PP, PSOE, PNV, PDeCAT y Cs impidieron en el Congreso el 18 de Mayo, que el Tribunal Constitucional opine sobre el CETA, así como una enmienda a su totalidad, impidiendo un control parlamentario y un análisis en profundidad sobre sus consecuencias, como se está haciendo en otros países. Una vez más, han primado los beneficios privados sobre el interés general.
Mientras que en Alemania o Francia estos tratados se han visto sometidos a control judicial, y concretamente, del Tribunal Constitucional, en el Estado español, el Congreso ha rechazado la procedencia del control previo de constitucionalidad del CETA, cuando las dudas respecto a su compatibilidad con la constitución son muchas, sobre todo en lo que tiene que ver con el sistema de Tribunales de Inversión.
El debate parlamentario ha sido secuestrado, reduciéndose al mínimo, tanto en los plazos como en su contenido, que se ha limitado a su aprobación o rechazo, sin dar la posibilidad de debatir y argumentar a favor de una u otra postura.
