España es uno de los pocos países desarrollados en los que la escolarización obligatoria supone un esfuerzo económico muy considerable para las familias, pese a que el artículo 27 de la Constitución consagra el derecho a estudiar y el apartado 4 del mismo artículo establece que “la enseñanza básica es obligatoria y gratuita”. Pese a tan grandilocuente declaración casi un tercio de las familias españolas se ve incapaz de asumir el gasto que supone la vuelta al colegio.
El mandato constitucional se convierte en papel mojado – otro más – ante la realidad de un negocio que mueve más de mil doscientos millones de euros al año: Los libros de texto. Un negocio que tiene detrás a poderosas instituciones capaces de dictar leyes o acomodar a su interés las existentes, para lo que han contado siempre con la colaboración de todos y cada uno de los distintos gobiernos de la nación.
¿Quién controla este negocio?
El primer grupo empresarial en volumen de negocio lo constituye la Iglesia Católica, que no satisfecha con los casi cinco mil millones de asignación directa del estado, ha tejido una maraña de empresas omnipresentes en el ámbito educativo. La Iglesia es propietaria –total o parcial- de las siguientes editoriales:
