¿Sabías que… – el Estado español es el único país occidental donde una entidad empresarial como es la Mutua tiene el poder de decidir inicialmente si una lesión o enfermedad tiene o no, el carácter de laboral? – las Mutuas ocultan el origen laboral y minimizan la gravedad de la mayor parte de las enfermedades o accidentes profesionales? – las Mutuas solamente buscan cuando estamos de baja, la reincorporación laboral lo antes posible para que seamos más productivos? – las Mutuas utilizan tratamientos de choque para nuestra rápida vuelta trabajo, aunque no sean los más seguros, y realizan pruebas innecesarias frente a otras menos costosas y oportunas? – menos del 14% de las propuestas de alta de las Mutuas en casos de baja común son adecuadas desde un punto de vista clínico? – las Mutuas buscan acceder a nuestro historial clínico del sistema público de salud. Esto facilitará el empeño de las mutuas de buscar causas extra laborales para negar el origen de múltiples daños derivados del trabajo?

Fracasa el pacto social firmado por el Gobierno, la CEOE, Cepyme, CC.OO.y UGT en diciembre de 2014 relativo a las ayudas a personas desempleadas de larga duración (PAE)
El Programa de Activación para el Empleo (PAE ), vendido como un gran logro de los sindicatos institucionales para la protección de las personas más desfavorecidas, como una victoria donde los servicios públicos de empleo iban a estar a la altura de las circunstancias, se ha demostrado que ha sido una tomadura de pelo donde solamente han obtenido beneficio económico los empresarios y beneficio político el PP en periodo electoral, por el respaldo de CC.OO. y UGT a la política del gobierno que más recortes y leyes antisociales ha decretado.
La ayuda consistía de 426 euros durante seis meses para los desempleados de larga duración (más de un año sin trabajar). El Gobierno cifraba el coste entre 1.000 y 1.200 millones de euros y las estimaciones apuntaban a que entre 400.000 y 450.000 personas podrían cobrarla hasta el 15 de abril de 2016. La dureza de los requisitos para el acceso a la ayuda, ha hecho que hasta ahora, solamente 80.000 personas hayan podido acceder a la misma, con un coste de unos 200 millones.
Para acceder a este subsidio las personas desempleadas deberían llevar al menos doce meses en el paro, la situación de desempleo tiene que haber sido ocasionada por la pérdida de un trabajo, deben también tener al menos un familiar a su cargo, los beneficiarios no pueden tener ingresos superiores al 75% del IPREM (unos 480 euros mensuales) y deben llevar al menos seis meses sin percibir ninguna prestación. Además de la prestación económica, los servicios públicos de empleo tendrán que hacer un itinerario personalizado de cada beneficiario y ofrecerles servicios de orientación y formación.