Confederación General del Trabajo – Lanaren Konfederakunde Nagusia
Mientras el gobierno sigue sin paralizar aquellos servicios y actividades no esenciales, mientras la cifra de fallecimientos sigue creciendo, alcanzando la cifra récord de 738 muertes el pasado miércoles, mientras el personal que trabaja en los hospitales sigue enfrentándose a este virus terrible sin las medidas de protección adecuadas, desde la CGT queremos mandar un mensaje claro:
Lo primero es la salud.
CGT exige que aquellas personas que deban ir a trabajar, por fuerza mayor, deben garantizarles los medios adecuados de protección ya que la salud es mucho más prioritaria que defender los intereses de las empresas, que es una cuestión de extrema urgencia paralizar la actividad en todas las empresas y servicios no esenciales para la vida de las personas. Pide reconvertir la producción en todas las empresas donde sea técnicamente posible, para que fabriquen los materiales necesarios para luchar contra el coronavirus y que se implemente una Renta Básica de las Iguales (REBis).
Los profesionales de Osakidetza han puesto en marcha una recogida de firmas a través de las Peticiones de la Comunidad de AVAAZ con el siguiente encabezamiento:
ES INDISPENSABLE DECRETAR UN CONFINAMIENTO TOTAL Y ABOGAR POR EL CESE COMPLETO DE TODA ACTIVIDAD NO ESENCIAL DE MANERA URGENTE
En la página Web:
Esos tres condicionantes (que, donde, cuando) han sido el macizo de la estrategia comunicativa de Pedro Sánchez desde que inaugurara sus comparecencias televisivas para explicar las acciones del gobierno contra el COVID-19. Y en la última de la noche del sábado 21 de marzo tampoco erró. Precisamente la jornada en que, al cumplirse casi dos semanas de las multitudinarias manifestaciones del 8-M, las cifras de contagiados y muertos habían dado un salto exponencial, sobre todo en la capital, epicentro de la convocatoria.
Las organizaciones y colectivos Confederación Intersindical, COBAS, CGT, Ecologistas en Acción y Coordinación Baladre ante la grave situación que estamos atravesando y las consecuencias que ello puede tener para la clase trabajadora y para la ciudadanía en general, queremos trasladar una serie de medidas que entendemos deben ser puestas en marcha por el Gobierno de forma urgente e ineludible para mitigar el sufrimiento de las personas:
La gran derivada de la crisis sanitaria es su impacto económico. Gran parte de los negocios y sectores están parados, y no se sabe por cuánto tiempo será así, por lo que cabe temer que tras la pandemia del coronavirus llegue, otra vez, la de los despidos. La desprotección y la precariedad que el Gobierno del PP dejó en herencia a los asalariados es altamente contagiosa. La tendencia ya ha resurgido con ERTEs masivos de personal en escuelas infantiles, comedores escolares, extraescolares y servicios auxiliares. No cabe esperar una reforma laboral que corrija esto a medio plazo. Pero urge derogar con urgencia las disposiciones que abaratan y facilitan los despidos.
Ante la situación de pandemia generada por el Coronavid19 desde la Marea Blanca de Catalunya queremos poner en valor la necesidad de un verdadero servicio nacional PÚBLICO de salud, y que garantice la atención sanitaria a todas las personas. UNIVERSAL, EQUITATIVO, INTEGRAL Y DE CALIDAD.
Mientras la atención pública es universal y solidaria, la sanidad privada en un momento de epidemia y emergencia social expulsa los riesgos y los problemas de sus «lujosas y exclusivas clínicas».
Las mutuas privadas en este momento tan grave no están haciendo las pruebas diagnósticas y ante la mínima sospecha, derivan a los pacientes a la sanidad pública, asegurados suyos a quienes no resuelven su problema individual.
La pandemia del coronavirus COVID-19 no puede ser una excusa para que otra vez, Gobierno y Patronal, carguen sobre los hombros de la clase trabajadora las consecuencias de esta crisis. Es más, desde CGT exigimos al Gobierno que esta situación no solo no suponga perdida en derechos, si no que entendemos que deben seguirse dando pasos para desmontar las dos últimas reformas laborales.
Estamos en una situación que afecta a la salud de las personas y donde ya empezamos a ver las consecuencias de los recortes en sanidad producidos en los últimos años y que ahora se traducen en falta de medios humanos y materiales para hacer frente al problema. Ese irrefrenable impulso de nuestros políticos por privatizar la sanidad pública nos está pasando factura, y las consecuencias en algunos casos van a ser fatales.
Tras más de 30 años de aplicación de la Ley General de Sanidad, en el conjunto del estado español solo existe un Real Decreto que “garantiza” la intervención antes de 180 días en cirugías cardíaca valvular, cardíaca coronaria, cataratas, prótesis de cadera y prótesis de rodilla. No existe ninguna normativa estatal que garantice ningún plazo para consultas y pruebas diagnósticas.
