Estado

La CGT solicitó en 2014 el establecimiento de coeficientes reductores en la edad de jubilación para las personas trabajadoras que han estado o están en contacto con el amianto así como en el sector del hierro colado conforme a la ley General de la Seguridad Social a través del RD 1698/2011 que así lo permite.

Todo ello, teniendo en cuenta que son actividades laborales con un índice muy elevado de enfermedades (profesionales o no) y de mortalidad, así mismo son sectores donde los requerimientos físicos y psíquicos exigidos para su desempeño, resultan de excepcional penosidad y experimentan un incremento notable del índice de siniestralidad a partir de una determinada edad, tal y como acreditó la CGT en sus escritos de solicitud.

Se ha de señalar como punto previo que desde la entrada en vigor del RD 1698/2011 que establece el procedimiento para adelantar la edad de jubilación en sectores con un especial índice de mortalidad y morbilidad, no se ha aprobado ninguno, con lo que el citado RD está siendo papel mojado.

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A partir de los años 70, en este capitalismo liberal, se lleva a cabo  la desposesión de los servicios esenciales para la comunidad, a través de su mercantilización y las privatizaciones de las empresas públicas, para ser convertidos en negocio.

La Unión €uropea liberalizó el mercado de los servicios y no reconoce claramente los servicios que son de interés general, no comerciales.

Los tratados transatlánticos sobre inversiones y comercio (CETA, TTIP, TISA, etc…), amplifican la liberalización en base a tres premisas fundamentales: la desregulación, la eliminación de cualquier límite al “libre comercio” (derechos sociales, derechos laborales, límites medioambientales, límites fiscales, etc…) y la priorización de seguridad jurídica del inversor por encima de cualquier norma y derecho de los estados.

En el estado español, con los gobiernos del PSOE (años 80 y 90) y, a posteriori,  (años 90 y 2000) con los gobiernos del PP, se entregaron al mercado privado la mayoría de las Empresas Públicas (Astilleros, Aluminio, Hierro, Automoción, Turismo, Autopistas, Electrónica, papel,) y se externalizaron Servicios Públicos que son esenciales para la Vida: Energía (petróleo, electricidad, gas….), Comunicación, Transportes por tierra mar y aire, conciertos sanitarios o educativos, etc…

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El Gobierno de Mariano Rajoy continúa allanando el camino al polémico tratado comercial entre la UE y Canadá, CETA. El Consejo de Ministros ha aprobado el viernes día 24 de Marzo su remisión a las Cortes Generales para que Congreso y Senado puedan someter a votación el texto durante las próximas semanas.

Las declaraciones de su portavoz, el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, hacen pensar que el Gobierno mantendrá este rumbo, recordando que supondrá la eliminación del 98% de los aranceles al comercio entre la UE y Canadá. “El Gobierno de España es favorable a su ratificación”, insistía.

Sin embargo, y como suele ser habitual en los portavoces del Ejecutivo, Méndez de Vigo ha obviado los riesgos del criticado acuerdo, y tampoco ha aportado cifras o datos que sustenten el mensaje de que su entrada en vigor será efectivamente positiva para los europeos.

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Hemos asistido el jueves día 23, al último acto del teatrillo que vienen montando CCOO-UGT. Finalmente, UGT ha adoptado las posiciones de CCOO y también se “baja los pantalones”, por decirlo gráficamente.

La propuesta conjunta de CCOO-UGT ha sido la siguiente: GARANTIZAR LA PÉRDIDA DE PODER ADQUISITIVO. Concretamos su propuesta: 2015 incremento del 0%, 2016 incremento del 0%, 2017 incremento del 1,6% (que es el IPC vencido del año anterior), y para los años 2018 (IPC del año 2017) y 2019 (IPC del año 2018). Y sin concretar que aceptarían… “algo más”.

