Los 19 acusados de asediar el Parlamento catalán en 2011 se han negado a declarar ante el tribunal de la Audiencia Nacional que les juzga por la comisión de un delito contra las Instituciones del Estado.
Todos ellos se han acogido a su derecho a no responder a las preguntas formuladas por la Fiscalía y el resto de acusaciones y tampoco han querido contestar a sus abogados o los del resto de acusados.
El presidente del tribunal, Fernando Grande Marlaska, ha dado por finalizado la sesión del juicio del lunes por lo que la vista oral se reanudará hoy martes con las declaraciones de los agentes de la Policía Autonómica presentes durante el asedio.
La Fiscalía pide cinco años y medio de prisión para cada uno de ellosy reclama que se les imponga, además, una multa de 7.500 euros. Por su parte, la acusación popular reclama 9 años de prisión ya que imputa a los manifestantes, además, un delito de atentado contra la autoridad y otro de asociación ilícita.
Los fiscales Teresa Sandoval y José Perals consideran que los manifestantes provocaron “un fundado temor en la seguridad” de los diputados que intentaban entrar en la Cámara catalana. En sus conclusiones preliminares destacan que los diputados –incluido el presidente de la Generalitat, Artur Mas, que debió acceder al recinto con el “método absolutamente inhabitual” del helicóptero– fueron rodeados e increpados por grupos de personas que les impedían el acceso, con empujones, golpes, lanzamiento de objetos e insultos.
Tras señalar que los acusados tuvieron una activa intervención en estos hechos, los fiscales apuntan a que todos ellos desarrollaron” comportamientos y actitudes violentas e intimidatorias” para impedir la asistencia de los diputados al pleno, que empezó con un retraso de 11 minutos y con la presencia únicamente de 70 de los 135 diputados.
