Un amplio número de colectivos sociales y sindicales queremos trasladar a la opinión pública el desacuerdo ante los recortes en las políticas sociales que la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales quiere introducir a través de las reformas recogidas en el “Borrador de Decreto de la Renta de Garantía de Ingresos” y en el “Decreto Regulador de la Prestación Complementaria de Vivienda”.
A día de hoy más de 135.000 personas se encuentran desempleadas, de las que 48.000 no cobran ningún tipo de prestación. 6.700 familias se han quedado sin cobertura social al no tener la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales un presupuesto suficiente para atender todas las solicitudes de Ayudas de Emergencia Social. Durante el primer semestre de 2009 los juzgados han registrado 661 solicitudes de ejecuciones hipotecarias y las peticiones a Cáritas y al Banco de Alimentos han aumentado un 40%, siendo 35.000 personas, las que se alimentan gracias a estas instituciones. Según el propio Gobierno Vasco más de 890.000 personas de la población refleja algún tipo de precariedad y declara tener considerables dificultades para llegar a fin de mes…
En una coyuntura de crisis, cuando más necesarias son las ayudas sociales, el Gobierno Vasco, que se autodenomina progresista, ha decidido hacer un recorte drástico de las mismas. Nos sonroja que, en cambio, a quienes causaron la actual crisis no sólo no se les exijan responsabilidades, sino que se les subvenciona con dinero público.
Valoramos estas medidas como arbitrarias, injustas y técnicamente deficientes. Creemos que crean mayor desigualdad y discriminación y expulsan del sistema de protección a las personas con menos recursos, que tendrán que vivir en condiciones de mayor pobreza, por lo que aumentarán las situaciones de marginación y la conflictividad social.
Si bien hemos asistido a un progresivo recorte de derechos, con esta norma se da un paso substancial y se rompen consensos sobre derechos inclusivos. Con estas medidas el Gobierno Vasco se sitúa en la línea de otras administraciones que se aprovechan de la crisis y de discursos populistas, ya que esta nueva normativa va en contra de la conciliación laboral y familiar al no poder cobrar, por ejemplo, una ayuda social y acogerse a una excedencia por cuidado a familiares dependientes.
Denunciamos especialmente los siguientes retrocesos: (…)