Es decir, que seremos los trabajadores y las trabajadoras del Telemarketing quienes adelantaremos ese dinero a las empresas con nuevos esfuerzos, ya que no pretenden ni tan siquiera que cada año se cobre, con efecto retroactivo, el IPC real de cada uno de los años. Por ejemplo, en 2017 llevamos acumulado un IPC del 3% y la subida propuesta es 1,6%, por tanto si a final de año se mantiene ese 3% de IPC, habremos perdido un 1,4% de poder adquisitivo. Por lo demás, tod@s l@s trabajador@s que abandonen las empresas perderán el IPC ya que no existirán reajustes a final de año ni pagos de atrasos de ningún tipo. Una vergüenza.

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La llaman economía cooperativa cuando es una “economía capitalista rentista“. Este modelo de negocio de las plataformas digitales, vinculado a empresas en su mayoría de EE.UU., actúan desde paraísos fiscales aprovechando el vacío regulatorio a nivel laboral y fiscal, para acumular enormes cantidades de dinero, sin exponer nada y sin pagar impuestos, produciendo enormes daños en los sectores que operan, donde las personas usuarias acceden a unos servicios más baratos actuando son cómplices si darse cuenta.

Estas plataformas de falsa “Economía Colaborativa”, en realidad son empresas basadas en internet, que mediante una aplicaciones conecta a propietarios de coches (Uber) o de apartamentos turísticos (Airbnb) con clientes, facilitando el transporte barato y el alojamiento.

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El domingo 26 de marzo se cumplen dos años desde que se aprobaron las Leyes Mordaza. Dos años desde que nuestros derechos y libertades fueron recortados apoyándose en justificaciones falsas. Pero nosotras seguiremos luchando para lograr que las Leyes Mordaza sean derogadas y en base a una legislación garantista que respete los derechos de todas. No queremos ni Leyes Mordazas maquilladas, Ni Leyes de la patada con mordazas.

El Partido Popular en minoría ha sufrido el martes una nueva derrota en el Congreso con la votación de sendas proposiciones de ley para reformar la “Ley Mordaza”. Por tarde se votaban dos iniciativas y las dos han salido adelante. La primera del PSOE consideraba imprescindible eliminar de la ley todos aquellos aspectos que considera inconstitucionales.

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Más de dos años sin convenio. Más de dos años (más los cuatro del anterior convenio) perdiendo dinero. Una patronal que está enrocada y que se siente cómoda cuando los sindicatos mayoritarios del sector (CCOO-UGT) deciden sorpresivamente abandonar las movilizaciones. ¿Tiene sentido lo que están haciendo?

Después de dos jornadas de huelga conjuntas, valoradas positivamente por todos los convocantes, después de obtener la atención de medios de comunicación y opinión pública, después de que las empresas del sector hayan pagado la publicidad negativa por ser identificadas como máquinas de precariedad; pues sí, después de todo esto, no sólo se han descolgado de la lucha sino que incluso, en el caso de CCOO de forma explicita, han aceptado que nuestro salario, durante el próximo convenio, pierda nuevamente poder adquisitivo.

Con buenos modales y pidiendo por favor las cosas no se ha conseguido nada en la historia de la lucha obrera. Por eso, ante una patronal que ha apostado por recortes desde el principio de la negociación, la lucha es el único camino.

Hemos intentado por activa y por pasiva que esta movilización fuera de forma conjunta. CCOO-UGT ni siquiera se han dignado a contestarnos, y entendemos que es una responsabilidad con todas las personas que trabajan en el sector. Abandonar la lucha a mitad del camino y sin explicación alguna.

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La intención del Ejecutivo es que sea votado en Congreso y Senado antes de verano, y cuenta con el apoyo de PP, PSOE , PNV y Ciudadanos que votaron a favor en la Eurocámara el día 15 de Febrero. En la ratificación del tratado comercial entre la Unión Europea y Canadá (CETA) no caben enmiendas por lo que el proceso será corto.

