Este jueves 24 de noviembre habrá una reunión entre el gobierno, las organizaciones de la patronal y los sindicatos CCOO y UGT. El punto a tratar es, según ha trascendido, negociar la “paz social”. Entre bambalinas, sin embargo, hay más puntos sobre la mesa.
Las organizaciones empresariales ya han reclamando la necesidad de una nueva reforma laboral. Igualmente, grandes corporaciones financieras y de los seguros han comenzado a promover una campaña mediática para preparar el terreno de una nueva reforma de las pensiones. Quieren profundizar la que, los mismos agentes, pactaron en enero del año 2011 en aquella ocasión bajo el amparo del gobierno Zapatero del PSOE.
Y, en el nombre de la paz social, también hemos visto como hay que trabajar más que hace 6 años para acceder a una pensión completa y como el alargamiento de las bases reguladoras hace bajar unas pensiones que, de entrada, ya son de las más bajas de la UE. Todas estas concesiones hechas, siempre, en nombre de una paz social que sólo beneficia a los de arriba, a los propietarios del capital.
Ahora mismo parece que una próxima toma de este capitalismo tanto voraz en derechos y beneficios es lo que quedan de las pensiones públicas, ya recortes durante el pensionazo de 2011. De hecho, hoy en día el Estado español dedica sólo el 10,5 % de su PIB al pago de pensiones y se calcula que el coste máximo previsto para el 2050 será del 12,5%. En contraste, este año, países como Italia dedican un 15,8% de su PIB, Grecia (14,5%), Francia (13,8%), Austria (13,2%) o Portugal (13%).
No obstante, la prensa liberal ya hace semanas que plantea que las pensiones públicas son insostenibles. Y argumentan que el gobierno del PP acabará de agotar el próximo año 2017 los 66.800 millones de euros de superávit acumulado que se encontró en 2011. En cambio, de manera intencional esconden las causas. Una de ellas es la reducción salarial de la clase trabajadora provocada por la reforma laboral de 2012 (cobramos menos, cotizamos menos) tanto aplaudida por las organizaciones empresariales. Otra proviene de los millones de horas extras no pagadas que, según las propias estadísticas oficiales, ya superan a las pagadas.
Otras causas que hacen vaciar la caja de las pensiones son el pago de múltiples subvenciones a empresarios (alrededor de 21.000 millones) y las diferentes reducciones de cotizaciones sociales de empresas (1500 millones). En definitiva, el gobierno ha transferido una gran cantidad de recursos públicos a los empresarios y, a la vez, ha creado una imagen catastrofista de la insostenibilidad del sistema público de pensiones que legitime un nuevo ataque. Matan así dos pájaros de un tiro.
Las alternativas para mejorar el sistema de pensiones actual en beneficio de la gran mayoría de la población hay y muchas. Para empezar, un incremento de los salarios tanto recortados los últimos años junto con la cotización de todas las horas trabajadas. Por otra parte, una reducción de la jornada laboral que permita incrementar la población con empleo. Aparte de eliminar las subvenciones públicas a los empresarios y las bonificaciones a la contratación, también se puede abrir el debate de si conviene trasladar el pago de las pensiones a los Presupuestos Generales del Estado.
Ninguna de estas soluciones conlleva recortar unas pensiones que, los trabajadores sabemos muy bien, actualmente son muy bajas. Ni tampoco conlleva tener que recurrir a planes de pensiones privados, cuya finalidad es enriquecer a las empresas financieras.
En CGT no nos tragamos sus mentiras. Creemos que en pocos meses nos encontraremos con una nueva agresión contra nuestros derechos y hay que preparar la acción colectiva desde hoy mismo.
Llamamos a las diversas organizaciones, movimientos sociales y sindicatos no pactistas para analizar debidamente la situación e iniciar los procesos de información y construcción de una respuesta conjunta como clase.
Nos quieren en shock, pero nos encontrarán preparadas. Organizamos la respuesta.
Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT