tienen un empleo como entre aquellas familias que se encuentran desempleadas. Ello se debe, entre otras razones, a esta política de recortes en las prestaciones sociales. Esta es la dramática consecuencia de una decisión política que apuesta por no garantizar a las personas unos ingresos mínimos que puedan facilitar una vida un poco más digna.

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  • Presentado por Juan Antonio Gómez Liébana (Coood.).

    La transparencia de este ensayo se refleja ya desde su título. Aunque no se haya colgado semejante cartel en hospitales y centros de salud, cuando se habla de “gestión clínica”, “modernización”, “colaboración público-privada” o “externalización”, se entrevé que la sanidad pública está en venta; pero solo aquellas partes rentables, que pueden satisfacer los intereses económicos de las empresas del sector.

    Desde el sistema de citas médicas hasta las bolsas de sangre, pasando por los propios datos clínicos o enfermedades, pueden ser un negocio. Y va más allá, porque con el sistema de gestión clínica se responsabiliza a los propios profesionales médicos de la reducción del gasto a cambio de suculentos incentivos, en algunos casos de hasta 40.000 euros anuales. “Las consecuencias, dramáticas, son bien perceptibles en materia de incrementos en la mortalidad y en la presencia de determinadas enfermedades, de desnutrición, de suicidios o de abandono de los ancianos”, recuerda Carlos Taibo en el prólogo.

    Los autores conocen de primera mano las cifras y estrategias de la privatización y su repercusión, pero también han formado parte de las luchas por la salud. Así, este libro recoge las experiencias de aquellos profesionales comprometidos que han buscado alternativas, tanto en las diferentes comunidades españolas, como en Grecia o Francia. Van más allá de la defensa de un sistema sanitario universal y de calidad ya que no hay salud colectiva sin la democratización real del sistema en su conjunto y, por supuesto, sin una actuación decidida sobre los “productores de enfermedad

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  • En rueda de prensa los sindicatos han mostrado su apoyo a la manifestación del sábado, 25 de marzo, que se celebrará en Donostia a favor de la alternativa y en contra la incineración.

    Para dar a conocer su apoyo al Movimiento en Contra de la Incineración,  han dado la rueda de prensa en el Ayuntamiento de Donostiacon el siguiente contenido:

    Los sindicatos aquí reunidos nos dirigimos a la sociedad en general y especialmente a l@s trabajador@s para expresarles que:

    No aceptamos que desde la Diputación se nos imponga una planta de incineración por las siguientes razones:

    • Según indican diferentes investigaciones, las incineradoras son perjudiciales para la salud de las personas en un amplio radio a causa de las dioxinas y metales pesados que emiten. Aumenta el número de cánceres, malformaciones congénitas, problemas respiratorios, etc. La salud de l@s trabajador@s de ese entorno se vería igualmente afectada, y no se pueden olvidar los accidentes que ocurren en estas instalaciones, por el peligro directo para l@s trabajador@s y por el aumento de contaminación.
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  • La huelga de hoy en Euskotren, está convocada por los sindicatos y apoyada por la sección sindical de CGT, responde a un intento de la dirección de obligar a retirar mediante denuncias el formato de movilización adoptado por los trabajadores de trenes de Guipuzkoa.

    Esta dirección ha exigido que se renuncie a este tipo de medidas de presión ya que los más de 60 paros parciales que llevan en Gipuzkoa les está molestando.

    El 1 de marzo se celebraba el juicio contra el comité de empresa, el comité de huelga y sindicatos. Ante tal despropósito se ha optado por enviar un mensaje claro y contundente que dice que no estamos dispuestos a dejarnos amedrentar por tales tácticas coactivas.

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  • El Gobierno Vasco ha aprobado este un proyecto de presupuestos para 2017 que asciende a 11.059,7 millones de euros, lo que supone un aumento del 1,2% respecto al año pasado (126 millones más) que beneficia notablemente al empresariado vasco, un empresario que ante una posible subida de impuestos ha conseguido que la administración diera marcha atrás

    Lo que demuestra una“actitud del Gobierno de Urkullu de sumisión al empresariado vasco“: los beneficios de las empresas aumentan cada año su disparidad con las rentas salariales, la última bajada del Impuesto de Sociedades, y el aumento de los beneficios fiscales hace que de cada 100 euros que se espera recaudar en 2016 en Hego Euskal Herria solamente 8,3 serán pagados por las empresas, frente al 14,45 de 2008″ (Según Nekane Jurado)

    Con el objetivo según el gobierno vasco de  “impulsar” la economía, es decir de subsidiar a las empresas vascas, el Gobierno asigna 1.042 millones al Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, lo que supone un incremento de 29 millones respecto al año pasado (un 2,9% más), con una apuesta principal por el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2020, al que destinará 410 millones.