Cada Comunidad Autónoma ha desarrollado (o no), normativas que regulan otros procesos, siendo sus contenidos muy desiguales, lo que ha generado unas diferencias vergonzosas, ya que aquellos territorios que llevan disponiendo durante décadas de mayores recursos, han podido garantizar a su población una atención sanitaria aceptable, mientras que otros territorios no están atendiendo a los pacientes en plazos adecuados.
Los recortes y el deterioro de la Sanidad Pública, han sido y continúan siendo son el principal incentivo para el crecimiento del sector privado, y por eso es una de las estrategias utilizadas para favorecer la privatización.
Se está produciendo una derivación creciente de los fondos públicos al sector privado deteriorando el sistema sanitario público y favoreciendo la búsqueda en el sector privado de las prestaciones que no se consiguen en la Sanidad Pública, lo que explica por ejemplo que los seguros privados sanitarios son los que han tenido un mayor crecimiento en 2016, el 3,6%(el 5,07% en 2017) con un total de 10,054 millones.
El año 2017 ya forma parte de la historia de Asisa. No podía ser de otra manera después de anunciar los mejores resultados anuales desde la creación del grupo. Unos datos que, presentados por el presidente Francisco Ivorra en la última junta consultiva, revelan un crecimiento del 2,3 por ciento en el volumen de primas para alcanzar los 1.105 millones de euros de facturación gracias al crecimiento obtenido en Salud, al que se suman el resto de ramos.
En 2017, las primas del seguro de salud alcanzaron los 1.096,1 millones de euros, un 2,22 por ciento más que en 2016. El crecimiento de primas es especialmente significativo en el segmento de pólizas privadas (7,71 por ciento). “Este avance permite a Asisa consolidar su cuota de mercado y seguir desarrollando su modelo asistencial propio, basado en la reinversión del beneficio para la mejora de su equipo humano y tecnológico, la modernización de instalaciones y la capacitación de sus profesionales”, señala la compañía.
El Parlamento de Gasteiz ha aprobado ayer los presupuestos para 2018 que con el apoyo de los dos socios del Gobierno de Vitoria, PNV y PSE, y la abstención del PP, con el voto en contra de los representantes de EH Bildu y Elkarrekin Podemos.
El gobierno de Iñigo Urkullu ha logrado aprobar los presupuestos a través de un acuerdo con el PP, que a cambio de su abstención ha logrado introducir modificaciones presupuestarias por valor de 30 millones de euros (un 0,26% del total del presupuesto) y el compromiso de Lakua de rebajar el tipo del Impuesto de Sociedades que pagan las empresas del 28% al 24%, condición que exigía el PP para facilitar la negociación de los presupuestos del Gobierno de Lakua para 2018.
El 29 de Diciembre de 2016 el gobierno de Rajoy firmó con la industria farmacéutica un convenio por el cual se obliga a acompasar el crecimiento del gasto público en medicamentos originales no genéricos al crecimiento del PIB, por el cual se blinda los medicamentos de marca en detrimento de los genéricos.
El acuerdo garantiza un nivel de gasto público anual en medicamentos originales no genéricos, de tal forma que si no se llega a la cantidad estipulada, la administración compensa a la industria farmacéutica con «incentivos», en caso contrario, será este sector el que deberá compensar a la administración. Este sistema desincentiva la búsqueda de tratamientos más económicos como los que suponen los medicamentos genéricos, ya que muchos de los medicamentos de marca tienen un precio abusivo.
La policía nacional ha desalojado a los/as compañeros/as de la Asamblea de Usuarios/as del Bierzo y Laciana.
Hoy 20 de septiembre, a las 7 de la mañana, el SACYL (“autoridades sanitarias” de Castilla y León) ha solicitado a la policía nacional que proceda al desalojo del encierroque desde hace casi dos meses mantenían los compañeros y compañeras de la Asamblea de Usuarios/as por la Sanidad del Bierzo y Laciana .
Hoy, los/las que dicen trabajar por la sanidad de la población, y la policía nacional, se han aliado para desalojar a quienes denuncian:
La Marea Blanca, colectivo en el que está presente la Confederación General del Trabajo (CGT), ha entregado este miércoles a los grupos políticos del Congreso de los Diputados un documento que recoge 38 propuestas que afectan a los ámbitos estatal, local y europeo de la Sanidad Pública.
Estas medidas son el fruto de los debates que han tenido lugar en la III Asamblea de Mareas Blancas el pasado enero en Barcelona
Estas medidas, elaboradas por la Coordinadora estatal de la Marea Blanca, se hacen urgentes y necesarias dada la situación de desmantelamiento progresivo que sufre nuestro Sistema Nacional de Salud y la gravísima degradación de este derecho fundamental en todos los territorios del Estado español.
