La subida del Salario Mínimo Interprofesional (S.M.I.) será de aplicación durante 2017 a los convenios colectivos vigentes a la fecha de entrada en vigor de este real decreto que utilicen el salario mínimo interprofesional como referencia para determinar la cuantía o el incremento del salario base o de complementos salariales.
Según este Real Decreto de 30 de Diciembre en su disposición transitoria segunda, la nueva cuantía de 707,06 euros mensuales en 14 pagas o 824,90 euros mensuales en 12 pagas, no afectará a las normas no estatales y relaciones privadas, por lo cual está subida no será de aplicación en las comunidades autónomas y de las entidades que integran la Administración local que utilicen el salario mínimo interprofesional como indicador o referencia del nivel de renta para determinar la cuantía de determinadas prestaciones, salvo disposición expresa en contrario de las propias comunidades autónomas o de la administración local.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha elaborado un resumen del año donde repasa mes a mes los casos más flagrantes de las instituciones en relación a las personas refugiadas.
Mientras seguía reunida la asamblea del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa para una votación tan trascendente como la adjudicación del contrato de la incineradora, numerosos manifestantes protestaron en las calles de Donostia contra el proyecto y exigiendo su paralización por las consecuencias medioambientales y por el impacto económico de deben soportar los municipios.
Errekaleor es una antigua zona obrera de Gasteiz que lleva okupada desde hace tres años y es el mayor barrio recuperado del Estado. Su censo no oficial dice que allí viven alrededor de 150 personas. En el 2002 el exalcalde y ex ministro de Sanidad del PP, Alfonso Alonso, ahora portavoz de los populares en el Parlamento Vasco estaba al frente del ayuntamiento, quiso reubicar a cerca de 200 familias en otras partes de la ciudad y levantar en su lugar una moderna urbanización. Por entonces, en plena burbuja inmobiliaria, su plan cazaba a la perfección con los deseos de las insaciables empresas constructoras.
No es hora de tantas horas extras, es hora de repartir el trabajo. Apostamos por trabajar menos todas y todos, para recuperar horas para desarrollarnos como personas, para dejar de ser la única especie del planeta que emplea más de un tercio del día para el supuesto sustento.
Convocada por la Coordinadora Estatal en Defensa del sistema público de pensiones, en varias ciudades del estado se han celebrado manifestaciones y concentraciones en denuncia del recorte de las pensiones. En un día donde el gobierno ha rechazado subir las pensiones en el 2017 en más del 0,25%, lo que mermará el poder adquisitivo de los jubilados en este año el 0,45% y si la inflación sigue al alza en el entorno al 2%, “en los próximos diez años se perderá un poder adquisitivo que ronda del 14% al 28%”.
Los crímenes de empresa o lesiones por la actividad laboral, se describen en un lenguaje anestésico como «accidentes laborales«. Uno de los problemas que surgen al hablar de los crímenes corporativos es que casi nunca se nos invita a pensar en las actividades criminales de las corporaciones o las empresas como verdaderos crímenes.
Defender el “Sistema Público de Pensiones” es incompatible con una práctica sindical que abandera y presenta como un logro la extensión y promoción de “fondos de pensión privados” tanto de empresa como individuales. Si en el sector privado este proceder sindical de los sindicatos mayoritarios, es muy discutible, en el sector público es directamente inaceptable.
Porque no solo están afectados las personas pensionistas sino que el recorte de las pensiones amenaza a las futuras generaciones de pensionistas.
La privatización de las pensiones se ha convertido en uno de los objetivos más importantes de la política neoliberal de las instituciones internacionales (Banco Mundial, FMI, OCDE) y ha sido ampliamente asumida por los gobiernos de la mayoría de los países ricos, independientemente de su color político.
Las reformas establecidas por los gobiernos de Zapatero y posteriormente por el gobierno del PP en 2013, han establecido entre otras cosas lo siguiente: • La jubilación pasa de forma progresiva de 65 a 67 años. • El tiempo de cotización para calcular la pensión pasa de 15 a 25 años. • Aumento de la edad para la Jubilación anticipada, de los años cotizados, y de los coeficientes reductores. • El subsidio de mayores de 52 años pasa a 55, y las rentas familiares no pueden superar el 75% del SMI por cada miembro. • Incremento de la edad de jubilación en caso de contrato de relevo, con nuevas penalizaciones para su acceso. • Incremento de las pensiones en un 0.25% en lugar del IPC. • Aplicación del Factor de Sostenibilidad en 2019, que tendrá en cuenta la esperanza de vida para calcular la pensión.
Aviso sobre los engañosos espejismos de cambio social pacíficos y sin traumas tales como el decrecimiento
Las organizaciones empresariales ya han reclamando la necesidad de una nueva reforma laboral. Igualmente, grandes corporaciones financieras y de los seguros han comenzado a promover una campaña mediática para preparar el terreno de una nueva reforma de las pensiones. Quieren profundizar la que, los mismos agentes, pactaron en enero del año 2011 en aquella ocasión bajo el amparo del gobierno Zapatero del PSOE.
La CGT apuesta por el debate y la movilización social como armas para detener la ratificación de los tratados de libre comercio CETA, TTIP y TISA, cuyo objetivo prioritario es favorecer a las grandes empresas y bancos europeos y norteamericanos