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  • Este acuerdo se basa en el Artículo 3 sobre Negociación colectiva sectorial y prioridad aplicativa, que en su apartado 1 dice:” El presente acuerdo interprofesional garantiza, al amparo de lo establecido en el art. 83.2 del E.T., la prioridad aplicativa de los convenios y acuerdos territoriales e interterritoriales suscritos en Euskadi sobre cualquier otro convenio sectorial o acuerdo de ámbito estatal preexistente o posterior a la firma a la firma de este acuerdo interprofesional”.

    Este acuerdo no toca para nada el planteamiento de Confebask de apostar por una nueva negociación colectiva desde la consideración de que cada “empresa debe buscar su propio modelo de relaciones laborales según su posición competitiva”, es decir apostar con la trampa del favor que la ley concede a la patronal. Así la reforma laboral de Rajoy (Art. 14), de 2012,  capacita al empresario “cuando concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, previo desarrollo de un periodo de consultas,  para no aplicar el convenio colectivo en vigor“.

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  • Concentración el Lunes día 16 de Enero a las 10,15 h. ante la Delegación del Gobierno Vasco en Bilbao, en gran vía 85 y el Miércoles día 18 de Enero a las 10,00 h. ante el Parlamento Vasco en Vitoria-Gasteiz.

    Convocadas por los SINDICATOS: ELA, LAB, ESK, STEILAS, CGT-LKN y CNT y  los COLECTIVOS SOCIALES DE BIZKAIA: Argilan, Argitan (Centro Asesor de la Mujer, Barakaldo), Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia, Baietz Basauri!, Berri-Otxoak (Barakaldo), Brujas y Diversas, Danok Lan (Galdakao), Elkartzen, Mujeres del Mundo, Posada de los Abrazos/Besarkatuz, SOS Racismo Bizkaia y PAH Bizkaia-Kaleratzerik Kaleratzerik EZ!

    Por la aplicación del incremento del 8% en el SMI en las prestaciones gestionadas por Lanbide.

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  • El Gobierno Vasco según la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, ha optado por no aplicar a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), la subida del 8% contenida en Real Decreto de 30 de Diciembre sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y por lo tanto modificar la ley 18/2008, de 23 de diciembre, por la cual liga la subida de la RGI a la subida del SMI.

    Si se aprueba esta medida en el Parlamento Vasco, las ayudas sociales autonómicas subirán el equivalente al IPC, un 1,5%, es decir el 81,25 % menos que lo previsto si se atiende al sistema de cálculo marcado en la ley vasca de 2008. En dinero efectivo, la modalidad básica ganará 9,3 euros mensuales cuando debería llegar a 50 euros adicionales. Con estos cambios, la RGI va a pasar al 76% del SMI su mínimo histórico. La subida costaría unos 6 millones al Ejecutivo, frente a los 30 millones que supondría aplicar la revalorización del 8%.

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  • La subida del Salario Mínimo Interprofesional (S.M.I.) será de aplicación durante 2017 a los convenios colectivos vigentes a la fecha de entrada en vigor de este real decreto que utilicen el salario mínimo interprofesional como referencia para determinar la cuantía o el incremento del salario base o de complementos salariales.

    Según este Real Decreto de 30 de Diciembre en su disposición transitoria segunda, la nueva cuantía de 707,06 euros mensuales en 14 pagas o 824,90 euros mensuales en 12 pagas, no afectará a las normas no estatales y relaciones privadas, por lo cual está subida no será de aplicación en las comunidades autónomas y de las entidades que integran la Administración local que utilicen el salario mínimo interprofesional como indicador o referencia del nivel de renta para determinar la cuantía de determinadas prestaciones, salvo disposición expresa en contrario de las propias comunidades autónomas o de la administración local.

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  • El Tribunal Superior fija que está vigente el decreto estatal que obligó a todas las administraciones a aprobar una jornada de 37,5 horas semanales no es posible rebajar el tiempo de trabajo

    El Ejecutivo vasco empezó a aplicar la semana laboral de 35 horas en el año 2000 a sus casi 70.000 empleados tras un acuerdo con los sindicatos

    El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha anulado el decreto del Gobierno Vasco que recuperó en febrero de este año las 35 horas semanales para los funcionarios de dicha institución, al estimar el recurso presentado por el Ejecutivo central contra esta medida.

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  • OBTIENE EL APOYO MAYORITARIO Y MASIVO DE LOS TRIPULANTES DE LAS UNIDADES DE INTERVENCIÓN MARÍTIMA (SALVAMARES, GUARDAMARES Y BUQUES), CON MÁS DEL 64% DE LOS VOTOS.

    – CGT TIENE 13 DE LOS 21 DELEGADOS QUE FORMARÁN EL NUEVO COMITÉ.

    – ES LA QUINTA MAYORÍA ABSOLUTA, SUPERANDO EN CADA COMICIO LOS VOTOS RECIBIDOS.

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