Podemos, IU, Equo, ERC, Bildu y las confluencias encuadradas dentro de Unidos Podemos, votaron en contra del tratado en la Eurocámara posicionado en contra del acuerdo, y en muchos casos han cargado contra la posición del PSOE, que se escuda en que este acuerdo comercial es positivo en su conjunto, a diferencia de su “gemelo” estadounidense, el TTIP.

El CETA entrará en vigor provisional esta misma primavera, a la espera de que los parlamentos estatales den luz verde a su aplicación definitiva. Por lo cual las organizaciones sociales, ambientales y sindicatos plantean que hay que seguir luchando para que el CETA sea conocido por la población y sea bloqueado en parlamentos estatales ya que basta con un único parlamento nacional de los 27 de la Unión Europea rechace el CETA, para que el acuerdo sea suspendido.

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Hace pocas fechas, en la sección de economía del diario EL PAÍS, se podía leer un artículo (http://economia.elpais.com/economia/2017/02/05/actualidad/1486315701_239211.html) en el que, amparándose en datos aportados por la consultora ICSA Group y en ambiguas declaraciones de altos cargos de CCOO y UGT, llegaba a la conclusión que “El personal del sector financiero es el mejor pagado de España”. 

En vista de que en ese periódico se nos presenta a los trabajadores y trabajadoras de banca (extensible a las plantillas del sector financiero) como unos “privilegiados”, hasta el punto de afirmar que, a los empleados de menor nivel salarial se nos aplican subidas porcentuales mayores (4,4% en 2016) que a la élite directiva bancaria (3,9% en 2016), desde CGT creemos oportuno realizar algunas consideraciones, ante la poca rigurosidad y falta de fundamento de esta noticia.

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En el decimosexto programa de Rojo y Negro Lucha se incluyen reportajes de los siguientes conflictos: Mercadona: Despidos con acusaciones falsas de robo. Amianto en la Tesorería General de la Seguridad Social. Movilizaciones por la Enseñanza en Calalunya.

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Miles de personas han recorrido las calles de el país para mostrar su rechazo al Pacto de Toledo, para reclamar “pensiones justas y dignas”, para pedir un trabajo estable y salarios dignos y la derogación de la reforma laboral.

En Madrid el recorrido se ha iniciado en la calle Atocha y ha finalizado en la Puerta de Sol. Esta movilización ha tenido como objetivo pedir que las pensiones sean garantizadas por los Presupuestos Generales del Estado, exigir que se establezca una pensión mínima de 1080 euros al mes por 14 pagas, pedir que se derogue la reforma de las pensiones, y defender los servicios públicos.

En Barcelona ha logrado reunir a centenares de personas de distintos colectivos en defensa de los servicios públicos, el sistema de pensiones público y el trabajo digno en el centro de la ciudad. La manifestación ha recuperado el espíritu transversal de las luchas de las Marchas de la Dignidad, agrupando las demandas en defensa de la sanidad pública (Marea Blanca), de la educación pública, por un salario digno, a favor de una renta garantizada, contra las privatizaciones, el sometimiento a la deuda, a favor de los derechos de los inmigrantes, entre otras.

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La Confederación General del Trabajo (CGT) informa de que el pasado 16 de octubre Atento comunicó a la plantilla que, debido a la decisión de su cliente Movistar de reducir el horario de atención al cliente de 9 a 22 horas (en lugar del horario anterior, de 8 a 24 horas), se iniciaba un proceso de modificación sustancial de las condiciones de trabajo –MSCT- de carácter colectivo, por causas organizativas y productivas, con más de 1.000 trabajadoras y trabajadores afectados.

El pertinente período de negociación con la representación de los trabajadores (de una comisión de 13 miembros la CGT contaba con tres) finalizó sin acuerdo y los trabajadores sufrieron otra grave agresión a sus derechos viendo cómo Atento y Movistar partía la vida a más de 1000 personas impune e innecesariamente, modificando turnos, horarios y libranzas y reduciendo todavía más su ingrato salario; además, las empresas vulneraron los derechos de conciliación laboral y familiar y protección de la infancia de las personas con reducciones de jornada por guarda legal, que tuvieron que someterse a los cambios empresariales impuestos. La brutal medida tuvo, además, la consecuencia de que 107 personas no pudieron hacer frente  los cambios de turno impuestos y tuvieron que extinguir su contrato de trabajo.

