No es nuevo el empeño por parte de CGT en denunciar el grave perjuicio que supone para el bienestar y la salud de lxs trabajadorxs el actual modelo de gestión de la Incapacidad Temporal por la Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales -Mutuas- en el argot laboral.

Este sistema de gestión de las incapacidades temporales a través de las Mutuas es una anomalía en la Unión Europea de los 15. No es fácil encontrar un país occidental donde los empresarios tengan otorgado el poder de decidir inicialmente, si una lesión o enfermedad tiene carácter laboral o no; tampoco que se les atribuya la facultad de emitir propuestas de alta medica, que se convierten de facto en altas efectivas, en los supuestos de enfermedad común o accidente no laboral.

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Las casas de apuestas se están convirtiendo en una plaga que afecta cada vez mas a la clase trabajadora, se instalan en o lo mas cerca de…los barrios obreros, es la nueva droga del siglo XXI; hace tiempo en los “años de plomo” fue la heroína y otras sustancias las que se utilizaron para adormecer a la juventud reivindicativa y combativa, es de dominio público varios informes entre ellos el llamado “informe Navajas” que narraban como desde los aparatos del estado favorecían esas actividades. Hoy en día está pasando lo mismo, otras sustancias, otros métodos otras maneras…..que conducen a las personas a una adicción que les anula y les lleva a la inacción por desesperación. Las casas de apuestas son un modo perverso, una herramienta mas del sistema para mantener a la juventud adormecida y engañada con una falsa promesa de felicidad que en un principio sería a cambio de pequeñas cantidades de dinero y que al final te llevan a una perdida del control sobre a uno mismo.

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Hoy a las 17:00 en el parque de La Casilla vamos a estar en la pancarta junto a otras organizaciones sociales en demanda del reagrupamiento de personas presas vascas en cárceles de Euskal Herria. Por primera vez vamos a estar de pleno derecho y condición reivindicando el fin de la dispersión y de la política penitenciaria causante del sufrimiento añadido de personas que independientemente del motivo que les ha llevado a la cárcel, tienen unos derechos de los que han sido despojados con el fin de quebrar su ánimo y de aumentar el carácter punitivo de la pena

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Nuestra clara oposición a estos modelos de aperturas de comercios abiertos de sol a sol, que lejos de favorecer el sector comercial, explota y flexibiliza las jornadas laborales de las/os trabajadoras/ es. Se basan en la necesidad de algunas personas y de la precariedad existente en el sector para instaurar tiendas abiertas los 365 días del año o con ampliaciones de horarios de 08:00 de la mañana a 23:00 de la noche.
Destruyen el pequeño comercio de barrios y pueblos que no pertenece a multinacionales y grandes marcas y en consecuencia, destruyen empleo en el sector, enriqueciendo solo a los/as propietarios/as de las grandes cadenas.

Irekiera mugagabedunen komertzio modelo hauen erabat kontra gaude, merkataritza sektorea bultzatu ordez, langileon jornadak flexibilizatu eta esplotatzen gaituzte. Langile batzuen beharrizanaz eta prekarietateaz baliatzen dira 365 egun irekiak dauden dendak ezarri edo goizeko 08:00tatik gaueko 23:00ak arte ordutegien handitzeak ezartzeko.
Auzo eta herrietako merkataritza eta ondorioz sektoreko enplegua suntsitzen dute, soilik kate handietako jabeak aberastuz.

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El suicidio hoy lunes de Alicia, mujer de 65 años, cuando la comitiva judicial iba a desahuciarla por impagos de alquiler en Madrid  hemos de denunciar públicamente la vulneración sistemática y flagrante de los derechos humanos en el estado español, y mas concretamente del DICTAMEN DE NACIONES UNIDAS DE JULIO 2017 que considera una violación grave del derecho fundamental a la vivienda cualquier desalojo forzoso de personas vulnerables sin que previamente se garantice una alternativa habitacional adecuada.

Ya estamos hartxs de denunciar casos en los cuales los juzgados no detectan los casos vulnerables en los procedimientos por desahucios, en los que no se solicita de los servicios sociales de los ayuntamientos el informe y la alternativa habitacional correspondiente, y en los que se decreta el desahucio sin miramientos, en muchos casos con personas mayores, como es el caso, y de menores involucrados.

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