El suicidio hoy lunes de Alicia, mujer de 65 años, cuando la comitiva judicial iba a desahuciarla por impagos de alquiler en Madrid hemos de denunciar públicamente la vulneración sistemática y flagrante de los derechos humanos en el estado español, y mas concretamente del DICTAMEN DE NACIONES UNIDAS DE JULIO 2017 que considera una violación grave del derecho fundamental a la vivienda cualquier desalojo forzoso de personas vulnerables sin que previamente se garantice una alternativa habitacional adecuada.
Ya estamos hartxs de denunciar casos en los cuales los juzgados no detectan los casos vulnerables en los procedimientos por desahucios, en los que no se solicita de los servicios sociales de los ayuntamientos el informe y la alternativa habitacional correspondiente, y en los que se decreta el desahucio sin miramientos, en muchos casos con personas mayores, como es el caso, y de menores involucrados.