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La actividad bancaria es necesaria y esencial para asegurar el ahorro, gestionar los pagos y cobros, facilitar el consumo de las personas y de las familias, ayudar, por ejemplo, a la inversión de las PYMES y familias o financiar la vivienda social en alquiler. El Estado debe garantizar esos derechos económicos a través de la Banca Pública y evitar la exclusión financiera.

Así cómo defendemos la Sanidad y la Educación Públicas, la atención a la Dependencia, los Servicios Sociales, el Transporte Público, las Pensiones y todos los derechos ciudadanos conquistados que obligan a las instituciones, exigimos la creación de una Banca Pública. Lo público es de todos, es lo que tiene garantizado el ciudadano de a pie desde que nace.

Los bancos públicos deben tener orientación social, y lo hacen con mayores garantías. Por el contrario, los bancos privados tienen la finalidad de repartir las mayores ganancias en el menor tiempo posible a los accionistas. En el negocio bancario la confianza es fundamental. Los ciudadanos confían en disponer del dinero depositado en sus cuentas aun cuando saben que el banco lo presta.

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Asociaciones de pensionistas de Asturias, Galicia, Catalunya, Madrid, Murcia, Pais Valencià, Andalucía y Baleares, el martes, día 8 de febrero se manifestarán frente a los parlamentos autonómicos de estas comunidades en protesta por el saqueo por el PP del Fondo de Reserva de las Pensiones y  la perdida  en 2016 del 1,35% del  poder adquisitivo y harán entrega del documento elaborado  por la Coordinadora Estatal en defensa de las pensiones públicas, en la que participa la CGT.

Las reivindicaciones fundamentales que se plantean en documento elaborado por la Coordinadora estatal son las siguientes: Derogación de las dos últimas reformas de la seguridad social del PSOE y del PP. •Establecer la pensión mínima de jubilación en: 1080 €/mes. •Restablecer la jubilación ordinaria a los 65 años. •Integración de los Regímenes especiales y no segregar las pensiones de viudedad y orfandad del Régimen General. • Que el Presupuesto de la Seguridad Social forme parte, sin ninguna distinción, de los Presupuestos Generales del Estado. •Revalorización automática de las pensiones en relación al IPC.

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El oligopolio energético español está formado por Iberdrola, Endesa y Gas Natural-Fenosa, producen el 90% de la energía que suministra España y el precio es el tercero más caro de los países de la zona europea. En los años de la crisis han ganado 56.000 millones de euros, más de 5.000 millones al año.

Estas empresas eléctricas gracias a sus relaciones con el poder político a través de las puertas giratorias  (dentro de los consejos de administración de estas empresas han estado y están políticos de primera fila como Aznar, Felipe González, Elena Salgado, Pedro Solbes, Acebes, etc.), han conseguido que la legislación se adapte a la consecución de grandes beneficios. No se sabe cuánto cuesta  producir la electricidad suministrada, se niegan a que sean auditados los costes de producción, se niegan al aumento de las energías renovables y el gobierno, ya sea de PP o del PSOE, no los obliga.

El importe de la factura de electricidad viene determinado por los costes de producción, los costes regulados y los impuestos aplicados.

LOS COSTES DE PRODUCCIÓN (entorno al 30% de la factura). Se determinan en  un mercado mayorista al que acuden los productores de energía y los grandes compradores: grandes empresas muy demandantes de energía (Arcelor, Renfe, industrias químicas). Las plantas de generación informan para cada hora del día siguiente de la energía eléctrica que pueden ofrecer y el precio que quieren cobrar por ella, y las distintas ofertas se ordenan en función del precio, primero las más baratas y al final las más caras.

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