Las medidas que se han aprobado este lunes, sirve para encauzar una problemática que cada vez afecta a más personas en alquiler social, ya que se pone límite a los desahucios que practica Alokabide, por imposibilidad objetiva de hacer frente a la deuda. Se establece un marco para hacer frente a la deudas y hacerlas asumibles. Las familias no destinarán más del 30% de la renta al alquiler público, y se incluye en ese porcentaje las tasas y gastos fijos de la comunidad.
Otro de los puntos fundamentales es que la renta a destinar por los y las inquilinas se revisará anualmente al alza o a la baja, en función de los ingresos de la unidad convivencial.
El Parlamento ha aprobado los siguientes puntos:
1. Adaptar la orden del 3 de noviembre de 2010 y sus respectivos reglamentos a fin de que el precio por metro cuadrado de las viviendas de alquiler se adecúe realmente a la bajada sufrida en el precio de mercado.
