El pasado día 30 de Mayo todos los Sindicatos comparecimos a una reunión con el Servicio de Prevención de la Administración de Justicia para tratar como único tema la denuncia que un compañero formuló por unos hechos que a todas luces parecen constituir un caso de acoso laboral.
Esta reunión se efectuó a petición de los Sindicatos tras reunión con el afectado quien exigía y exige una explicación de la actuación del Servicio de Prevención ante la inexplicable falta de información sobre los pasos que se siguieron desde que interpuso su denuncia ( el 6 de junio de 2015 !! )
Pues bien, reunidos con los dos técnicos responsables del Servicio de Prevención de esta Administración, nos encontramos con dos personas ambiguas, que parecían medir en exceso sus palabras a fin de no comprometer a nadie de la Administración y a fin de no enfrentarse a la clara negligencia que ha existido al ni siquiera haberse activado el protocolo vigente en estos casos.
Fueron muchas las EXCUSAS para el incumplimiento de sus funciones:
Explicación de los términos que aparecen en una nómina tipo:
Explicación de el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados.
La Sección Sindical de CGT en HPE destinó los anteriores 6000 euros a financiar la caja de resistencia de un ERE que hizo la empresa en Zaragoza. La empresa volvió a vulnerar los derechos de los huelguistas, así que esta vez abonará 8000 euros a la sección de CGT, que servirán para financiar próximas luchas de los trabajadores de HPE.
El sindicato CNT ha logrado cambiar sustancialmente el margen de maniobra de las trabajadoras y trabajadores que sufren represalias tanto por su militancia sindical como por el ejercicio de sus derechos. En una resolución emitida esta misma semana, el Tribunal Constitucional (TC) ha admitido que las personas que vean recortados sus derechos fundamentales por actuaciones empresariales podrán presentar un recurso ante los Tribunales Superiores de Justicia en caso de que sus denuncias sean rechazadas en primera instancia, incluso en el caso de que se trate de procedimientos solo enjuiciables en única instancia. «Se trata de un fallo histórico que afectará a un gran número de casos en todo el Estado», ha destacado la central anarcosindicalista.
