La actividad bancaria es necesaria y esencial para asegurar el ahorro, gestionar los pagos y cobros, facilitar el consumo de las personas y de las familias, ayudar, por ejemplo, a la inversión de las PYMES y familias o financiar la vivienda social en alquiler. El Estado debe garantizar esos derechos económicos a través de la Banca Pública y evitar la exclusión financiera.
Así cómo defendemos la Sanidad y la Educación Públicas, la atención a la Dependencia, los Servicios Sociales, el Transporte Público, las Pensiones y todos los derechos ciudadanos conquistados que obligan a las instituciones, exigimos la creación de una Banca Pública. Lo público es de todos, es lo que tiene garantizado el ciudadano de a pie desde que nace.
Los bancos públicos deben tener orientación social, y lo hacen con mayores garantías. Por el contrario, los bancos privados tienen la finalidad de repartir las mayores ganancias en el menor tiempo posible a los accionistas. En el negocio bancario la confianza es fundamental. Los ciudadanos confían en disponer del dinero depositado en sus cuentas aun cuando saben que el banco lo presta.