Reducir cuanto antes y cuanto más mejor los fondos de la Seguridad Social, este y no otro es el objetivo de la política neoliberal de privatización del PP del sistema público de pensiones. Se trata de inculcar a la población la idea de la insostenibilidad del sistema, y el miedo a que no se van a recaudar fondos suficientes, para que la gente opte por los planes privados.
Un planteamiento que propugna acelerar el adelgazamiento del sistema público, con pensiones de miseria y a la par fortalecer las pensiones privadas, con el fin de forzar directamente un sistema mixto (público/privado). Para lo cual en primer lugar se decreta todo un sistema de contratación que beneficia a los empresarios, instaurando un sistema precario, de contratos eventuales cortos, de menos horas y de bajos salarios.
En segundo lugar, se ponen a disposición de las entidades financieras (gestoras) toda su capacidad legislativa (desgravaciones fiscales) para promocionar las pensiones privadas; en un principio, para completar la “pública” y, al final, para “suplantarla”, por lo que todos los contribuyentes subvencionamos a los que pueden ahorrar en una pensión privada”. Se calcula que el Estado ha dejado de ingresar desde 1996 más de 25.000 millones de euros por los incentivos fiscales a éstos.
En tercer lugar, bajo el nombre de” políticas activas de empleo”, se contrata a determinados grupos como jóvenes, personas paradas de larga duración, mayores, etc., con importantes reducciones en la cuotas empresariales a la Seguridad Social. Reducciones que los sucesivos gobiernos han aplicado para facilitar contratos indefinidos, para la formación, en prácticas, etc.
Además, un 25% de la economía sumergida no cotiza, y de los 6,3 millones de horas extras que se realizan a la semana, 3,5 millones no se pagan y el resto muchas de las mismas se pagan en negro.
Se trata de una política de empleo que consiste en maquillar las estadísticas del paro y presentarlo como un logro político, mientras se desinflan los ingresos de la caja de la Seguridad Social, así se obtiene actualmente 385 euros mensuales por cada afiliado recién incorporado al sistema, cifra inferior en un 21,5% a la cotización media de quienes ya pertenecían a él en noviembre de 2013.
Según el Ministerio de Empleo, ese mes se ingresaron 358 millones más que en la misma fecha de 2013, gracias a que la afiliación aumentó en 929.523 personas. Sin embargo, la recaudación total per cápita disminuyó ligeramente, hasta situarse en 484 euros, frente a los 490 contabilizados dos años antes.
